La COVID-19 y la crisis económica, lecciones aprendidas (Parte I)

Un manifestante durante una protestas contra el Gobierno de Pedro Sánchez, en Madrid el 14 de mayo de 2020

Todos sabíamos que la famosa crisis sanitaria de la COVID-19 vendría emparejada y sucedida por otra crisis, aún mayor que la anterior y de índole social y económica. A los primeros días de ser reconocida la primera como pandemia, su inefable compañera de viaje, llamó a la puerta y, sin que nadie la invitara ni evitara que entrara, cómo ese huésped que nadie desea, se instaló entre nosotros.  

Tal y como ya se ha explicado en estas mismas páginas y, de hecho, debería haberse aplicado, toda acción, maniobra, decisión o hecho de transcendencia debe ser analizado en todas sus fases, acciones y reacciones para poder deducir, definir y acotar las más que necesarias lecciones aprendidas de todo lo bueno y lo malo realizado, lo olvidado o aquello arrastrado de acciones pretéritas similares o no, y lo que, por desidia o ineptitud, no supimos o no quisimos tener en consideración para evitar caer en ellas de nuevo. Así y sin más preámbulos me dispongo a desmenuzar las de esta nueva crisis, que promete ser larga, tediosa y veremos si aun mucho más peligrosa en términos reales y absolutos.

Protesta frente a la sede del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) después de que el presidente Pedro Sánchez dijera que busca otra prórroga del estado de alarma
  • Muy pocos se movieron, casi todos se dedicaron a esperar sin más, la mayoría de Estados, organizaciones, sectores empresariales  o empresas en particular ni siquiera trataron de amortiguar en algo los más que previsibles efectos que se veían llegar. 
  • Debería haberles bastado la aparición del tantas veces nombrado pánico y de su primera consecuencia, el caos generalizado, para que los gobiernos, el maldito mercado, las empresas y la sociedad en general, en lugar de callase y aceptar las ordenes de cierre sin más, aumentaran todo tipo de acciones, previsiones y propuestas claras a fin de paliar potenciales secuelas. Aún no sabemos, si precipitada o adecuadamente, en la mayor parte del mundo la economía se paró al instante sin tener claras cuáles iban a ser las consecuencias de la completa inactividad tras dicho brusco y total parón. 
  • Aunque el susodicho parón generalizado no haya sido una decisión unificada o global y simultánea, el contagio en economía es mucho más rápido y frecuente que en temas sanitarios y, además, sus efectos derivados, si bien no se suelen cuantificar en bajas o muertes provocadas, pueden llegar a ser aún mucho más letales, difíciles de sanar rápidamente y, en muchos casos, son de carácter duradero por lo que su total erradicación y recuperación puede llegar a convertirse en una pesadilla u objetivo imposible.
  • Antes de cesar forzosamente una actividad como consecuencia de una pandemia, hay que tener presente que cualquier crisis sanitaria forzosamente obligará a cambiar el formato, los usos, costumbres y maneras de desarrollar cualquier actividad; la manera de ofrecerse a los clientes y la necesidad o no del mismo tras conocerse las causas y consecuencias de dicha pandemia, por ello es conveniente ir adelantándose a los acontecimientos para evitar tener que hacerlos todos al mismo tiempo; incluso puede ser conveniente que, por gremios, se deban estudiar posibilidades para generar propuestas a las autoridades para que estos las puedan aplicar.  
  • Cerrar totalmente la actividad económica de un Estado por Decreto es un acto bien sencillo y, para ello, solo se precisa de una firma tras unos cuantos rimbombantes párrafos en el Boletín Oficial, acompañados de una serie de anexos que, por lo general, suelen ser vacíos, despiadados, extraños y de muy difícil o variopinta interpretación para el común de los mortales. Pero, por el contrario y a pesar de que muchos no lo admiten, ponerla de nuevo en marcha no es tan sencillo; antes de ello habrá que ver y sopesar los efectos nocivos del parón por su duración, sectores implicados y la posibilidad de recuperación del mercado, elementos dañados y su grado de implicación en otros factores que influyan en los demás, porque en economía no existen los compartimentos estancos. Situaciones todas ellas que, por efecto de la incapacidad para solventarlas, pueden dar lugar a alteraciones del concierto social.
  • La reapertura de un negocio sencillo -aunque no sea en las mismas o exactas condiciones anteriores- cerrado durante mucho tiempo no es lo mismo que la de una gran empresa cuyo negocio y funcionamiento  depende de infinidad de factores internos y externos como la cuantía de los pagos y compromisos atrasados, los cambios o limitaciones legislativas para desarrollar de nuevo la actividad, disponibilidad de suministradores, situación y estado del mercado, la resiliencia propia y de la competencia, la posibilidad de recuperación de los contratos perdidos, la disponibilidad del capital preciso para iniciar la producción y venta, el necesario número de empleados para la puesta en marcha a la vista del verdadero mercado y un largo etcétera.  
  • Existen sectores complejos que, aunque parecen aislados, además de su abultado número de empleados, tienen una repercusión directa en otros igualmente numerosos y complicados;  como por ejemplo,  el turismo y la hostelería con todo lo que depende y deriva de este ramo, como el transporte, el ocio, la cultura, incluidos museos, cines y teatros. Sectores que junto a otro tipo de actividades colectivas como los deportes de masas, los conciertos de música de todo tipo, las exposiciones, simposios y demás que tardarán mucho en poder abrir en las mismas condiciones; y cuando finalmente lo hagan, las verdaderas condiciones para ello, aún no serán, al menos durante muchos años, las mismas que hasta hace tres meses; e irremisiblemente, muchos se irán al paro. 
  • La previsible forma de contagio de esta infección ha originado serias consecuencias en lo referente a los obligados cambios en los hábitos y costumbres en las relaciones, contactos y modos de trabajo, viajar, divertirse, etc. Como consecuencia de ello, todos los negocios que implican o envuelven grandes masas de personas y los que aunque sean grandes o pequeños también obligan a los continuos o habituales contactos entre aquellas; donde para poder entrar de nuevo en actividad, tendrán que reducir su aforo y, por ello, muchos negocios podrían dejar de ser rentables y hasta verse obligados a cerrar. 
  • La crisis del comercio de moda tiene otro tipo de implicaciones especificas en España derivadas de no haberse permitido la apertura de las grandes superficies; la anunciada prohibición de montar rebajas, para evitar aglomeraciones, a pesar de que la crisis les ha pillado con todo el ‘stock’ de remate final de invierno, además, de la recién comprada y no pagada nueva temporada de primavera.   
  • Las medidas económicas de choque adoptadas por el Gobierno, anunciadas a bombo y platillo como buenas y espectaculares, han resultado ser un ‘bluf’ y mucho humo; los prometidos 200.000 millones de euros a “movilizar” por el Gobierno no son a poner sobre la mesa ni de forma urgente ni en su totalidad; la mayor parte -algo más de la mitad- deberá proceder de la aportación ajena al Estado (la banca principalmente); tan solo unos 30.000 millones de Euros provendrán realmente de las arcas nacionales y se harán efectivos a cuentagotas; el resto son simples avales del ICO, nada sencillos de obtener.  
  • Menos mal que el Gobierno no había tenido tiempo para llevar a cabo su amenaza sobre la anunciada derogación de la conocida como la Reforma Laboral en vigor, en ella se contempla la existencia de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE); una herramienta que es de mucha utilidad cuando una empresa, por causa mayor, como un incendio, suspende su actividad por un tiempo prolongado y el Estado se hace cargo del abono de parte de los emolumentos e impuestos de sus trabajadores con lo que la empresa disminuye costos, a cambio de volver a integrar a su plantilla al completo cuando reinicie su actividad y a mantenerla por seis meses más tras el final del ERTE. Herramienta que al haber sido aplicada de forma masiva y dado que las condiciones de trabajo y mercado de muchas de las empresas con ERTE no podrán ser las mismas en mucho tiempo o nunca, al entrar en este sistema, se han hipotecado en compromisos que difícilmente podrán cumplir. Han sido precisas muchas negociaciones y presiones para que, finalmente, el Gobierno cediera en parte de sus aspiraciones y se amoldara a los requerimientos empresariales aunque no satisfacen por completo sus aspiraciones.    
  • El desorbitado crecimiento del número de parados es uno de los principales hándicaps con los que se enfrenta el Gobierno y la economía en general. ‘Papá’ Estado actualmente cubre con subvenciones, pagas u otro tipo de ayudas las necesidades de más de 5,2 millones de personas. A lo que hay que añadir el elevado número de pensionistas, los autónomos que aún permanecen en pie pero pueden caer de alargarse la situación precaria de sus negocios o las leoninas condiciones sanitarias y de máximo aforo para su reapertura. En ese caso, los ERTEs, irremisiblemente, y, por mucho que insista o amenace el Gobierno, se convertirán en EREs. Las cifras dadas por los expertos para final de año son jamás vistas en España. 
  • Solo en los ERTEs, el Ejecutivo deberá hacer frente a unos pagos alrededor de 5.500 millones mensuales, si es que son capaces de procesar todos los expedientes -en dos meses aún resta el 20% de los afectados por normalizar sus cobros-. En total y en números redondos, alargar los ERTES hasta junio costará unos 18.000 millones de euros. 
  • Otro grano es la imposición a nivel estatal de una “renta mínima vital” cuyo importe pretende ser entre 462 euros y 1.015, aunque Iglesias pretendía llegar a los 1.200. Subvención que se estima pueda afectar a más un millón de hogares de personas que ‘auto declaren’ no trabajar y estén inmersas en búsqueda de empleo. Cobro que será compatible con percibir salarios muy bajos (aún por determinar su importe máximo) y otro tipo de ayudas similares ya existentes a nivel comunidad autónoma o local. Su entrada en vigor supondrá un nuevo costo añadido y nada desdeñable a las arcas del Estado; costo que oscila entre los 3.500 y los 12.000 millones anuales, según sea la cuantía a pagar en cada caso. Los pagos en la gama más alta suponen un agravio con los que perciben el salario mínimo interprofesional (SMI) fijado en 950 euros. 
  • Tanta subvención puede llevar a un cierto desinterés por trabajar en blanco y dedicarse a vivir de aquellas o, lo que es peor, acoplarse aún más en la economía sumergida. En cualquier caso, aunque a primera vista tiene bastantes partidarios y en muchos casos pude llegar a ser necesario, no es preciso que tenga un carácter indefinido, debería ser de carácter extraordinario y limitada en el tiempo para evitar convertirse en un gancho  para retener un elevado número de votos.
  • El alargamiento durante varios meses del estado de alarma y la saducea ligazón -introducida por el Gobierno-  del mantenimiento de esta situación al posible cobro de los ERTEs supone un cheque en blanco de doble vía para el Ejecutivo. Las presiones empresariales, y de otros sectores, han forzado parcialmente a un cambio más de criterio en el Gobierno y los ERTEs ya no quedan ligados al estado de alarma y se podrá despedir antes de los seis meses marcados por ley, si la empresa entra o queda bajo amenaza de concurso de acreedores.
  • En uno más de los mil alardes publicitarios que llevamos en dos meses -todos ellos vacíos de contenido real-, el presidente Sánchez, con cara medio compungida e ilusionada, llamó a todos a filas –tal y como hizo el Tío Sam para defender a la Patria- y nos anunció una nueva versión de los llamados Pactos de la Moncloa (1977), aunque nada tiene que ver aquello con la situación actual. Su propuesta no tuvo el suficiente tirón y ha acabado en una descafeinada “Comisión para la Reconstrucción” presidida y copresidida por dos personas nada idóneas, que no tienen formación económica, son sectarios y que ya han puesto los pies en alto para vetar los temas, tiempo de trabajo semanal y tipos de pactos. Puede que este bodrio cumpla la norma que reza “Si quieres que algo no funcione, crea una Comisión”. Por si fuera poco y dado que “el tema no es importante” ni necesario para la marcha y salida económica de España, le han otorgado un corto plazo de tiempo (finales de junio) para que presente sus concusiones. Resultado, un hermoso tiempo perdido; todo augura a una típica ‘faena de aliño’ con pocos o muy malos resultados y que en esta crisis económica volveremos a llegar tarde y nada o muy mal preparados como pasó con la crisis sanitaria.
  • En otro alarde publicitario más, cuando no toda España está punto de pasar a la fase 1 (que en realidad es la 2) por el mal llamado programa de desescalada, en pleno hundimiento de la economía -con una caída estimada del 13% del PIB en 2020, según el Banco de España-, el Gobierno anunció un ambicioso fondo especial para la reconstrucción, dotado en su conjunto con 16.000 millones no reembolsables. Pero tan solo 24 horas más tarde aclaró que los pagos no llegarán de forma inminente1 y serán proporcionales a sistema tributario de las CCAA.
  • En el orden internacional, la UE se lleva tiempo debatiendo sobre qué tipos de ayudas se pueden dar a los socios en apuros de la Unión y sobre su forma de recuperación o no.  Alemania y Holanda junto a los nórdicos son muy resistentes a que sean sin límite y tampoco que todos ellos sean gratis total; por lo que piden algún tipo de acciones de tipo rescate con devoluciones a algún interés u otro tipo de limitaciones por entender que tanto España, Italia como Grecia (los tres países más afectados) no habían seguido durante años las instrucciones de la UE. 
  • En este campo, tras haber perdido, España e Italia la batalla de la emisión de los llamados eurobonos (a pagar por todos los miembros), el pasado día 8 de mayo, la UE puso en marcha una línea de crédito blanda de 240.000 millones sin ‘troika’ ni 'hombres de negro' para los gastos de la crisis del coronavirus. El dinero -disponible a partir del 1 de junio- saldrá del Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE), el fondo de rescates de la UE, y los países pueden pedir hasta un 2% de su PIB a fecha del 31 de diciembre de 2019 (unos 25.000 millones en el caso de España) para gastos "directos e indirectos” a un interés blando -en torno al 0,115% anual- con un plazo de 10 años para devolverlo.
  • Ante la situación que atraviesa España y las negras presiones a corto y medio plazo, surge la posibilidad de que España se vea obligada a recurrir a dichos fondos MEDE, aunque, por el momento, sin haberse explicado bien las causas reales o el trasfondo que llevan a ello, crece la opinión en el Gobierno que las compras del Banco Central Europeo (BCE) de emisiones de deuda y aquellas abiertas al mercado por parte del Tesoro parecen estar dando un respiro a España. Actitud difícil de entender porque es mucho más costosa y, ahora mismo, sería mucho más barato obtener créditos del MEDE, salvo que, como parece, se baraje la idea de que recurrir a ello es políticamente tóxico, y arrastra ciertos estigmas desde que Grecia los usó en la crisis de 2008 y porque como condición indispensable está tener que dedicar el dinero obtenido así exclusivamente a gastos relacionados con la COVID-19; gastos, que deberán justificarse.  
  • El abonar pensiones, paro y todo tipo de subsidios lleva al Ejecutivo a una situación de peligro en sus balanzas; junio va a ser el mes más crítico porque deberá hacerse frente a los pagos ordinarios y a las extras de pensionistas y empleados públicos; además a los pagos a cuatro millones de trabajadores que están cobrando un ERTE de fuerza mayor; y, por si  fuera poco, en el mismo mes, la Seguridad Social comenzará a abonar la prometida renta mínima, cuyo coste anual rondará los 3.000 millones. En definitiva, la cifra total a gastar en junio superará los 29.000 millones; por lo que, a pesar de las expresadas reticencias, al verse acorralado por tanto gasto, el Gobierno ya parece abocado a pedir el rescate a Europa; pero no solo al denostado y mencionado MEDE, sino también al conocido como el fondo para el desempleo (SURE), un fondo de hasta 100.000 millones en total para créditos de la Comisión Europea, cuyo detalle sobre la ejecución y devolución o no de lo que se nos asigne aún debe negociarse en Bruselas.
  • Además de lo expresado en posibles ayudas por parte de la UE y las también mencionadas capacidades, posibilidades e intenciones del BCE en continuar adquiriendo deuda pública de los Estados y dando créditos a interés mínimo a los bancos para que puedan a su vez prestar a las empresas y autónomos, queda todavía una gran batalla por luchar para conquistar lo máximo posible del llamado Fondo de Reconstrucción, que tiene una dotación de 1,5 billones y del que el presidente Sánchez pretende que se deriven a España transferencias a coste cero y otras en forma de deuda perpetua. De momento, Europa ha dicho no a dichas peticiones.
  • A pesar de que solo se llevan dos meses de confinamiento con las empresas cerradas, el número de familias que precisan ayudas económicas y en especie ha aumentado de tal forma que, según organizaciones serias dedicadas a dar de comer a los necesitados, se puede asegurar que las peticiones de comida recibidas en un mes iguala al total del año pasado. Punto que demuestra que el problema es muy grave y que hay mucha gente que ha tenido que aflorar estando en la economía sumergida.  
  • El vicepresidente Iglesias sigue insistiendo en la necesidad de introducir un nuevo impuesto a las grandes fortunas y empresas lo que supondrá un nuevo coste añadido y la deslocalización de grandes sumas y empresas a lugares donde la política recaudatoria sea menos hostil.
  • La UE ha aprobado que se pueda nacionalizar y rescatar determinadas empresas en apuros, pero hay que tener presente que el rescate será temporal y queda prohibido rescatar empresas que a finales de 2019 tuvieran problemas de viabilidad. 
  • Como remate final o puntilla casi definitiva para todo el sector del turismo, el Gobierno ha impuesto una cuarentena de 14 días a toda persona que entre en España hasta que finalice el estado de alarma (cosa que va para largo, según las últimas noticias). Una postura y medida que va contra de lo que pretende la UE y varios países de nuestro entorno y en competencia directa en el Mediterráneo que se encuentran inmersos en diversos proyectos de reabrir el espacio Schengen y corredores seguros para facilitar el paso de turistas.
  • Francia, en correspondencia a tal medida, ha tomado la misma medida con respecto a todo el que provenga de España; algo que no solo afecta a la imagen del país (leprosería al uso) y al turismo en particular, sino que corta de raíz todo tipo de exportación hacia Europa que deba cruzar el territorio galo. 
  • La globalización de ambas crisis, y principalmente la económica, hace que muchos países empiecen a reconsiderar el recuperar parte de las expansiones de sus fábricas que antaño crearon fuera de sus fronteras para levantar su industria y empleo nacional. Las grandes empresas del automóvil con patente extranjera ubicadas en España corren el peligro de reducción de plantillas y de producción o incluso de cierre definitivo y total con lo que esto supondrá. 
  • Sin embargo, en España, el Gobierno en general, y la rama de UP en particular, no andan por dicha labor ni tampoco son muy acertados en sus declaraciones, pensamientos en voz alta, intenciones y hechos anunciados. Cada día, como mínimo, levantan una alarma o atacan directamente a un sector, bien sea la industria más importante, el hotelero, el turismo, la agricultura, nuevos y gravosos impuestos a las rentas más altas y grandes empresas y un largo etc. Cosa que no ayuda nada a mantener un equilibrio, la sensación de cobertura, de seguridad y apoyo a sectores que son parte importante del PIB nacional y que precisan de fuertes soportes oficiales como ocurre en nuestros países del entorno  que son claros competidores en algunos de los mencionados sectores.  
  • Por otro lado, dada la aplicación de constantes prorrogas del estado de alarma, las personas empiezan a cansarse al ver cercenadas sus libertades personales y laborales ya que el Gobierno usa tal situación como más propia de un estado de excepción al imponer normas muy restrictivas al comercio, juega con el pase de una fase a otra de confinamiento entre CCAA a su capricho y elección e impide, entre otros, el derecho de manifestación. De hecho, supone un toque de queda a partir de las 23 horas (alegando para ello, motivos sanitarios); lo que permite mantener una forzada y falsa ‘paz social’. 
  • Al hilo de lo anterior y por la paulatina degradación económica y social que empieza a hacer mella entre la población y en los diversos sectores de trabajo, se ha conocido un informe oficial de la Guardia Civil que pone de manifiesto la alta probabilidad de que a lo largo de esta crisis surjan conflictos sociales y laborales de cierta importancia. 

En definitiva, a modo de resumen y conclusión final, se puede asegurar que estamos ante dos crisis concatenadas -una inacabada y otra que acaba de empezar- muy graves, transversales y de tipo universal aunque con repercusiones diferentes según sea el país a tratar.  Para nuestra desgracia, las hemos dejado llegar e instalarse, sin tomar medidas, en tiempos en los que los españoles estamos en manos del peor gobierno que podíamos pensar y que claramente se muestra incapaz de manejarlas con solvencia, eficiencia, prontitud y cierto de grado de transparencia y claridad.

El viceprimer ministro español de Derechos Sociales y Desarrollo Sostenible y el líder del partido Podemos, Pablo Iglesias, asiste a una sesión en el Congreso de los Diputados de Madrid, el 25 de marzo de 2020

Nuestros antecedentes y cimientos económicos con los que las vamos a enfrentar son totalmente incompatibles e insuficientes con lo que necesitaríamos tener para poder salir digna y airosamente y a la mayor rapidez posible de ambas. Situación, que se agrava con las políticas de un Gobierno social-comunista expansionista, inclinado hacia la dádiva, el expansionismo o gasto descontrolado, la subvención, la sistemática subida de impuestos, aunque no sea la ocasión más propicia para ello, el malentendido control a ultranza de la población y el perverso proteccionismo en busca de mantener permanentes rehenes entre la cautiva sociedad. 

Las decisiones adoptadas, al menos de momento, no auguran nada bueno y apuntan a peor porque parten de un concepto erróneo que consiste en tratar de ocultar los defectos y las graves responsabilidades que una mala previsión, nula anticipación y pésima gestión de la crisis sanitaria;  lo que le lleva al Gobierno a ser excesivamente cauto por entender que no saben gestionarla bien y para no volver a caer en errores del pasado que le puedan costar una fuerte caída de su popularidad.

Un letrero que dice "Cerrado por alerta sanitaria" se muestra en la ventana de una tienda cerrada en Madrid, el 4 de mayo de 2020, durante el cierre nacional para evitar la propagación de la enfermedad COVID-19

Fuimos de los peores en el mundo para gestionar la inacabada crisis sanitaria y mucho me temo, que, a pesar de todas las ayudas rescates y otros tipos de apoyos que de la UE que nos puedan llegar, con las circunstancias endémicas que arrastramos y nos rodean, el parón universal y este equipo de neófitos gobernantes de ideas anticuadas, ancestrales y ya superadas, esta crisis derivada de la anterior también será mal gestionada, tardaremos en salir de ella y seremos de los últimos en poder superarla del todo.            

Referencias:

1 Las primeras ayudas tardarán casi dos meses en llegar y varios meses más los siguientes pagos prolongándose hasta casi el final del verano.

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