La dictadura cubana a lo suyo, más restricciones a la libertad
No cabía esperar otra cosa. Las inesperadas y sorprendentes manifestaciones en toda Cuba al grito de “Libertad”, “Patria o Vida” o “Abajo la dictadura” solo han alertado a la gerontocracia comunista que rige la isla de que su poder podría tambalearse. Para el presidente Díaz Canel, su supervisor Raúl Castro, y el resto de la “nomenklatura” dirigente, las protestas no eran más que intentos contrarrevolucionarios de una ínfima minoría por minar su “paraíso”, azuzados por los núcleos anticastristas de Estados Unidos.
Lejos, pues, de oír las peticiones de más libertad y democracia, el régimen cubano ha vuelto a lo que mejor saber hacer: reprimir y restringir. Aún no se han esclarecido los centenares de arrestos de manifestantes y disidentes, ni siquiera la misteriosa muerte en cascada de nada menos que seis generales del Ejército cubano, y el régimen ha publicado su primera ley sobre ciberseguridad. En ella se establecen hasta 17 “incidentes”, una manera suave de enumerar los delitos que el régimen considera de peligrosidad entre media y muy grave, todos ellos castigados con los diversos grados de presidio que ya prevé el duro Código Penal cubano.
Como es habitual en toda dictadura que se precie, para los prebostes de La Habana los delitos más graves son “la difusión de noticias falsas, los mensajes ofensivos, los difamatorios y los que tengan un impacto sobre el prestigio del país”. La ley cubana no se detiene en explicar en qué consiste cada uno de esos delitos. Va por lo tanto de suyo que noticias falsas, mensajes difamatorios o desprestigio del país será lo que quieran sus dirigentes comunistas, sea difundir la hambruna y falta de horizontes que padece la inmensa mayoría de la población, la confiscación de la mayor parte del salario que deberían percibir los sanitarios o educadores cubanos en misión en el extranjero, o la corrupción que campea entre dirigentes e instituciones que disfrutan de alguna cuota de poder.
Lo único que parece haber aprendido el régimen de las protestas del pasado 11 de julio es que el acceso de la población a internet significa que la gente tiene muchas más fuentes de información que las oficiales del régimen. Llegado a Cuba en 2018, el internet móvil ha propiciado que las redes hirvieran de relatos de cubanos que demostrarían a sus propios compatriotas la asfixia informativa a que les lleva sometiendo el régimen desde hace 63 años, y, en definitiva, haberles mantenido en una permanente mentira durante cuatro generaciones.
No deja de ser una ironía que para un régimen que asienta uno de los pilares de su legitimidad para prolongarse indefinidamente en el “bloqueo” al que supuestamente le somete Estados Unidos, bloquee a su vez todo intento de libertad de expresión del pueblo cubano. De hecho, la promulgación de esta nueva ley de ciberseguridad coincide, además, con la condena de La Habana al Senado norteamericano por “agresión”, al adoptar dicha Cámara legislativa una enmienda que obliga al presidente Joe Biden a disponer de todas las capacidades tecnológicas del país para proporcionar a los cubanos un acceso a internet sin restricciones, eludiendo la censura del régimen.
También coincide la medida con un nuevo encarcelamiento del líder de la Unión Patriótica Cubana (Unpacu), José Daniel Ferrer. Este disidente y opositor cumplía arresto domiciliario, por lo que no pudo participar activamente en ninguna de las manifestaciones registradas en más de 40 localidades cubanas el 11 de julio. Ello no ha sido óbice para que el régimen lo acuse de “desórdenes públicos” y le haya impuesto una nueva reclusión carcelaria de cuatro años. El Partido Comunista Cubano (PCC) teme el protagonismo creciente de Ferrer, que se ha permitido crear un partido político, el Partido del Pueblo, enfrentándose al único permitido, el Comunista, y ser elegido entre los disidentes como líder del denominado Consejo para la Transición Democrática en Cuba.
Como ya es cansinamente habitual, cada movimiento del régimen cubano en el que se quiere atisbar una ocasión de apertura o evolución es seguido casi de inmediato con una nueva vuelta de tuerca a las libertades y un endurecimiento en el trato al disidente o activista opositor. Un comportamiento que también cabría interpretar de otra manera: que pierdan toda esperanza los ingenuos que, dentro o fuera de la isla, albergan algún resquicio de confianza en que el régimen terminará abriéndose, contradiciendo la experiencia histórica de que no existe dictadura alguna de las enunciadas como de izquierdas que haya caído nunca pacíficamente.