La década prodigiosa de Túnez
Con excesiva frecuencia, los análisis occidentales de los movimientos populares de apertura en los países árabes, no ha estado exento de una versión de orientalismo decimonónico puesto al día, cuyo hilo conductor es la idea preconcebida de un supuesto ‘excepcionalismo árabe’ que harían intrínsecamente incompatibles democracia y mahometanismo. Como consecuencia, los esfuerzos de regeneración social en países como Túnez son especialmente desafiantes, por cuanto que su éxito tendría la virtud añadida de refutar el prejuicio orientalista, algo que parece haber entendido mejor que nadie los jóvenes tunecinos, como quedó demostrado en el incremento cualitativo de su participación política en las elecciones presidenciales de 2019, rompiendo una pauta histórica de apatía, asertando así su voluntad de ser agentes de su propio futuro, y poniendo sus esperanzas en Kais Saïed, que supo acercarse a los jóvenes para entender sus preocupaciones, y recibió su respaldo contrarrestando las adversidad de los medios tradicionales con Kais Saïed promoviendo su candidatura con un campaña juvenil en redes sociales.
No faltan sin embargo quienes dentro de la propia sociedad tunecina sintonizan con los prejuicios del orientalismo occidental, y tienen intereses creados en poner palos en las ruedas de los cambios estructurales para los que el presidente Kais Saïed recibió un mandato inapelable, que sigue empeñado en cumplir, aún y abstrayéndose del cambio de juego que para el Magreb supone el acuerdo entre Marruecos e Israel y centrándose en acometer una limpieza ética inaudita en Túnez.
Las calles has sido de nuevo escenario de las contradicciones latentes que dificultan los esfuerzos del presidente Saïed, al rebufo del aniversario del Revolución de los Jazmines: después de que el 27 de enero el parlamento ratificara en una sesión maratoniana a los nuevos once ministros, nombrados por el jefe de gobierno Hichem Mechich, el presidente Saïed manifestó su oposición a la toma de posesión de los nuevos ministros aduciendo su cuestionable pasado. Esto, en efecto, supone un choque de legitimidades, dado que el jefe del ejecutivo deriva su poder de la mayoría parlamentaria, mientras que el jefe del estado es elegido directamente por los electores.
No es de extrañar, por lo tanto, que se haya intentado resolver esta tensión por la tangente, en las calles, mediante protestas masivas que han desembocado en episodios de violencia policial y arrestos masivos, que han incluido centenares de menores. Sin ser esta la primera vez en tiempos recientes que Túnez parece estar al borde de la ruptura, en esta ocasión, a diferencia de lo que sucedió en los meses posteriores a la revolución de 2011, los islamistas tunecinos de Ennahda, y los nacionalistas del Partido Destour, han hecho un tácito frente común declarando en público su apoyo a los sindicatos policiales y a la actuación de las fuerzas de seguridad tunecinas, que no parecen estar siguiendo las instrucciones del gobierno de Hichem Mechich. Cabe destacar que la Constitución de Túnez prohíbe expresamente el derecho a la huelga de los sindicatos policiales, por lo que la situación supone, además de un problema de orden público, uno de desobediencia constitucional, algo que obligará a los jefes de gobierno y estado a encontrar una salida para evitar que el aparente control sindical de la acción de las fuerzas de orden público, y la invocación del partido islamista a un golpe militar durante las oraciones públicas, degenere en una situación incontrolable, agravada aún más si cabe por la crisis pandémica y la penuria endémica.
No obstante, se antoja improbable que un compromiso entre gobierno y manifestantes conlleve un cese súbito de las protestas en la calle, si quienes están alentando la represión policial y hasta el involucionismo no forman parte de una ecuación en la que el entendimiento institucional, de grado o por fuerza, es clave para extinguir la mecha de la violencia. Los hechos del 6 de enero en el Capitolio demostraron que la democracia tiene muy poco que ver con la etnicidad y mucho con el respeto a las instituciones. En este sentido, sería útil que los líderes políticos tunecinos extrajesen las conclusiones necesarias que les llevasen a acelerar la composición del Tribunal Constitucional, que ha estado boicoteada por razones sectarias desde 2014.
Sin un tribunal constitucional plenamente funcional, no existen mecanismos de autoridad para arbitrar y resolver los conflictos de solapamiento de poderes que personifican Mechich y Saïed, por lo que la situación tenderá a osificarse. En el mismo sentido, un tribunal constitucional plenamente operante podrá dotar de respaldo constitucional a los esfuerzos éticos del presidente Saïed, facilitando la reforma de la Autoridad Nacional Anticorrupción de modo que la prevención de la corrupción forme parte de los procesos y procedimientos gubernamentales.
Tal y como ha señalado Richard L. Hasen, profesor de derecho en la Universidad de California, toda disfunción institucional tiende a traducirse en una polarización extrema, que imposibilita la aprobación de leyes adecuadas para solucionar las disputas políticas. Por consiguiente, cuando se llega a tal situación de bloqueo, es necesario reformar las instituciones, para que sean estas las que canalicen la resolución de conflictos. Túnez no es desde este punto de vista diferente de cualquier otra democracia, occidental o no, ni adolece de ningún determinismo étnico que lo aboque a la excepcionalidad, por lo que le sirven las mismas recetas aplicadas al resto de las democracias.