La Generalitat de Cataluña vulnera la política exterior española
La política internacional que está llevando a cabo el gobierno de la Generalitat catalana pone en cuestión aspectos fundamentales de la política exterior española, sin que el Gobierno de España haya tomado hasta el momento las medidas oportunas.
Los partidos y formaciones independentistas de Cataluña mantienen relaciones, contactos periódicos y realizan actividades conjuntas con otros movimientos afines en Europa, en el norte de África o en América Latina. Forma parte de sus derechos el poder hacerlo. La Constitución y las leyes españolas lo permiten.
Sin embargo, desde hace ya un tiempo no son solo los partidos independentistas los que llevan a cabo estas actividades, sino que se ven apoyados, sostenidos y financiados por la Generalitat de Cataluña. Los funcionarios de Puigdemont antes y de Torra ahora, se mueven en un terreno político que no les corresponde, y terminan siendo la punta de lanza del independentismo rupturista en España, que busca extender su influencia apoyando a movimientos europeos abiertamente secesionistas en países con los que España mantiene una relación privilegiada.
La crisis derivada del “caso Puigdemont” entre España y Bélgica, se debe principalmente al apoyo que los partidos flamencos independentistas Nieuw Vlaamse Alliantie y Vlaams Belang otorgan al independentismo catalán. Estos partidos utilizan su peso en los órganos de gobierno belgas y en las instituciones judiciales y policiales, para impedir que la Euroorden emitida para la repatriación de Carles Puigdemont, se haga efectiva. Los interlocutores de estos movimientos no son sus homólogos catalanes, sino la Generalitat.
El Gobierno de la Autonomía catalana hace igualmente guiños al Partido bávaro que quiere la independencia de esta región alemana, o al Tjóöveldi danés que milita por la independencia de las islas Feroe. Otro tanto hace con diferentes grupos independentistas de Gran Bretaña, de Inglaterra, Escocia, País de Gales o Cornualles. Con el pretexto de buscar apoyos para su causa, los grupos independentistas catalanes se alían con cualquier movimiento que cuestione la Unión Europea o la integridad territorial de cada uno de sus Estados miembros; lo que se traduce en un problema cuando son departamentos de la Generalitat los que llevan a cabo estas actividades.
Más delicado resulta aún para España la política que el independentismo catalán lleva a cabo con nuestro vecino francés. Las actividades conjuntas, el apoyo abierto y las reuniones que el independentismo catalán realiza con los partidos occitanos, con el Frente Nacional de Liberación corso, y sobre todo con los independentistas de Provenza y del Rusillón, plantean un serio problema para la política exterior española, porque en esas actividades se mezclan los grupos catalanes como Esquerra Republicana, Juntos por Cataluña o la CUP, con funcionarios de la Generalidad que representan un organismo institucional político español.
El Gobierno de España hasta ahora evita abordar el asunto, quizás esperando que la ola vaya a menos. Y si la crisis no ha derivado en un conflicto diplomático, es quizás por la prudencia de los socios europeos.
Otro tanto ocurre con los dos países del Magreb con los que España mantiene por razones históricas y económicas, relaciones estratégicas privilegiadas: Marruecos y Argelia. El Gobierno de la Generalitat no esconde su apoyo a los movimientos independentistas tanto del Rif marroquí, como de la Cabilia argelina, y por supuesto al Frente Polisario en el Sáhara Occidental. La gravedad del asunto deriva del hecho que el apoyo, logístico y a menudo financiero, a estos grupos, se hace desde las oficinas de la Generalitat; lo que puede derivar en una crisis seria entre España y sus socios aliados del norte de África.