La COVID-19 y el próximo ciclo de inestabilidad en América Latina

Al igual que en otras áreas geográficas, los gobiernos de América Latina y el Caribe no han podido evitar la llegada de la COVID-19 y su expansión por la región. A lo largo del artículo se analizarán las reacciones que han tenido los distintos gobiernos latinoamericanos. La COVID-19 ha llegado a América Latina y el Caribe en un momento en que la región está sufriendo una profunda inestabilidad política con protestas en varios países, cambios de gobierno y situaciones de interinidad. La situación económica del continente tampoco es la mejor y los efectos de la pandemia van a provocar, sin duda, problemas graves a sus economías. Socialmente, el estallido de la COVID-19 va a poner contra las cuerdas a los precarios sistemas de asistencia social y de apoyo a los más desfavorecidos con efectos nocivos sobre las clases medias y bajas aumentando la insatisfacción de los ciudadanos.

Al igual que en otras áreas geográficas, los Gobiernos de América Latina y el Caribe no han podido evitar la llegada de la COVID-19 y su expansión por la región. Desde que se confirmase el primer caso de COVID-19, el 26 de febrero en Brasil, en la ciudad de São Paulo, el virus no ha dejado de expandirse por la región tocando a todos los países y dejando 249 113 muertes y 6 383 640 contagiados¹.

A pesar de que aún no sabemos hasta cuando se prolongará la pandemia y las víctimas que va a generar, sí que es ya evidente que la región se va a ver severamente afectada a todos los niveles². La COVID-19 ha llegado a América Latina y el Caribe en un momento en que la región está sufriendo una profunda inestabilidad política con protestas en varios países, cambios de gobierno, situaciones de interinidad y, ahora, aplazamiento de procesos electorales cuyos resultados, de poder celebrarse los comicios en el futuro próximo, serán seguramente diferentes tras este estallido vírico.

La situación económica del continente tampoco es la mejor. Tras una década de crecimiento apoyado en el precio de las materias primas, los últimos años han visto una ralentización del crecimiento económico y la generación de desempleo, lo que sumado a la ya enquistada desigualdad en el continente ha producido, junto a otros factores, la inestabilidad antes mencionada.

La crisis que ya se dibuja en el horizonte no va a ser sólo nacional, sino que numerosos socios comerciales de los países latinoamericanos, como EE. UU. o la Unión Europea van a entrar en un periodo de estancamiento que se trasladará al comercio internacional y reducirá la demanda de productos de Latinoamérica, lo que va a provocar, sin duda, problemas graves a sus economías. Socialmente, el estallido de la COVID-19 va a poner contra las cuerdas a los precarios sistemas de asistencia social y de apoyo a los más desfavorecidos con efectos nocivos sobre las clases medias y bajas, incidiendo negativamente en una ya de por sí alta desigualdad y pobreza; y poniendo fin a la frágil tendencia de reducción de la desigualdad en los últimos años.

A fin de analizar la situación y perspectivas de la región ante la COVID-19, se estructurará el documento en varias partes. La primera estará dedicada a observar la expansión del virus por la región y la situación actual de la pandemia viendo cuáles han sido los puntos críticos del brote vírico. La segunda estará dedicada a las iniciativas tomadas por los distintos gobiernos y a saber cómo ha afectado a las dinámicas políticas y sus posibles consecuencias a corto plazo. Pasaremos a continuación a contabilizar el golpe económico que han sufrido las economías latinoamericanas describiendo el horizonte económico que se abre a partir de ahora. Finalmente, se analizará el impacto que el virus tendrá en las sociedades latinoamericanas, especialmente en lo que se refiere a los más vulnerables.

Según las informaciones de las que disponemos, los primeros casos de COVID-19 surgieron en China a mediados de noviembre del año pasado, aparentemente el 17 de noviembre se realizó el primer informe sobre la COVID-19 en la provincia de Hubei³. El 26 de febrero, Brasil reportó el primer infectado del país y de Latinoamérica4 en la ciudad de São Paulo, el paciente se habría infectado en Italia trayendo de vuelta el virus al continente. Casos similares (ciudadanos infectados en Italia o turistas italianos) se dieron en Argentina, Bolivia, Colombia, Cuba, República Dominicana, El Salvador, Guatemala y Uruguay. En otros países como Ecuador, Honduras, Panamá, Venezuela o Perú el origen de la expansión del virus tuvo que ver con ciudadanos que regresaban al país después de haber estado en España.

El virus pronto se expandió por todos los países tanto continentales como insulares destacando Brasil con más de 3 456 652 casos confirmados, Perú con 558 420 y México con 537 0315. Ante la expansión del virus, los Gobiernos latinoamericanos optaron por el cierre de fronteras o por la anulación de las conexiones aéreas con las regiones más afectadas por la pandemia, como es el caso de Europa o Asia. Latinoamérica contó con una ventaja frente a otras regiones por la menor frecuencia de sus conexiones con China y por la acción rápida de sus Gobiernos al ver los efectos del virus en Europa, lo que dio unas semanas críticas para implementar toda una serie de medidas como cuarentenas, declaración de emergencias sanitarias o cierres de fronteras.

A pesar de ello, no se ha podido impedir la rápida expansión del virus y, hoy en día, América Latina se ha convertido en un punto crítico de la pandemia cuyo epicentro latinoamericano se sitúa en Brasil. Este país es una de las grandes preocupaciones a nivel mundial ya que se posee una de las tasas de infección más altas del mundo⁶. Jair Bolsonaro, el presidente brasileño, ha sido el dirigente latinoamericano más escéptico respecto a la llegada y el impacto del virus en Brasil y sus declaraciones relativizando la importancia de la pandemia, contra alcaldes que demandaban una cuarentena o contra su ministro de Sanidad han agravado la ya de por sí difícil situación. En otro país especialmente afectado, Ecuador, el virus se cebó con la ciudad de Guayaquil (más de 9000 muertes), donde se dio el primer caso de COVID-19 y cuyo sistema de salud colapsó rápidamente.
Como veremos en los siguientes epígrafes, la llegada del coronavirus a Latinoamérica ha trastocado por completo los cálculos políticos y económicos de los Gobiernos y va a fragilizar, aún más, a amplias capas de la población latinoamericana.

El panorama político en América Latina ha sufrido en los últimos años importantes cambios. Lejos ya de la marea rosa que marcó el ciclo político en la primera década de los 2000 hasta el año 2015, la llegada de políticos conservadores y de derecha a la presidencia de países como Paraguay, Brasil, Chile, Colombia, Uruguay o Perú han supuesto un cambio en la tendencia política de la región. Este cambio en las preferencias de los electores ha venido acompañado de una creciente inestabilidad provocada por la desigualdad, la corrupción, la inseguridad ciudadana y el estancamiento económico que ha llevado a la calle a miles de ciudadanos en varios países como Perú, Colombia, Ecuador, Bolivia o Chile.

La llegada de la pandemia a América Latina amenaza, así, con desestabilizar más si cabe a la región ahondando en las causas que han generado estas movilizaciones ciudadanas. La previsible caída de las exportaciones, del consumo nacional y el consiguiente desempleo, el aumento de la deuda, así como el desgaste de los sistemas sanitarios y sociales hacen que el horizonte político se muestre cada vez más complejo para los Gobiernos latinoamericanos cuyas diversas agendas y proyectos políticos van a quedar supeditados al control de la pandemia y a la gestión de los estragos que está causando y va a seguir causando.

Los diferentes Gobiernos han actuado de forma similares y en un corto espacio de tiempo ante la pandemia. Las fronteras se cerraron en Argentina (16 de marzo), Bolivia (25 de marzo), Brasil (19 de marzo), Chile (18 de marzo) , Colombia (17 de marzo) , Costa Rica (18 de marzo), Cuba (31 de marzo), República Dominicana (17 de marzo), Ecuador (16 de marzo), El Salvador (11 de marzo), Guatemala (17 de marzo), Honduras (15 de marzo), Panamá (16 de marzo), Paraguay (16 de marzo), Perú (15 de marzo), Uruguay (24 de marzo) y Venezuela (21 de marzo). Se aplicaron cuarentenas en prácticamente todos los países (Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Venezuela) que se han ido prolongando constantemente. Destaca la inexistencia de cuarentena obligatoria en Nicaragua y en Uruguay. En Nicaragua el gobierno de Daniel Ortega se negó a establecer medidas de confinamiento y de paralización de la economía y ha sido acusado de ocultar las cifras de contagios y de muertes por COVID-19. En Uruguay, se abogó por el confinamiento no obligatorio siendo adoptado por el nuevo gobierno de Lacalle Pou, tras apenas 15 días de haber jurado el cargo de presidente.

Uno de los primeros efectos provocados por la llegada de la COVID-19 y por las medidas gubernamentales ha sido la de reducir a corto plazo la inestabilidad política en países como Chile, Colombia o Ecuador. Como se analizó en otro documento, estos gobiernos se enfrentaban a importantes movilizaciones sociales que llegaron a provocar cambios en las políticas gubernamentales por la presión de las calles⁷. Con la puesta en marcha de medidas de cuarentena y confinamiento, los Gobiernos de Sebastián Piñera o Iván Duque han conseguido un respiro y una ventana de estabilidad a corto plazo al evitar nuevas concentraciones y protestas callejeras.

En Chile, el referéndum constitucional que se debía celebrar el 26 de abril y que fue una de las principales concesiones que el Gobierno de Piñera hizo durante la crisis social desatada a final de 2019, se ha aplazado hasta el 25 de octubre. Dado que también debían celebrarse elecciones locales y para gobernadores también se ha prolongado su mandato electoral hasta las elecciones que tendrán lugar en abril de 2021.

La actuación gubernamental durante la crisis también ha tenido otra consecuencia, la de permitir la recuperación de la imagen política del gobierno y del presidente Piñera que estaban profundamente tocadas antes de la crisis sanitaria. Según la encuesta de CADEM, la imagen de Piñera se habría recuperado desde el punto más bajo el 9 de febrero de 2020 (9 % de aprobación) y su actuación es, hoy en día, aprobada por un 23 % de los encuestados. En el resto de marcadores de la actuación del presidente, esta ha visto un repunte de su imagen y de su gestión lo cual puede ayudarle en las elecciones locales de abril⁸. No obstante, esta aparente mejora en su aprobación, lo cierto es que las protestas se han vuelto a reactivar incluso con emergencia sanitaria debido a que las ayudas prometidas por el gobierno se están retrasando y ahogando a una parte de la población.

Otro presidente que ha podido remontar el vuelo ha sido Iván Duque, las multitudinarias protestas de fin de 2019 y principios de 2020 hicieron caer en picado su aprobación. Al igual que Piñera, el estado de emergencia y la cuarentena han permitido acabar con las protestas masivas y las decididas acciones gubernamentales han fortalecido la imagen presidencial en medio de la crisis lo que ha llevado a una mejora en la aprobación de Iván Duque que ha pasado de un apoyo del 23 % a uno del 52 %⁹. Como su homólogo chileno, Iván Duque ha podido evitar la continuación de las protestas de fin de año, pero se enfrenta a partir de ahora a las crecientes protestas de la población a la que no llegan las ayudas del Estado y las críticas a la gestión de la emergencia sanitaria.

En Bolivia, la inestabilidad generada tras unas elecciones calificadas de fraudulentas¹⁰, los disturbios y la intimación de los militares a Evo Morales a que abandonara el cargo sumieron al país en un escenario convulso del que todavía no ha podido escapar. La decisión de la nueva presidenta Jeanine Áñez de establecer una cuarentena imposibilitó la celebración de las elecciones que debían celebrarse el 3 de mayo. Estas fueron retrasadas por el TSE, sin embargo, la Asamblea Legislativa Plurinacional (en la que el Movimiento al Socialismo posee mayoría) promulgó una ley el pasado 1 de mayo obligando al TSE a convocar elecciones en 90 días.

Finalmente, el TSE confirmó el pasado 2 de junio que las elecciones se llevarían a cabo el 6 de septiembre. Sin embargo, el 23 de julio, ante el empeoramiento de la situación sanitaria en el país, el TSE decidió postergar las elecciones hasta el 18 de octubre con una segunda vuelta el 29 de noviembre.

Esto llevó a que los grupos opositores al Gobierno de Áñez convocaran protestas y bloqueos de las ciudades más importantes. Mientras que el MAS ha deseado la celebración rápida de elecciones ante sus mejores expectativas electorales, las autoridades interinas han preferido prolongar la situación tanto por motivos sanitarios (evitar aglomeraciones en la campaña electoral y el día de las elecciones) como políticos (mantener el cargo e intentar aprovechar el control de los recursos e instituciones para ganar mayor visibilidad ante otros candidatos presidenciales).

La última encuesta realizada por Ciesmori daba como vencedor al binomio formado por Luis Arce y David Choquehuanca del Movimiento al Socialismo con un 33,3 % de intención de voto, mientras que Carlos Mesa que ya disputó las pasadas elecciones a Evo Morales tendría un 18,3 %. La actual presidenta Jeanine Áñez se quedaría atrás con un 16,9 % de intención de voto¹¹. Bolivia, se enfrenta así a la pandemia con un escenario incierto en los próximos meses, justo lo contrario de lo que necesita en estos momentos, lo que contrasta con la estabilidad que gozó durante los últimos años.

En Argentina, los planes de reestructuración de la deuda y las negociaciones con los prestamistas extranjeros y el Fondo Monetario Internacional que eran una de las prioridades del Gobierno de Alberto Fernández se han visto perjudicados por un escenario aún más adverso que el que ya existía. Tras vencer en las elecciones de 2019, Fernández se puso al mando de un país que llevaba desde la mitad del año 2018 bajo una coyuntura económica adversa y la renegociación con los bonistas que poseen casi 66 000 millones de dólares en deuda argentina se veía como un requisito para que el país pudiera retomar la senda del crecimiento al igual que ocurrió previamente con la administración de Néstor Kirchner.

En un primer momento, la oferta del Gobierno argentino de una quita del 65 % de la deuda con un periodo de gracia de tres años no fue aceptada por los tenedores de deuda. Sin embargo, el 4 de agosto el gobierno pudo llegar a un acuerdo con los principales tenedores para reestructurar unos 65 000 millones de dólares y evitar el default y una dura confrontación legal. Al igual que Duque o Piñera, Alberto Fernández ha visto aumentar su popularidad durante la crisis sanitaria y, lo más probable, es que esta le dé a Fernández la capacidad a corto plazo de justificar la mala situación económica del país por la crisis de la COVID-19¹². A medio plazo cuando a los efectos de la crisis previa no resuelta se le unan los efectos suplementarios de la crisis económica causada por el parón económico y el confinamiento puede derivar en una explosión de descontento ciudadano, sobre todo, cuando la solidaridad de la oposición con el Gobierno de Fernández vaya disipándose.

A finales de abril y durante todo el mes de mayo, Brasil se convirtió en el epicentro de la pandemia en América Latina. A diferencia de otros mandatarios (salvo el presidente mexicano y el nicaragüense), el presidente Jair Bolsonaro minusvaloró el impacto del virus en el país, calificándolo de «pequeña gripe» y sumándose a las protestas contra el confinamiento impuesto por los gobernadores federales. A mediados de mayo a la crisis sanitaria que estaba viviendo el país, llegando a más de 1100 muertes diarias, se le unió la crisis política que ya se estaba gestando desde antes de la llegada del virus.

Jair Bolsonaro se ha visto envuelto en el último mes y medio en una serie de enfrentamientos con el Tribunal Superior Federal, con el presidente de la Asamblea y con los gobernadores federales. Además, ha visto la dimisión de dos de sus ministros y ha destituido a un tercero.

La gestión de la crisis de la COVID-19 provocó discusiones internas en el gobierno respecto de la postura a adoptar, siendo el presidente partidario de relajar las medidas de aislamiento para no afectar a la economía. Hay que recordar que la elección de Jair Bolsonaro a la presidencia del país se debió, en parte, a los efectos que la crisis económica del 2014 tuvo en la población. Por ello, la presidencia de Bolsonaro pretendía el relanzamiento de la economía brasileña a través de una serie de reformas, como la de las pensiones. No obstante, esa agenda económica ha descarrilado por los efectos del confinamiento, por las necesarias medidas de gasto social y por la caída del precio del petróleo. La aparente falta de iniciativa a nivel nacional ha convertido a los gobernadores federales en los principales promotores de las medidas de aislamiento y de distanciamiento lo que les ha llevado a chocar directamente con el presidente y el Gobierno.

La postura del presidente llevó a la destitución de Luiz Henrique Mandetta como ministro de Sanidad, el 16 de abril, siendo sucedido en el cargo por Nelson Teich. Este dimitió tras estar apenas un mes en su puesto ministerial ahondando en la crisis interna del Gobierno. Sin embargo, si algo dañó a la figura de Bolsonaro fue la dimisión de una figura clave en su gobierno, Sérgio Moro, que alcanzó la fama durante la investigación de la operación Lava Jato y que representaba la lucha contra la corrupción política en Brasil.

La dimisión de Moro como ministro de Justicia tuvo como origen el supuesto intento de Bolsonaro de situar a la cabeza de la Policía Federal a una figura próxima con el objetivo de evitar las investigaciones que desde hace meses rondan a los hijos del presidente. Esta sucesión de eventos ha dañado la imagen del presidente y relanzado el debate sobre un posible proceso de destitución. A toda esta turbulencia política se suman los ataques al presidente de la Cámara de Diputados, Rodrigo Maia y al Tribunal Superior Federal por la apertura de una investigación a causa de las acusaciones del exministro Moro.

La más que probable recesión, la crisis sanitaria y la inestabilidad gubernamental han hecho mella en la imagen del presidente y en sus apoyos. En la última encuesta, un   45 % de la población apoyaba un procedimiento de destitución frente a un 48 % que se oponía, lo que supone un aumento del 9 % respecto de la anterior encuesta. También aumentaron tanto la población que aprobaba al presidente (33 % frente al 30 % de la encuesta anterior), como la población que suspendía al presidente (38 % frente al 36 % de la anterior encuesta)13. En otra encuesta de MDA, la desaprobación del presidente llegaba al 55,4 % frente al 47,8 % de enero y la del Gobierno, en general, subió del    31 % al 43,4 %¹⁴.

Ante este escenario tan desfavorable al gobierno, que puede ver peligrar su permanencia hasta el año 2023, Bolsonaro ha comenzado a buscar apoyos entre los grupos políticos conocidos como el Centrão, de orientación política centrista y cuyo apoyo tiene como contraprestación la entrega de cuotas de poder en los ministerios. Aunque Bolsonaro criticó esta forma de hacer política, la sucesión de errores en la gestión de la pandemia y la nueva coyuntura política y económica que amenazan con convertir a Brasil en un foco de inestabilidad a final de año, hace necesario recurrir a esta estrategia para intentar dar estabilidad al gobierno ante cualquier atisbo de la oposición de iniciar el temido proceso de destitución.

Otro mandatario que tiene por delante un año difícil va a ser Lenín Moreno, el presidente ecuatoriano. Ecuador fue uno de los primeros países en sufrir la llegada de la COVID-19, convirtiéndose Guayaquil en uno de los puntos más críticos de América Latina. El país ya se encontraba en una situación difícil con una grave crisis política a finales de 2019 fruto de la política económica que llevó a cabo Moreno y su acuerdo con el FMI, llegando a obligar al Gobierno a trasladarse a Guayaquil ante los disturbios en Quito.

El Congreso de Ecuador aprobó a mediados de mayo la denominada Ley Humanitaria para hacer frente a la crisis económica y social. La ley contó con el apoyo de los partidarios de Moreno y con la oposición de los correístas y de los sindicatos. Estos reiniciaron las movilizaciones políticas que se habían desactivado tras los acuerdos con el Gobierno de finales de 2019, al entender que esta ley era inconstitucional y que dañaba los intereses de los trabajadores.

Cuatro días más tarde el presidente Moreno anunciaba una serie de medidas de austeridad para contener el gasto público y ahorrar unos 4000 millones de dólares mediante el cierre de empresas públicas, ajustes en los horarios de los empleados públicos o el cierre de oficinas en el exterior¹⁵. Desde los sindicatos ya se avisó que «si quieren otro octubre y no aprendieron la lección, pues tendrán otro octubre» augurando una reactivación de las protestas y una mayor inestabilidad¹⁶.

En definitiva, la llegada de la COVID-19 a América Latina ha hecho descarrilar los proyectos de todos y cada uno de los mandatarios latinoamericanos. La estabilidad política de América Latina ya era frágil antes de la pandemia y, a pesar de que las medidas adoptadas por los diferentes Gobiernos hayan podido detener a corto plazo esa inestabilidad, lo más probable es que en los próximos meses y a lo largo de todo el año 2021 cuando comiencen a levantarse las restricciones al movimiento de las personas y a las concentraciones en lugares públicos todo el descontento acumulado en la última década acabe por estallar producto de la severa crisis económica que acecha a América Latina.

Ante este panorama, lo más probable es que la nueva normalidad en América Latina sea la de la inestabilidad política y la depresión económica lo que podría actuar como potenciador de partidos políticos y líderes populistas que no harían más que profundizar en la polarización de las sociedades latinoamericanas y la pérdida de confianza en la democracia, sobre todo teniendo en cuenta la imagen negativa que los partidos tradicionales, las instituciones y los políticos tienen a lo largo y ancho de la región.

Un elemento adicional que juega en contra de la estabilidad durante los próximos años es la ausencia de elecciones en el horizonte. Las elecciones en Bolivia, Chile y República Dominicana, así como las elecciones locales en Paraguay, Uruguay o México se han tenido que posponer y el superciclo electoral de 2017 a 2019 hace que muchos presidentes estén en la mitad de su mandato, lo que va a impedir que los ciudadanos latinoamericanos expresen su descontento en las urnas y puede dar un impulso a la expresión del rechazo a través de las protestas y las manifestaciones, como las que experimentaron Chile, Colombia o Ecuador hace unos meses, ahora a nivel continental.

Además de la ausencia de elecciones, el impacto de las medidas de confinamiento y de distanciamiento social en las distintas economías latinoamericanas, así como la coyuntura económica internacional va a ser otro potenciador de la inestabilidad al que se dedicará el siguiente epígrafe.

La situación económica y social de América Latina y el Caribe era frágil antes incluso de la aparición de la COVID-19. Después de la bonanza económica que atravesó la región desde el año 2000 al 2013, la caída de los precios de las materias primas supuso un duro golpe para las economías latinoamericanas. Además, otros problemas como la falta de inversión en educación y en infraestructuras, altas tasas de desigualdad, inestabilidad política o falta de productividad que han lastrado el crecimiento latinoamericano no se han solucionado.

Pese a ello, las perspectivas económicas para los años 2020 y 2021 mostraban un crecimiento moderado y preveían que la región podría salir de la situación de estancamiento el año que viene. Sin embargo, la rápida expansión del virus ha trastocado los planes económicos y todas las previsiones obligando a los gobiernos a rehacer sus cálculos y programas ante unas previsiones que han ido empeorando paulatinamente. El pasado enero el Fondo Monetario Internacional lanzaba unas previsiones en las que América Latina y el Caribe en conjunto iban a crecer un 1,6 % en 2020 y un 2,3 % en 2021, mientras que América del Sur, en su conjunto, iba a crecer un 1,5 % en 2020 y un 2,3 % en 202117. Tras el estallido de la pandemia, la CEPAL calculó, en un primer momento, que la caída del PIB en América Latina y el Caribe sería del 1,8 %, sin descartar que pudiese alcanzar el 3 % e, incluso, el 4 % para este año18. Dicha cifra ha ido empeorando con el paso del tiempo.

El escenario descrito por los organismos internacionales en América Latina y Caribe puede llevar a que América Latina experimente una nueva década perdida debido al impacto que la pandemia está teniendo y a las graves consecuencias que va a generar a corto, medio y largo plazo. A pesar de que las medidas de confinamiento y de distanciamiento social también hayan sido utilizadas por otros Gobiernos de distintas regiones, como en Europa o en Asia, la fragilidad de los esquemas sociales y de la infraestructura sanitaria, de los programas de educación o la importancia de los trabajos informales suponen un peso adicional en la capacidad de las sociedades latinoamericanas para reactivar el crecimiento y salir de esta crisis. Como veremos a continuación, varias palancas del crecimiento latinoamericano se van a ver afectadas.

En primer lugar, algunos países de América Latina se han visto arrastrados por la volatilidad de los precios de las materias primas, concretamente del petróleo, que en los últimos meses ha sufrido un desplome causado por varios motivos. Las medidas de confinamiento y de prohibición de entrada en los diferentes países han provocado una caída en las ventas de combustible para coches particulares, para camiones y transporte de mercancías, para aeronaves y para la industria en los principales países consumidores de petróleo. La Agencia Internacional para la Energía había previsto que la demanda de petróleo en 2020 iba a crecer en 825 000 barriles diarios antes de la pandemia, reduciendo dicha cifra a 90 000 barriles diarios en marzo¹⁹.

Otro motivo de la caída en el precio del barril de petróleo fue el inicio de una guerra de precios entre Arabia Saudí y Rusia que hizo tambalear a la OPEP+ debido a la intención de Arabia Saudí de recortar la producción y la oposición rusa a dicha estrategia. La crisis pudo reconducirse a mediados de abril al acordarse una reducción en la producción entre todos los participantes de la OPEP+. Estos dos acontecimientos hundieron los precios del petróleo llegando a caer hasta un 30 %, llegándose a pagar 20,48 dólares por barril de WTI y 24,72 dólares por barril de Brent²⁰.

Entre los países afectados por esta caída en los precios del petróleo y otras materias primas se encuentran varios países latinoamericanos como Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, México, Perú o Venezuela, aunque no todos se van a ver afectados de la misma manera por dicha caída. Para Venezuela, la caída del petróleo es otro golpe más a su ya devastada economía y para Ecuador y Argentina va a empeorar la situación del gobierno y su margen de maniobra fiscal.

En México, los problemas de Pemex que existían ya antes de la crisis (es la empresa petrolera más endeudada del mundo) se van a agravar arrastrando consigo al Gobierno. La caída de los precios de las materias primas y la reducción del comercio internacional va a poner freno al tímido crecimiento económico que iba a experimentar la región en los próximos dos años y va a producir una gran tensión en los presupuestos estatales que se ven además bajo presión por las necesarias medidas fiscales que han desplegado los Estados para hacer frente a los efectos de la pandemia.

En segundo lugar, otra importante fuente de creación de puestos de trabajo y de ingresos para América Latina como es el turismo también se va a ver afectado. El World Travel and Tourism Council calculó que la aportación del turismo a la economía latinoamericana en 2019 fue de 299 000 millones de dólares, representando el 8,8 % del PIB regional²¹. Los países que recibieron más turistas (intrarregionales y extrarregionales) fueron México con 41 millones seguido de lejos por Argentina y Brasil con 6,9 y 6,6 millones respectivamente²². La región recibió, en 2018, casi 37 millones de visitantes extranjeros siguiendo una trayectoria ascendente en los últimos años. Las restricciones a la entrada de extranjeros y la reducción de las salidas de visitantes de mercados emisores de turistas como EE. UU., Europa o Asia han frenado en seco el crecimiento del turismo ya que en marzo hubo un claro descenso en los vuelos de entrada y salida de la región de casi un 24 % con respecto a marzo del año pasado²³. Todo el sector del turismo que da empleo a millones de latinoamericanos ya sea de forma directa o indirecta está amenazado por la reducción en los viajes y las medidas de confinamiento y distanciamiento social, eliminando otra fuente de crecimiento económico.

En tercer lugar, un flujo económico que ha adquirido una especial importancia en el mundo y en América Latina, en particular (96 000 millones de dólares en 2019), ha sido el de las remesas, es decir, el dinero que los emigrantes envían a sus familias que han permanecido en el país y que es una fuente vital para la región siendo un factor clave a la hora de sacar a millones de ciudadanos de la pobreza en las últimas décadas. Con la caída de las economías más desarrolladas, el Banco Mundial prevé que estos flujos desciendan en torno a un 20 % en todo el mundo (19,3 % en América Latina) poniendo en riesgo a una parte importante de la población que puede volver a caer en la pobreza²⁴.

Todos estos factores se han combinado para crear una situación explosiva en la región. La CEPAL prevé que América Latina puede sufrir la peor contracción de la actividad económica en su historia, un 5,3 % en 2020. Peores datos que las contracciones de 1914, 1930 o que la década de los 80. Para Fitch Ratings, la contracción será menor, en torno a un 4,7 %²⁵. Ello implicará una subida de la tasa de  desempleo hasta  el  11,5 % (una subida del 3,4 %), lo que expulsará del mercado de trabajo a casi 37,7 millones de latinoamericanos sin contar los efectos sobre el sector informal²⁶. 

Sin lugar a dudas, la incertidumbre económica que se ha asentado en la región desde hace algunos años y sus efectos sobre la población han sido uno de los potenciadores de la inestabilidad política en varios países de América Latina. La llegada de la COVID- 19 puede provocar que la inestabilidad se enquiste y se convierta en un fenómeno regional al lastrar el desarrollo económico, echar por tierra los avances en materia de lucha contra la pobreza y desigualdad ocurridos durante los últimos años y destruir el futuro inmediato y las perspectivas de avance social de amplias capas de la población latinoamericana, frustrando, más aún, a los ciudadanos y haciendo aumentar su insatisfacción.

América Latina y el Caribe ha sido una región marcada por la desigualdad y los índices sociales deteriorados. Este patrón pudo corregirse durante el periodo 2000-2014 gracias a la subida de los precios de las materias primas y la canalización de una parte de estas rentas hacia programas sociales, sanitarios, educativos, así como al aumento de los puestos de trabajo que consiguieron sacar a millones de latinoamericanos de la pobreza y ampliar las filas de la clase media. La pandemia va a tener dos víctimas claras: los estratos con ingresos más reducidos y los migrantes.

Actualmente, los niveles de pobreza están en torno al 35 % en México y Honduras, entre el 30 % y el 35 % en El Salvador y Bolivia y, entre el 20 % y el 30 %, en Colombia, Argentina, República Dominicana y Ecuador. En lo que respecta a la pobreza extrema es superior al 15 % Honduras, se sitúa entre el 10 % y el 15 % en Colombia, Bolivia y México y, entre el 5 % y el 10 %, en Panamá, Brasil, Paraguay, Ecuador, República Dominicana y El Salvador²⁷. El parón económico en las economías latinoamericanas y una coyuntura internacional similar amenazan con enviar a millones de latinoamericanos de vuelta a la situación de pobreza por la imposibilidad de los hogares de mantener su estatus social sin ingresos, empeorando la situación global de la región.

La desigualdad va a ser otro de los índices sociales que va a sufrir un duro golpe con la pandemia. La alta desigualdad de América Latina también ha tenido un efecto perverso al golpear más fuerte a las clases sociales con menores ingresos. En efecto, la situación de las familias de menores ingresos en cuyos hogares conviven varias generaciones, con limitado o nulo acceso a los servicios básicos como el agua, trabajando en el sector informal y por ello sin cobertura social y con un difícil acceso a unos servicios sanitarios colapsados contrasta con la de los segmentos de ingreso superior con acceso a servicios privados de sanidad, con posibilidad de teletrabajar o de continuar con su educación a través de las nuevas tecnologías²⁸. Debido a esto la CEPAL prevé que el índice de Gini aumente en la región entre un 0,5 % y un 6 %²⁹.

La pandemia ha puesto de manifiesto la fragilidad de los sistemas sanitarios en América Latina que han sido descuidados e infrafinanciados durante años (falta de trabajadores, insumos y equipos) y cuyos servicios básicos no llegan a casi 125 millones de ciudadanos30. Hay que tener en cuenta que varios países latinoamericanos ya estaban luchando contra el dengue, la fiebre amarilla, el chikungunya o la malaria, entre otras enfermedades, y la COVID-19 ha acabado por poner en una situación crítica a los hospitales. Estos tienen de media 2,2 camas por cada 1000 habitantes (esta cifra es mucho menor en países como Honduras, Guatemala, Paraguay, México o Ecuador) cuando en países de la OCDE que han tenido graves dificultades como España o Italia poseen en torno a 4,7 camas por cada 1000 habitantes. Con estas cifras se puede entender las dificultades que están teniendo varios países latinoamericanos y las que seguirán teniendo ante la posibilidad de nuevas oleadas³¹. Estos sistemas sobrecargados por todo un abanico de enfermedades van a ampliar la brecha entre los distintos segmentos de la población, unos más vulnerables accediendo, en el mejor de los casos a instalaciones colapsadas, y otros con acceso a sistemas de salud privados.

El segundo grupo al que la pandemia va a golpear de lleno y poner en una situación extrema será al colectivo de emigrantes. Como sabemos, América Latina y el Caribe está atravesando un periodo de fuertes migraciones cuyos principales focos son Venezuela y Centroamérica. Colombia ha sido el principal país receptor de refugiados venezolanos con casi 1,6 millones, gran parte de los cuales no se encuentran de forma regular en el país³². Aunque Colombia ha realizado amplios esfuerzos por integrar y regularizar la presencia de los refugiados venezolanos, éstos siguen en una posición extremadamente vulnerable en lo que respecta al acceso al mercado laboral y a los servicios sociales.

Los países centroamericanos también han sido focos de emigración debido a la inseguridad, la pobreza, la desigualdad y la falta de oportunidades encarando una larga y dura travesía a través de México hasta llegar a la frontera con EE. UU. El cierre de fronteras y los confinamientos han sido iniciativas gubernamentales que han truncado las esperanzas de miles de refugiados dejándolos varados en los países de tránsito e impidiéndoles llegar a su destino. Todos estos millones de latinoamericanos se encuentran en una situación extrema en sus países y la migración les hace aún más vulnerables al no tener acceso a servicios básicos y estar totalmente desprotegidos en condiciones de hacinamiento y penosas condiciones sanitarias poniéndose en una situación de grave riesgo ante la pandemia.

Los Gobiernos latinoamericanos han aprobado diversos programas económicos y sociales con el fin de apoyar a los colectivos más vulnerables y evitar el colapso económico. En Colombia, el Gobierno creó un fondo para apoyar a las familias de menores ingresos y programas de distribución de alimentos y agua. En Costa Rica, el paquete económico alcanza los 1500 millones de dólares para las pequeñas y medianas empresas. En México, esa cifra se eleva a 31 000 millones al igual que en Brasil. Todos estos planes de estímulo han ido en muchos casos (Colombia, Chile, Costa Rica, República Dominicana y Honduras) acoplados a peticiones de créditos del Fondo Monetario Internacional lo que unido a la caída de la recaudación brecha entre los distintos segmentos de la población, unos más vulnerables accediendo, en el mejor de los casos a probablemente implicará que en los próximos años América Latina y el Caribe atravesará una fase de endeudamiento lo que llevará a recortes en el gasto público si se quiere conseguir un equilibrio fiscal. Esta austeridad no hará sino ahondar en los problemas económicos y sociales que han agravado la insatisfacción de la ciudadanía dañando los esfuerzos por conseguir una mayor inclusión social que lleve a un crecimiento sostenible en el futuro.

Esta crisis multidimensional que ha creado la COVID-19 va a tener en América Latina y el Caribe consecuencias desastrosas que pueden dirigir a la región hacia otra década perdida. Como se ha dicho a lo largo del artículo, la tensión y la insatisfacción dentro de las sociedades latinoamericanas provocada por múltiples factores como la falta de oportunidades para avanzar socialmente, el desempleo y la informalidad en el mercado de trabajo, la desigualdad, la pobreza o la inseguridad se han ido acumulando en los últimos años y a finales de 2019 comenzaron a brotar las primeras muestras de ese descontento. Los recientes casos de corrupción en la compra de insumos médicos que se han dado en Paraguay, Colombia, Bolivia, Ecuador o México son también otro de los potenciadores del descontento entre los ciudadanos en una región en la que los informes de Transparencia Internacional apuntan a que un número considerable de ciudadanos consideran que la corrupción se ha generalizado y ha aumentado en los últimos años y cuya confianza en las instituciones se ha desplomado³³.

Aunque las medidas gubernamentales hayan desmovilizado a los manifestantes y desarticulado las protestas, eso no es sino un respiro transitorio. Este respiro político se podría alargar en varios países si la pandemia sigue progresando durante este invierno. Sin embargo, el empeoramiento del escenario económico y social apunta a una mayor protesta y a una creciente inestabilidad que alcanzará seguramente a toda la región si bien presentando una mayor virulencia en países concretos.

Los efectos del coronavirus van a agravar la situación de países como Venezuela, Brasil y de los países centroamericanos³⁴. Venezuela es, hoy en día, la peor crisis política, económica y social en América Latina y el coronavirus se puede cebar con un sistema de salud severamente deteriorado tras años de ser pésimamente gestionado. Las medidas sanitarias han permitido a Maduro evitar un nuevo intento de la oposición de llevar a cabo una demostración de fuerza, pero también van a agravar la ya de por sí penosa situación en la que se halla el país.

A pesar de que pueda parecer el momento de ejercer presión sobre Maduro (tal y como indican las acciones de EE. UU.) lo cierto es que una cooperación limitada con el Gobierno venezolano para atender a la población más necesitada y vulnerable puede ser una solución a corto plazo, dejando las cuestiones sobre su legitimidad y una posible salida de Maduro para el medio plazo. En Brasil, la polarización política y la mala gestión de la crisis por parte del Gobierno han provocado un escenario político altamente imprevisible en el que la confrontación política entre instituciones y la confrontación social va a ir en aumento llevando al país a una situación peligrosa, aunque las posibilidades de un proceso de destitución sean, por ahora, reducidas.

Finalmente, en Centroamérica, las acciones de EE. UU. por detener el flujo de migrantes (reforzadas durante la pandemia) y las de México con el fin de evitar los aranceles estadounidenses van a poner una presión cada vez mayor sobre las sociedades centroamericanas que veían en la migración una salida a su situación y en una válvula de escape ante la presión interna generada por las condiciones de vida en sus países. La postura que adopten los Gobiernos centroamericanos y sus vecinos al norte puede generar una situación insostenible en Centroamérica que la convierta en un foco de inestabilidad en los próximos años.

Si se quiere evitar que América Latina atraviese un largo periodo de estancamiento económico que la convierta en un foco de inestabilidad es necesario que los gobernantes lleven a cabo reformas de gran calado, que reformulen las políticas económicas, que introduzcan nuevos mecanismos de alivio como los esquemas de rentas básicas, que reduzcan las desigualdades sociales y que introduzcan cambios en el modelo productivo. De lo contrario la región volverá a experimentar las turbulencias políticas, económicas y sociales a las que, por desgracia, se ha acostumbrado.

Mayumi Yasunaga Kumano*
Abogada

BIBLIOGRAFÍA Y NOTAS A PIE DE PÁGINA

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