Opinión

El gobierno Sánchez mantendrá su política hacia Marruecos y Argelia

Pedro Sánchez y Mohamed VI

Uno de los temas que ha suscitado más interrogantes durante las campañas electorales y la negociación para formar el primer gobierno de coalición de izquierdas desde la II República, ha sido la de la futura política del Ejecutivo español hacia los dos países magrebíes, Marruecos y Argelia. 

El gobierno de Pedro Sánchez ha hecho llegar por diferentes canales a las Autoridades de Rabat y Argel, que la política bilateral que mantendrá con los dos vecinos meridionales se mantendrá intacta: el Tratado de Amistad y Cooperación con Marruecos de 1992, y el Tratado de Cooperación con Argelia de 2002, así como sus posteriores enriquecimientos y extensiones a otros campos de la actividad bilateral, se mantendrán en vigor. 

En estos dos últimos años se había extendido la preocupación de que la hipotética entrada del movimiento de izquierda radical Podemos en el Gobierno, hoy hecho realidad, iba a suponer una revisión de la política española hacia sus dos vecinos del sur. La insistencia del heterogéneo agrupamiento político dirigido por Pablo Iglesias, sobre la premisa de incondicionalidad del respeto a los derechos humanos y libertades en la definición de la política bilateral de España con cualquier país, así como en la firma de macro-contratos económicos y acuerdos financieros por parte del Estado español o de las empresas públicas con los mismos, colgaba una espada de Damocles sobre las relaciones entre Madrid, Rabat y Argel. Es más, los medios de comunicación y las redes sociales afines al movimiento Podemos, no escatimaban críticas abiertas a los regímenes de Marruecos y Argelia, al primero por su carácter de “monarquía ejecutiva absolutista”, y al segundo por su “militarismo”, ambos, sostienen, contrarios al Estado de derecho y de libertades. 

En sus arengas electorales, Pablo Iglesias llegó a proponer la creación de una “estructura” dentro de la Administración gubernamental, con apéndices en todos los ministerios, incluidos Interior, Defensa y Asuntos Exteriores, encargada de vigilar el respeto a los derechos humanos y las libertades, estructura por supuesto en manos de su grupo.

Para aumentar más la presión y la incertidumbre sobre el futuro de las relaciones entre España y Marruecos, el movimiento Podemos metió en la ecuación el problema del Sahara Occidental. Mientras que el PSOE en su campaña electoral se mostró con cierta ambigüedad, apoyando las Resoluciones de Naciones Unidas y una solución al conflicto basada en el diálogo y el compromiso, aunque añadiendo el derecho a la autodeterminación posiblemente por motivos electorales más que por cuestión de principios, Podemos fue rotundo, llegando a escribir en su programa electoral que “si llegamos al gobierno, plantearemos el reconocimiento de la República Árabe Saharaui Democrática”. Esta afirmación encendió todas las alarmas, porque de llevarse a cabo suponía abrir una crisis puntual con Marruecos, que podía transformarse en un cuestionamiento total de las relaciones.  

Así las cosas, el gobierno de Pedro Sánchez, aun en funciones, se encargó de calmar las inquietudes de sus vecinos. Con Argelia, se trataba de reafirmar que el Ejecutivo español no se injiere en los asuntos internos argelinos, que respeta a sus interlocutores institucionales, y que los grandes contratos en el sector de los hidrocarburos, infraestructuras o transportes, no se verán afectados por la posición crítica que el socio de Gobierno, Podemos, tenga sobre la falta de libertades en Argelia, sobre las detenciones arbitrarias o sobre el encarcelamiento de periodistas. España será  leal a los acuerdos, al Tratado de Amistad y Cooperación bilateral, cualquiera sea la solución interna a la que los propios argelinos lleguen para superar esta etapa crítica de su historia. 

Con Marruecos la cuestión se planteaba en términos similares, con el agravante del conflicto del Sahara, y del clamoroso apoyo de Podemos al Frente Polisario. Las misivas de Pedro Sánchez al Gobierno marroquí han sido claras: una cosa es el Gobierno de la nación, y otra los partidos políticos. Desde el Ejecutivo se mantendrán íntegras las relaciones estratégicas privilegiadas con el Reino de Marruecos. En cuanto al movimiento Podemos, es previsible que participen en diversas algarabías y que traten de mantener y aumentar la “solidaridad” activa con el Polisario, aun a sabiendas de las incongruencias de la misma. Las confluencias de Podemos mueven decenas de miles de euros para “formar” cuadros de una Administración de un estado que no existe como tal; enfermeros y médicos, de hospitales que no existen en sentido estricto, salvo cuatro o cinco centros de salud con algunos departamentos, como pediatría, ginecología, medicina familiar y oftalmología. 

La política exterior del nuevo Gobierno, estará en manos de la Presidencia, controlada por Pedro Sánchez y posiblemente encuadrada en las prerrogativas de la vicepresidenta Carmen Calvo. La nueva ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, tendrá funciones de gestión en las cuestiones políticas, aunque dispondrá de un amplio margen en las económicas. De cualquier manera, los ministros de Podemos, incluido Pablo Iglesias, no tendrán ni voto, ni veto en cuestiones de política exterior.