La imparable Agencia Espacial Española
Es cuestión de unos pocos días. Será a principios, mediados o finales de diciembre, como muy tarde. Se trata de la aprobación por el Consejo de Ministros de la cuarta Estrategia de Seguridad Nacional que Pedro Sánchez se ha comprometido a publicar en 2021. Cuando reciba el visto bueno, habrán transcurrido casi 18 meses desde que Moncloa anunció que arrancaba su redacción para sustituir a la de Mariano Rajoy vigente desde 2017.
El documento que está a punto de ver la luz abre la puerta a la fundación de la Agencia Espacial Española, nombre que le adjudicó a finales de mayo el defenestrado director del Gabinete de la Presidencia, Iván Redondo. Su creación supone la rendición del Gobierno de coalición PSOE-Unidas Podemos a la evidente y urgente necesidad de constituir una especie de ventanilla única, una organización que asuma la definición de la política, la estrategia y los planes nacionales en materia espacial, todo ello inexistente hasta hoy.
Ahora, decapitado políticamente Iván Redondo, Moncloa va a justificar ante la oposición el nacimiento de la Agencia Espacial nacional como una línea de acción o recomendación incluida en la Estrategia de Seguridad Nacional de diciembre de 2021 o bien inserta en la nueva Estrategia de Seguridad Aeroespacial Nacional que se aprobará poco después.
Sea como sea, es una decisión de suma trascendencia. España ha quedado descolgada del gran pelotón de naciones de Europa, Asía, África, América e incluso de Oceanía, que a partir del año 2000 han establecido sus respectivas agencias espaciales y elegido una persona de prestigio que la personifica y representa, una decisión clave que también tiene que tomar el Gobierno español.
La miniaturización de las tecnologías, el abaratamiento del transporte a la órbita ultraterrestre cercana y más allá, los vuelos suborbitales y el incremento de la presencia comercial de inversores y empresas en el espacio ha originado que una gran cantidad de países hayan dado forma a sus propios marcos legales nacionales. En paralelo, muchas naciones han definido su estrategia de futuro acorde con sus intereses para tener una voz propia y única en los foros internacionales. España no lo ha hecho y la COVID-19 no es excusa. Todos los países han sufrido la pandemia.
En definitiva, resulta de todo punto conveniente dar forma a un organismo que unifique y coordine las distintas competencias que están repartidas nada menos que entre cinco ministerios. Pero no solo eso. Hay que constituir un marco legal que ofrezca seguridad jurídica a las inversiones e incentive las actividades tractoras para aprovechar las oportunidades que ofrece el mercado. Y, por supuesto, definir una Política Espacial Nacional que abra el camino a estrategias y planes concretos. En su conjunto, son las tres herramientas básicas que el Gobierno de coalición que preside Pedro Sánchez debe abordar sin más dilación.
Las tres iniciativas son imprescindibles en el caso de que España quiera dejar de estar representada por terceros y tenga la ambición de tener algún tipo de papel en el nuevo y enorme escenario económico y de seguridad que, paso a paso, se está construyendo en la órbita baja de la Tierra. Su repercusión en la prosperidad de las naciones es incalculable, pero de manera muy especial beneficia a aquellos países que dispongan de capacidades y quieran ejercer su voz y voto en el nuevo marco geoestratégico y económico global que está surgiendo a pasos agigantados.
Todo lo anterior ha quedado patente en el I Congreso Jurídico Espacial celebrado hace un par de días en Madrid, un foro para reflexionar y debatir sobre la importancia de regular el sector espacial en España. Representantes del ámbito académico, institucional e industrial que conforman el tejido espacial nacional son unánimes en demandar al Gobierno que reaccione ante la revolución económico-espacial por la que atraviesa el mundo, que añade actores privados a un campo antaño limitado a los Estados.
Pero conviene hacerlo “con ánimo impulsor” y no con reminiscencias decimonónicas que priman los aspectos “obstaculizadores y sancionadores”, puntualiza Rafael Harillo, abogado del bufete Mas y Calvet especializado en temas aeroespaciales y vicepresidente de la Asociación Española de Derecho Aeronáutico y Espacial (AEDAE), organizadora principal del Congreso.
En el Congreso ha intervenido y ha expresado su parecer sin tapujos el director general del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA), el teniente general José María Salom. Con su amplio conocimiento de las capacidades globales espaciales que existen en España, ha deplorado que para sobrevivir aceptemos “las migajas” que dejan otros países y ha reclamado una agencia “para defender los intereses de España en todos los foros internaciones”.
El INTA se muestra a favor de establecer una agencia, que considera “fundamental”. Entiende que debería “constituirse sobre la base de las organizaciones que ya existen, incluso con personas procedentes de la industria”. No se trata de dar forma a una especie de NASA, sino a una pequeña organización de gestión “de alrededor de 70-80 personas”, apoyada en sus vertientes técnica y administrativa por diferentes organismos, propone el general Salom.
Lamentablemente, no fue posible conocer el punto de vista del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI), la institución del Ministerio de Ciencia e Innovación que gestiona la participación española en la Agencia Espacial Europea. Junto al INTA, el CDTI es clave para dar vida y forma a la nueva agencia. Invitados varios de sus directivos a exponer sus pareceres, declinaron su presencia por compromisos previos.
En el plano de la cooperación bilateral, la profesora Ana Inés Gómez de Castro, catedrática de Astronomía y Astrofísica e investigadora principal en España en el observatorio espacial ultravioleta ruso WSO es un ejemplo de las dificultades que supone la ausencia de una agencia espacial. “Empujar el proyecto WSO sin tener al lado una agencia ha supuesto para mi equipo y para mí un gran sufrimiento, desgaste y una gestión titánica y muy poco eficiente”.
El presidente de TEDAE, Ricardo Martí Fluxá, al igual que altos directivos de los Clúster Aeroespaciales de Madrid, País Vasco (Hegan) y Aragón (AERA) han reclamado la puesta en marcha de una organización nacional que sirva de guía a las iniciativas y actividades del mundo empresarial, como ya ocurre en Portugal e incluso en Luxemburgo, Turquía, Polonia y Rumanía. El aeropuerto de Teruel tiene en proyecto levantar nuevas instalaciones dedicadas al sector espacial, pero la inexistencia de una Ley espacial provoca que seamos “menos competitivos frente a otros países”, puntualiza el presidente de la AERA, Alejandro Ibrahim.
Los políticos también han expresado su parecer. Han sido los portavoces de los cinco partidos mayoritarios de la Comisión de Ciencia e Innovación del Congreso de los Diputados. Mejor dicho, no de los cinco partidos. El portavoz del Grupo Socialista, Javier Alfonso Cendón, que había confirmado su presencia, finalmente se excusó y el portavoz de Unidas Podemos ni siquiera respondió a la invitación. Los del Grupo Popular (Elena Castillo), VOX (Manuel Mestre) y Ciudadanos (Juan Ignacio Lopez-Bas), confirmaron su total apoyo a constituir una Agencia Espacial nacional y a seguir reclamando su instauración.
El Congreso Jurídico Espacial ha recogido el “parecer unánime” del conjunto del colectivo y de gran parte de las formaciones políticas. España debe acometer “lo más pronto posible” la regulación nacional del sector espacial y la constitución de una Agencia, recalca Elisa González Ferreiro, presidenta de la Asociación Española de Derecho Aeronáutico y Espacial. Mantener el ‘status quo’ actual con cinco Ministerios no solo es un auténtico atraso. Es desconocer por dónde van los tiros y quedar al margen de la realidad. Salvo que se quiera ser comparsa de otros, que también es una opción.