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Opinión

España comienza su Iberexit de vuelta a la autarquía energética

Sector eléctrico

Asistimos a la paradoja de que el Gobierno más radical de izquierdas, como define la derecha española al Ejecutivo de Sánchez, va camino de repetir las mismas fórmulas económicas de Francisco Franco: la autarquía. España busca en Europa la excepcionalidad, el autoabastecimiento al margen de las reglas que los socios de la UE se han dado. Desde centro y norte de Europa ven la decisión de la península ibérica de salirse de la reglamentación energética común con cierto recelo. Entienden que es una forma ventajista de tomar lo que más le conviene de los organismos comunes y buscar la excepcionalidad cuando la cosa no le conviene. Es lo que han empezado a definirse como el ‘Iberexit’.

Los parámetros en los que se mueve en el nuevo decreto aprobado el martes en el Consejo de Ministros convierte a las eléctricas en las ‘paganinis’ de la fiesta mientras las gasistas, las auténticamente responsables del desajuste de los mercados interiores y de la competitividad salen airosas.

Los dos años de crisis motivada por la pandemia dio como resultado la aceleración de la economía desde el verano pasado lo que hizo que disparase la demanda y, casualmente, los precios de la energía se disparasen. Pero ¿cuáles? Concretamente, los de las gasistas y las petroleras. Basta con echar un ojo a sus cuentas de resultados para comprobarlo que cerraron el pasado ejercicio con cifras récord.

Este suflé de precios de los combustibles fósiles se ha trasladado a toda la sociedad y, obviamente, a los mercados y a la industria dependiente. Las eléctricas, por ejemplo, que necesitan el gas para complementar su generación han visto como su ‘producto’ se encarecía. Y ha sido, precisamente, la amplia demandad de electricidad por su integración en los hogares, lo que han aprovechado las gasistas y petroleras para señalar a los productores de energías limpias.

Concretamente, han conseguido implantar el discurso de que las eléctricas se han llenado los bolsillos a los denominados ‘beneficios caídos del cielo’. Básicamente, se trataría de que cobran de la hora al precio más alto que se utiliza en la generación. Esto se basa en que cada sistema de producción (renovables, ciclos combinados y nuclear) se vende a un valor diferente. Pero conviene bajar al terreno para para pasar las cifras a limpio.

Los datos son muy claros. El negocio aparece al comparar el coste del gas que llega de fuera de nuestras fronteras con cómo se ofertó en el mercado diario del gas Mibgas. Porque, claro, ese es el precio de referencia para las centrales de ciclo combinado que producen electricidad. En septiembre pasado, la cifra fue de 25 euros/MWh de media, pero se ofertó a 65, un 160% por encima, según los datos de la Asociación de Empresas de Energía Eléctrica (Aelec).

Por lo tanto, si los gasistas rebajan los márgenes de beneficio la repercusión en las facturas energéticas de los ciudadanos es inmediata y no haría falta intervenir el mercado. 

El Gobierno ha optado por intermediar, que es por lo que los países europeos le han puesto la etiqueta a España y Portugal de hacerse un ‘Iberexit’.

Llama la atención esta toma de posición del Ejecutivo español contra las eléctricas cuando, además, el 80% de la energía que produce está ya cerrada, en contratos fijos a largo plazo. De hecho, están indexados al petróleo Brent y al índice Henry Hub estadounidense a entre 35 y 40 euros/MWh. Por el contrario, las gasistas ofrecen en el mercado Mibgas a no menos de 100 euros/MWh lo que hace que las centrales de ciclo combinado encarezcan después la electricidad. Y es que, son estas centrales la que fijan el precio en el mercado marginalista.

Por lo tanto, las cuentas están claras, por lo que no se entiende la insistencia del Gobierno en penalizar a las eléctricas, aún a costa de romper las reglas comunes de la UE.