La corrupción del Gobierno iraní en el proyecto de presupuesto del próximo año
Gran parte de los presupuestos estatales no tiene control alguno. El proyecto de ley de presupuesto del año próximo para Irán fue presentado al Parlamento por Hasán Rohaní el 2 de diciembre de 2020, para someterlo a un proceso de revisión por el Comité Presupuestario parlamentario.
El presupuesto propuesto para el próximo año con el tipo de cambio actual (unos 25.000 tomans por dólar) es de 97.400 millones de dólares. De esta cantidad, 36.200 millones de dólares se destinan al presupuesto general del país, y 61.200 millones de dólares se asignan a empresas estatales, organizaciones sin fines de lucro afiliadas al Gobierno y bancos.
De las dos secciones que componen la estructura general del presupuesto en el Irán, sólo la sección del presupuesto general, que representa alrededor del tercio del monto total, es revisada por el Parlamento y los comités especializados. El otro 66% del presupuesto, dedicado en su mayor parte a las empresas estatales, está exento de la revisión inicial y la posterior auditoría del Parlamento y se suele aprobar la misma cifra que el Gobierno asigna en el proyecto de ley.
Esta sección del presupuesto es de 61.200 millones de dólares, donde tiene lugar y se materializa la mayor parte de la corrupción, los sobornos y los contratos privados.
Mohsen Zanganeh, el actual miembro del Parlamento y miembro de la comisión de presupuesto, dice que esta forma de presupuestación y la falta de transparencia de más de dos tercios del presupuesto del país sirve a los intereses de todos los partidos políticos de la República Islámica, y nadie está dispuesto a desafiarla. Por eso, "todas nuestras disputas entre el Parlamento y el Gobierno son sobre un tercio del presupuesto", dijo. “Dos tercios del presupuesto se asignan a empresas estatales, sobre las que no tenemos control. Sólo tenemos el control que el décimo Parlamento ha aprobado para que estas empresas y corporaciones presenten sus balances financieros. El Gobierno cargó una camioneta y dio 70.000 pedazos de papel a los delegados, diciendo que todo estaba claro para nosotros”, explicó. "Estos representantes también miraron estos 70.000 folletos y dijeron: '¿Qué se puede hacer?'”
La Organización del Programa y Presupuesto dice que la razón de dividir el presupuesto en dos partes se debe a la diferencia en su naturaleza funcional. El presupuesto asignado a las empresas estatales, a las organizaciones sin fines de lucro afiliadas al Gobierno y a los bancos depende de sus propias operaciones financieras. En otras palabras, esas empresas e instituciones producen o suministran ellas mismas bienes y servicios que se acreditan en su cuenta de ingresos y determinan los gastos de funcionamiento y de las empresas para obtener esos ingresos en función de sus propias necesidades, y esos gastos forman su presupuesto anual.
En el sector del presupuesto general, los gastos suelen depender de los ingresos procedentes de diversas fuentes, como las ventas de petróleo, los impuestos, los préstamos, etc.
La descripción del presupuesto de las empresas estatales se asigna generalmente a 371 empresas estatales, nueve bancos estatales y dos instituciones sin fines de lucro afiliadas al Gobierno, que se asignan a sí mismas 61.200 millones de dólares.
Pero no todas estas 371 empresas son importantes, y sólo cinco de ellas representan el 85% de esa cantidad.
Por ejemplo, sólo la Compañía Nacional de Petróleo de Irán tiene un presupuesto de 36.000 millones de dólares. Cabe señalar que los estados financieros de la National Iranian Oil Company también son confidenciales, e incluso si los miembros del Parlamento y otros órganos reguladores quieren revisarlos, no pueden recibir los documentos pertinentes.
Según Mohsen Zanganeh, jefe del comité de reforma de la estructura presupuestaria, sólo dos o tres personas en el país conocen las cuentas y los libros de la empresa. Cuando le preguntamos al ministro de Petróleo, dijo que estos son documentos clasificados y que solamente se reportan a dos o tres funcionarios en el país.
La falta de transparencia que ensombrece dos tercios del presupuesto anual y la exclusión de las empresas estatales de la divulgación es donde se producen los principales saqueos y robos de los líderes del Gobierno.
En marzo de 2017, Ali Taybonia, exministro de Economía, habló sobre la naturaleza de las empresas estatales: "En lugar de 1.000 personas en una empresa estatal, se contratan 5.000 personas, y estas contrataciones se hacen a través de la amistad y los contactos familiares".
Las operaciones de contabilidad y auditoría en las empresas estatales, salvo las disposiciones especificadas por la ley, están sujetas al Código de Comercio y al Reglamento Financiero y de Transacciones aprobado por el Consejo de Administración de esas empresas. La auditoría del presupuesto general del país está sujeta a la ley de contabilidad pública de todo el país.
Los salarios, beneficios, primas y participación en los beneficios de estas empresas se basan en las aprobaciones de la junta directiva. Formar parte de la junta directiva de estas empresas es un privilegio que se otorga a los que están en el poder.
Una encuesta de las 15 principales empresas estatales muestra que la mayoría de los miembros de la junta directiva son exejecutivos y sus familiares o personas con experiencia en seguridad y en el Ejército.
Cabe señalar que el presupuesto anunciado que se asigna a estas empresas también está muy lejos de lo que se aplica en la práctica. El año pasado, el presupuesto de las empresas estatales se desvió en un 48%, lo que significa que ni siquiera las cifras de las partidas presupuestarias de estas empresas crean un requisito para limitar sus gastos anuales.
Los beneficios de pertenecer al consejo de administración de estas empresas no se limitan a los enormes salarios y beneficios y al empleo de los familiares. La ventaja más significativa está en los contratos posteriores que estas empresas firman como los mayores contratistas del país. La celebración de licitaciones y subastas, el abandono de las formalidades, la determinación de las cualificaciones y, finalmente, la entrega de grandes contratos a otras empresas tiene un proceso opaco que hace que formar parte del consejo de administración y de los directores generales de las empresas estatales sea el negocio más rentable de la estructura de la República Islámica. Así, un pequeño número de funcionarios gubernamentales saquean miles de millones de dólares en un corto período de tiempo. Mientras que ellos y sus familiares viven una vida aristocrática, tanto en Irán como en el extranjero, más del 60% de los iraníes viven por debajo del umbral de pobreza absoluta. Pero la historia ha demostrado que esta situación no puede durar mucho tiempo. Es como si en noviembre de 2019, la mayoría de la gente, abrumada por los altos precios y otra pobreza, saliera a las calles y prendiera fuego a las manifestaciones del Gobierno como los bancos. Sin duda, el próximo levantamiento del pueblo será más severo que el de 2019, y puede llevar al derrocamiento del régimen.