Hora de que la UE dé un puñetazo en la mesa
“Si no defendemos el principio en la Unión Europea de que las reglas iguales se respetan igual en toda Europa, Europa entera empezará a derrumbarse”.
Tal es el serio aviso de Vera Jourová, la checa comisaria de Valores y Transparencia, a la agencia Reuters a raíz del desafío del Tribunal Constitucional de Polonia y su sentencia, por la que dictamina que el derecho nacional prevalece sobre el comunitario. Es claramente el mayor desafío lanzado al edificio de la Unión Europea, de cuya respuesta depende que la construcción pacífica de la mayor alianza político-económica de la historia se consolide o se convierta en un hermoso pero frustrado sueño.
No es la primera vez que la tentación nacionalista dispara un cañonazo de esta envergadura contra la piedra angular de la UE, puesto que el poderoso Tribunal Constitucional de Alemania ya provocó hace apenas dos años un terremoto de gran intensidad. Pero, la decisión ahora de los magistrados polacos de decretar la inaplicabilidad de los artículos 1 y 19 del Tratado de la Unión Europea en Polonia no puede despacharse con modificaciones de mero aliño. Está en juego la supervivencia misma de la UE, puesto que si admitiera excepciones a la prevalencia del derecho comunitario sobre el nacional podría ir despidiéndose de cualquier proyecto futuro de envergadura, y mucho menos de aspirar a pintar algo en la vertiginosa geopolítica que están diseñando Estados Unidos y China, las dos grandes superpotencias en presencia.
El propio Gobierno polaco parece haberse asustado de la decisión claramente política de su Tribunal Constitucional cuando, tras multitudinarias manifestaciones a favor de la UE en todo el país, ha salido a la palestra su primer ministro, Mateusz Morawiecki, para calificar de bulo su presunta voluntad de ser el segundo país en abandonar la UE tras el Reino Unido.
Varsovia es actualmente uno de los países más dependientes de los fondos comunitarios, gracias a los cuales ha experimentado un meteórico crecimiento desde su incorporación a la UE, al igual que Hungría, ambos los dos miembros más díscolos con la disciplina comunitaria y que más ostensiblemente enarbolan su nacionalismo excluyente.
La Comisión Europea, en tanto que guardián de los Tratados, dispone de una herramienta fundamental para hacer entrar en razón a los gobiernos de Varsovia y Budapest: condicionar la entrega de los fondos de recuperación al cumplimiento del Estado de derecho, mecanismo impugnado el pasado marzo por ambos ante el Tribunal Justicia de la UE (TJUE) de Luxemburgo, y pendiente por lo tanto del fallo de éste. Es lo que se conoce en la jerga de Bruselas como “el botón nuclear”. La Comisión Europea pretendía no aplicar dicho mecanismo precisamente hasta conocer tal sentencia del TJUE, pero la dictada ahora por el Constitucional de Polonia le pone en la grave tesitura de tener que dar un puñetazo sobre la mesa. Una acción que estaría respaldada en principio por al menos tres de los principales países, Alemania, Francia y España.
El volumen de las ayudas de la UE tiene la envergadura suficiente como para disuadir a las huestes del Partido Ley y Justicia (PiS) de buscar la manera de retirar su desafío. Pero, aunque así fuera, estamos ante un episodio que no se puede despachar con cataplasmas. Puede que el europeísmo no atraviese sus mejores momentos, pero si los gobiernos que codirigen la Unión Europea no están convencidos de que no hay mejor solución que la fortaleza de aquella a los retos globales actuales, el edificio comunitario seguiría amenazado con agrietarse al menor empuje nacionalista de cualquier nostálgico iluminado.
Por supuesto, si algo caracteriza la historia de la UE es el afán por el diálogo y el consenso final tras exhaustivas y a menudo implacables e interminables negociaciones, pero convendría también considerar el contexto geopolítico actual, que deja muy poco margen para las dudas y un alargamiento de los plazos que podrían ser letales en la nueva era en la que acaba de adentrarse la humanidad. Es hora, pues, de acelerar los procesos y de adoptar decisiones firmes. Polonia, Hungría o cualquier otro miembro de los actuales Veintisiete acataron el acervo comunitario en su totalidad cuando ingresaron en el Club. Y entre sus estatutos es fundamental la supremacía del derecho comunitario y las sentencias de la justicia europea sobre las nacionales.
Por eso, por no querer esa arquitectura, se marchó el Reino Unido, que ahora amenaza incluso con retractarse de lo firmado a propósito de Irlanda, echando por tierra su buena imagen –a lo mejor demasiado sobrevalorada- de gran cumplidor de sus compromisos.