El Polisario y Brahim Ghali como problemas
El 16 de febrero las asociaciones de víctimas del terrorismo de España pidieron, en un comunicado, a los grupos parlamentarios en el Congreso de los Diputados parar de inmediato la proposición de Ley sobre “concesión de nacionalidad española a los saharauis nacidos bajo la soberanía española” presentada por “Unidas Podemos UP, EH Bildu y Nueva Canarias”. Mediante esa proposición se permite “otorgar a los dirigentes del Frente Polisario y descendientes saharauis, - como es el caso del presidente sanguinario Brahim Ghali-, pensiones vitalicias a cargo de los presupuestos y erario público de los españoles."
Es lamentable que en el comunicado haya confusión y amalgama entre el pueblo del antiguo Sáhara español y el nefasto grupo político militar, implicado en acciones de piratería y de terrorismo, llamado Frente Polisario, que pretende en falso ser el representante único de la población saharaui.
Es totalmente comprensible la profunda indignación y la repulsa expresadas por las Asociaciones de Víctimas del Terrorismo de España y muy en especial ACAVITE, la Asociación Canaria de Víctimas del Terrorismo, que representa a víctimas de la piratería y terrorismo cometidos por el Polisario. Además, el actual secretario general Brahim Ghali es considerado el principal responsable; quien planeaba y ordenaba esos actos terroristas y de piratería en su calidad de “ministro de Defensa”, cargo que ocupaba dentro de esa organización político militar armada por el régimen militar de Argel y Libia de Gadafi.
Los saharauis no tienen nada que ver con la organización del Polisario ni es justo endosarles la responsabilidad por los criminales y crueles actos cometidos por una organización político militar creada por el régimen del canalla Gadafi de Libia y el de Boumedian de Argelia. Es injusto hacer amalgama entre una población pacífica y una organización terrorista. La población saharaui en su inmensa mayoría se encuentra en su tierra, en el antiguo Sáhara español o el actual Sáhara Occidental marroquí, ejerciendo su vida normal. Otra cosa diferente es la organización político-militar del Polisario y su pseudo república, instalados en territorio argelino y bajo soberanía de Argelia, y controlan los campamentos de Tinduf bajo auspicios de la trama militar de Argel. Campamentos donde mal vive miserablemente una parte de la población saharaui, sufriendo a diario, junto a otros saharauis oriundos y otros procedentes de otras regiones del Gran Sáhara, como Mauritania o Mali. Sobre esta inhóspita localidad, el régimen militar de Argel - quien asaltó el poder en Argelia - instaló sobre su territorio, bajo su soberanía, su responsabilidad y su control a las bandas del Polisario, junto con su virtual república “RASD”, presentando a los habitantes de estos campamentos como un “pueblo saharaui”. (1)
Por ello, sin entrar en la valoración de la proposición de Ley en su conjunto, presentada en el Congreso de los Diputados y que las Asociaciones de Víctimas del Terrorismo de España rechazan, me limitaré a resaltar, en primer lugar, como cuestión previa, una deficiencia en el texto de la proposición que crea precisamente la confusión entre el pueblo del Sáhara Occidental y el Frente Polisario. Una grave confusión de suficiente calado para que constituya motivo de indignación, alarma y rechazo, no solo para las Asociaciones de Víctimas del Terrorismo de España, sino para la misma población saharaui que vive en el territorio y motivo también para abrir un nuevo conflicto con Marruecos.
Me refiero al artículo 2 de la mencionada proposición de Ley que realmente es alarmante. El artículo se refiere a los medios probatorios de la condición de saharaui, nacido antes del 26 de febrero de 1976 en el antiguo Sáhara español. Hace referencia en la letra A) al documento Nacional de Identidad español, que, aunque se encuentre caducado, es medio de prueba, mientras en la letra B) se refiere como medio de prueba al certificado de inscripción en el censo para el Referéndum del Sáhara Occidental expedido por Naciones Unidas. Pero en la letra C) dice: “Certificado de nacimiento expedido por las autoridades saharauis de los campamentos de refugiados en Tinduf y legalizado por la Representación del Frente Polisario en España”.
La localidad saharaui de Tinduf, al que hace referencia el texto, es un territorio argelino y, por ello, la única autoridad local saharaui en esa localidad, incluidos los campos de refugiados, son las autoridades argelinas y el derecho internacional público es claro al respecto.
Por otra parte, con esta iniciativa se está reconociendo tácitamente a la RASD y otorgando a sus representantes en Madrid prerrogativas y funciones que entran materia del derecho diplomático y consular, que el Convenio de Viena del 18 de abril 1961, sobre Relaciones Diplomáticas, y la Convención de Viena del 24 de abril de 1963, sobre Relaciones Consulares, reglamentan.
Además, la letra C del artículo 2 de la proposición de Ley, no solamente se salta las normas del derecho internacional, sino además pasa por alto la implicación del Polisario en actividades terroristas, estando entre sus víctimas centenares de españoles. Algunas víctimas del terrorismo han sido condecoradas de manera póstuma y sus nombres se encuentran publicados en el BOE, mientras otras sus familias aún no tienen concedidas las pensiones destinadas a víctima, como bien resalta la presidenta de ACAVITE, Lucía Jiménez, en el mencionado escrito.
Las “autoridades saharauis de los campamentos de refugiados en Tinduf”, a las que hace referencia el mencionado artículo, son “autoridades” ubicadas en una localidad argelina y bajo soberanía argelina, desde donde salían los grupos terroristas del Polisario para cometer sus actos de piratería y de terrorismo contra personas y bienes de nacionalidad española. Como también, a la misma localidad volvían con el botín compuesto por rehenes secuestrados tras hundir sus barcos y asesinar a sus compañeros. Ni Argelia, la principal responsable, ni su Polisario pidieron hasta hoy día perdón, ni manifestaron arrepentimiento, ni mostraron voluntad de indemnizar y reparar el daño cometido por sus actos terroristas. ¿A estos se pretende confiar la potestad de extender certificados veraces y creíbles?
No es de recibo esta confianza fuera de lugar y se entiende el enfado y la repulsa de las asociaciones de las víctimas del terrorismo, que se oponen a esta propuesta ley. También, y es lo peor, la inminente reacción de Marruecos ante éste tácito reconocimiento torcido y alambicado de la autoridad del Polisario y la RASD. No me imagino cómo se puede en el futuro solicitar a Marruecos su cooperación en materia del terrorismo, cuando nuestra posición en esta sensible materia del terrorismo es a la carta. Una conducta selectiva en la que se consideran terroristas a ETA, GRAPO, IMPAYAC, Integrismo Islamista y solo se excluye el terrorismo del Frente Polisario.
El Polisario, desde su nacimiento, el 10 de mayo 1975, es esencialmente antiespañol y en su manifiesto fundacional declara que “opta por la violencia revolucionaria y la lucha armada” con el objetivo de separarse de España. Sus primeras operaciones bélicas fueron dirigidas contra miembros del Ejército español y los primeros actos terroristas han sido contra inocentes ciudadanos españoles.
El máximo responsable de este terrorismo es el actual secretario general quien se dice llamar Brahim Ghali, y que dispone también de otros nombres y apellidos. Posee múltiples entidades y varios pasaportes, con diferentes fechas de nacimiento y lugares distintos de nacimiento. Características muy propias de las bandas armadas y delincuentes dedicados al crimen organizado y al terrorismo. Esta circunstancia quedó evidente al contagiarse este sujeto con la COVID, entrando fraudulentamente en España con pasaporte diplomático falsificado, con la falsa identidad argelina de Ben Betouch, silenciando su nacionalidad española recuperada en el año 2004 y mantenida en secreto. Porque ser español es incompatible con la condición de que pretende la trama militar de Argel darle para presentarle ante la opinión internacional, la de un presidente soberano de su RASD, con capital en territorio argelino. Pero el oportunismo de Ghali, y como medida cautelar, tenía su plan B, el de llevar en su manga y en secreto la nacionalidad española que libremente repudió y volvió a recuperar en desconocidas circunstancias.
Sin entrar en el resto del texto de la proposición de la Ley, estamos realmente ante una chapuza de gran envergadura que plantea más problemas que soluciones.
(1) El rigor jurídico de la ONU evita utilizar en sus documentos la expresión “pueblo saharaui” que utilizan los medios afines a Argelia y su Polisario. En su lugar, utiliza la expresión “población del Sáhara Occidental” o “pueblo del Sáhara Occidental”. El secretario general lo dejó claro en un documento dirigido a Argelia. Ver informe de la ONU S/2001/613 (Anexo III. Análisis del memorando de Argelia. Punto 6)