Opinión

Irak en la boca del túnel

AFP/ AHMAD AL-RUBAYE - Un manifestante iraquí hace un gesto con el signo V durante una manifestación contra la corrupción del Estado, la falta de servicios públicos y el desempleo en la plaza Tayaran de Bagdad el 2 de octubre de 2019

Merece la pena repasar algunas estadísticas sobre Irak para mejor entender las protestas que están teniendo lugar desde hace unas semanas. El primer dato relevante es que en un país de mayoría musulmana, el 65% es de confesión chiita, residentes sobre todo en Bagdad y en el sur de Irak, precisamente el escenario principal de las protestas. El segundo dato de interés es que los jóvenes constituyen el 20% de la población iraquí, un 25% de los cuales carece de trabajo. El tercer dato,  clave para comprender la situación iraquí, es que a diferencia de lo que ocurría bajo el régimen de Saddam Hussein, la influencia de los líderes religiosos chiitas sobre la juventud es escasa, particularmente entre los más de 300.000 universitarios desempleados en un país en el que el sector público es de lejos el mayor empleador.  En consecuencia, tanto Muqtada al-Sadr como Ali Sistani, los principales líderes espirituales de Irak, están reaccionando al desarrollo de los eventos, en lugar de dirigiéndolos.  Antes bien, los manifestantes han demostrado una hostilidad manifiesta hacia la influencia de Teherán en estos clérigos chiitas, que se ha expresado en ataque a intereses iraníes. De hecho, uno de los detonadores de la crisis fue la degradación del general Abdul Wahab Al Saadi como responsable del contraterrorismo y su traslado a un cargo en el Ministerio de Defensa, al parecer a instancias de Irán. 

Parece claro que las autoridades iraquíes no acaban de comprender bien la naturaleza de las protestas, como demostraría la  torpe elección y uso de medidas que se han ido aplicándola a medida que las protestas iban a más, y que han incluido toques de queda y la restricción selectiva de acceso a redes sociales, que han exacerbado los ánimos y no han impedido más de 100 muertes y varios miles de heridos. Esta crisis se sale del tradicional patrón de enfrentamientos sectarios entre sunitas y chiíes, por lo que las autoridades civiles y religiosas que detentan el poder se enfrentan a un escenario para el que no sirven las viejas y manidas recetas. 

Tal y como explicamos en un artículo anterior, ‘Guerras indirectas en Irak’, el país está sujeto a una gran dependencia energética de Irán, a pesar de disponer de una de las mayores reservas de petróleo mundiales. Y sin embargo, Irak padece deficiencias intolerables en el suministro eléctrico y el tratamiento de aguas, que ya causaron protestas importantes en 2018. A todo esto, se unen la corrupción y el clientelismo generalizados, que redundan en una ineficiencia gubernamental que encaja bien con la doctrina iraní de favorecer gobiernos débiles y manipulables, tal y como ocurre en el Líbano, cuyos problemas y dinámicas  son extrapolables a la situación iraquí. En este contexto, las promesas en tiempo de descuento del primer ministro Abdul-Mahdi de crear vivienda social,  acometer una reforma agraria, otorgar prestaciones sociales o e incluso elevar a las víctimas mortales de los disturbios causadas por su propias fuerzas del orden a la categoría de mártires,  para que sus familias puedan percibir una pensión, han sido recibidas con una mezcla de escepticismo e indiferencia, porque esta ola de protestas es más una explosión de cólera focalizada en la oligarquía gobernante que la manifestación de reivindicaciones concretas. 

Sin embargo, la probabilidad de que se acometa una reforma real es escasa, porque el sistema político en Iraq obedece más a la lógica difusa de los intereses creados de potencias extranjeras antagonistas, que a las dinámicas propias de un régimen nacional.  

Recientes previsiones del Banco Mundial apuntan una capacidad de crecimiento de la economía de Irak en torno al 8%, lo que permitiría,  sobre el papel,  situar la pobreza por debajo del 22% y mejorar las condiciones generales de su población. Este cálculo presume la prolongación en el tiempo  de las sanciones norteamericanas a Irán, que brindan a Irak la oportunidad de aumentar sus exportaciones de petróleo. Sin embargo, la realidad es que la dependencia iraquí de Irán sigue en aumento, como consecuencia de que Irak no puede disponer en un futuro previsible de otra fuente de suministro eléctrico, combustible y agua potable,  que la provista por Irán. 

Es por lo tanto improbable que la situación en Irak mejore antes de ir a peor. Los dos riesgos más claros a día de hoy son un aumento de la violencia que alcance y agriete las instituciones políticas y militares,  al punto de causar un enfrentamiento civil con participación extranjera,  caracterizado por tensiones que podrían reavivar los conflictos sectarios, con el riesgo de incitar  a los sunitas desafectos a caer en las manos del ISIS; una situación plausible a la que también se podría llegar si se produce un golpe de estado para instaurar un gobierno de salvación nacional de mayoría chiita bendecido por Teherán. La población de Irak tiene pocas razones para el optimismo, y aún menos para confiar en que EEUU les ayude a salir del túnel en el que les colocó.