Opinión

Juicio a una delincuente o a todo el peronismo

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Doce jueces federales emitirán esta semana la sentencia que absuelva o condene a la actual vicepresidente de Argentina, Cristina Fernández, viuda de Kirchner, apellido que encarna la última declinación del peronismo, esa mezcla de caudillismo y populismo que ha marcado la vida del país hasta nuestros días, desde que el general Juan Domingo Perón se erigiera en líder de la nación.

Pretende la señora Fernández que el juicio por el caso Vialidad y toda la investigación que le ha precedido, además de ser un montaje de la oposición en su contra, tiene ya redactado el veredicto de antemano. En su alegato, la actual número dos del poder en Argentina, pero considerada la efectiva número uno en la práctica, califica de “juicio a todo el peronismo” el proceso instado por lo que ella califica de “partido judicial”, calificativo con el que intenta desacreditar a todos los magistrados que la han investigado por numerosas causas de presunta corrupción.

El fiscal Pablo Luciani, que es el que ha investigado la causa Vialidad, pidió en sus conclusiones que Cristina, a la que sus partidarios se refieren simplemente como K, fuera condenada a doce años de cárcel y la perpetua inhabilitación para ejercer cualquier cargo público. Lo justifica el fiscal en que la señora Fernández, durante su presidencia (2007-2015) lideró una asociación ilícita cuyo fin era el enriquecimiento de sus miembros a costa del Estado mediante sobornos que facilitaban la adjudicación de obras públicas. Piezas fundamentales del engranaje fueron el entonces ministro de Planificación Federal, Julio de Vido, y el empresario Lázaro Báez. El primero ya está preso por su responsabilidad en la tragedia de Once, el accidente de ferrocarril del 22 de febrero de 2012 que dejó 52 muertos.

En cuanto a Lázaro Báez, era un oscuro y desconocido empleado de banca, que pasó en apenas medio año de una vida anónima conforme a sus modestos ingresos al lujo inocultable del multimillonario y nuevo rico. El fiscal cuantifica en mil millones de dólares los daños causados al Estado por la adjudicación fraudulenta de 51 contratos de obras viales a Austral Construcciones, la empresa creada por Báez para recibir el dinero público y proceder a su correspondiente blanqueamiento y reparto. Lázaro Báez ya tiene una condena en firme de doce años de prisión por lavado de dinero, procedente de los contratos convenientemente hinchados de dinero público para realizar obras en la patagónica provincia de Santa Cruz, el feudo del matrimonio Kirchner, a partir del cual multiplicaron su fortuna, y trampolín para su acceso y conquista de la Casa Rosada.

Una estrategia de defensa muy habitual y conocida

La defensa de la señora Fernández de Kirchner no ha logrado demostrar que aquellos hechos no se produjeran sino que la entonces presidente y hoy vicepresidente no sabía nada de tales manejos por estar ocupada en más altas e importantes cuestiones de Estado. Por el contrario, el alegato del fiscal asegura que se dan todos los ingredientes para calificar de “asociación ilícita” a un grupo que, “en una estricta separación de roles, sustrajeron frutos del erario en provecho particular, adoptando todas las medidas necesarias para hacerlos con impunidad y desactivando todos los mecanismos de control”. Pablo Luciani estima que esta manera de cometer delitos es imposible si no se da la connivencia entre quienes desde el poder político conceden, amparan y protegen a los que reciben, ejecutan y blanquean.

Al elevar su causa a “persecución contra todo el peronismo”, Cristina sigue el manual de todos los grandes sospechosos en parecidos trances, eso sí con suerte final muy diversa: desde el catalán Jordi Pujol en el caso Banco Catalana, a la ristra de presidentes de países latinoamericanos que han sido encarcelados o bien han tenido que exilarse antes de que les echaran el guante. También es de manual que la vicepresidente acuse a la oposición, en su caso al expresidente Mauricio Macri, de ser el cerebro de la operación, y al que acusa de que, al ir contra ella, es “va contra los que impiden las subidas de salarios y el ejercicio de sus derechos a trabajadores y jubilados”.

La vicepresidente ha esgrimido también en su defensa el supuesto intento de asesinarla el pasado 1 de septiembre. Cristina Fernández se disponía a entrar en su domicilio en el barrio de Recoleta, en Buenos Aires, cuando un supuesto pistolero, Fernando Sabag Morel, esquivó el espeso cordón de seguridad de la vicepresidenta, la apuntó a la cara con una pistola efectuando dos disparos. Una escena que pudo ser efectivamente terrible pero que tuvo el final feliz de que la vicepresidente siguiera viva y en perfecto estado, ya que la providencia hizo que se encasquillara el arma y las balas jamás salieran en busca de su presunto objetivo.

Ahora son los jueces los que dictarán sentencia, descalificada de antemano por la presidente y sus partidarios, en especial la organización La Cámpora, que dirige su propio hijo, y que acumula ya numerosos casos de denuncias por intimidación y agresión.

Este mismo año los argentinos han revivido gracias a la película Argentina 1985 la laboriosa y esforzada investigación del fiscal Julio César Strassera, que determinó el primer juicio y condena de la historia a las juntas militares bajo las que perecieron 30.000 personas. Ahora, esta semana, en vivo y en directo asistirán al veredicto del primer juicio que se celebra en el país contra la número dos, en realidad la número uno, del poder en ejercicio.