Ensoñaciones geopolíticas catalano-rusas
A diferencia de otras ocasiones la Embajada de Rusia en España ha preferido hacer mofa y befa del presunto ofrecimiento en 2017 al entonces presidente catalán, Carles Puigdemont, de 10.000 soldados y la cancelación de toda su deuda para lograr la separación de Cataluña de España. Una salida que la legación pretende desmentir, así sea oficiosamente mediante la ridiculización, de la presunta injerencia rusa en una cuestión que la Unión Europea ha calificado reiteradamente de “asunto interno” de España.
No lo ve así el magistrado Joaquín Aguirre, titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona, cuyas investigaciones se han saldado de momento con 31 registros en diversos municipios de Gerona y Barcelona y la detención de 21 personas, entre ellas varios dirigentes políticos y empresarios abiertamente separatistas, como Xavier Vendrell (ERC), Víctor Terradellas y David Madí, ambos de CDC, y Oriol Soler, empresario de medios de comunicación, todos ellos generosamente regados con subvenciones de la Generalidad de Cataluña y abiertamente al servicio del proceso independentista. Todas las pesquisas, efectuadas por la Guardia Civil, se han agrupado bajo la denominación de Operación Volhov, el nombre de la primera batalla librada por la División Azul en suelo ruso el 12 de octubre de 1941, saldada entonces con la victoria de los divisionarios españoles.
Pese a la hilaridad que el asunto parece haber despertado en el embajador Yuri Korchegin, los contactos catalano-rusos parecen estar comprobados aunque, como en toda trama de traiciones y espionaje, cada interlocutor saca sus propias conclusiones, la mayoría de las veces nula o escasamente coincidentes.
No es ninguna novedad que la Rusia del presidente Vladímir Putin dio en 2014 un paso decisivo en la transgresión del Derecho Internacional al arrebatar a Ucrania y anexionarse la península de Crimea, operación que provocó la consiguiente oleada de sanciones y la creciente desconfianza de la Unión Europea hacia Moscú. Según el auto del juez Aguirre, el empresario Oriol Soler habría viajado a San Petersburgo el 5 de junio de 2017, portando el mensaje de Puigdemont, según el cual una Cataluña independiente reconocería de inmediato a la Crimea anexionada por Rusia.
Sería una ensoñación, tal y como reza la sentencia del Tribunal Supremo que condena a los principales artífices del “procés”, pero hay numerosas evidencias de que Rusia juega a la desestabilización de otros países y regiones como parte de su estrategia global de recuperación de su papel de gran potencia. Que conseguir bases permanentes en el Mediterráneo es una de sus ambiciones más claras está fuera de duda, y que si tuviera una en la zona más occidental del Mare Nostrum ello equivaldría a quemar varias etapas en esas aspiraciones de recobrar grandezas imperiales.
Sin embargo, es harto improbable que la UE, la OTAN y, por supuesto, Estados Unidos, hubieran permitido que tales deseos o ensoñaciones hubieran traspasado el umbral de su virtualidad. En cambio, no es tan descabellado considerar que si Moscú hubiera querido ir más lejos con Puigdemont y sus secuaces, España se habría visto arrastrada toda ella a un episodio más dramático que una alteración del orden público, por grave y persistente que fuera.
Habrá que ver hasta dónde llegaron aquellas conversaciones catalano-rusas. Abundando en la ridiculización, dice la Embajada en Madrid que a la supuesta oferta de enviar 10.000 soldados le faltan dos ceros, y que también habría que contar con los “Chato” y “Mosca” –aviones que Rusia puso al servicio de la II República en la Guerra Civil española-, escondidos en algún lugar de Cataluña. Menos risa merecen en cambio las supuestas negociaciones para adoptar “criptomonedas a la catalana” para zanjar su deuda pública, y convertir a la futura nueva república en una “nueva Suiza”. El tenor de las conversaciones interceptadas a los ahora detenidos, aunque quepa calificarlas de delirios, parece que mostraban un inequívoco convencimiento en el éxito de su proyecto.
Eso sí, la supuesta épica de la operación queda empañada, a tenor del auto del juez Aguirre, por la grosera e incluso grotesca corrupción que emana de las muchas otras andanzas de los encausados, y que apuntan a que la trama urdida por Puigdemont y sus secuaces tenía como fin primordial asegurarse los fondos necesarios para disfrutar de una vida privilegiada, sin sobresaltos y bien enmarcada por un relato pleno de acciones heroicas. Y es que incluso los mayores delincuentes, además de vivir a cuerpo de rey, aspiran a ocupar un sitio de honor en la historia.