La nueva crisis migratoria en Canarias: síntoma de un problema mayor

Este otoño de 2020, catorce años después de la “crisis de los cayucos”, Canarias ha vuelto a convertirse en uno de los destinos predilectos de las rutas migratorias desde África Occidental y el Magreb. Esta semana ha sido desalojado el muelle de Arguineguín, situado en Mogán, Gran Canaria. El muelle se estableció en agosto en un centro de recepción improvisado de inmigrantes. Durante tres meses, miles de inmigrantes han sido alojados y retenidos en condiciones precarias; en los peores momentos, más de 2.500 personas llegaron a estar hacinadas en un espacio originalmente pensado para 400. No obstante, el cierre del muelle ―que seguirá funcionando para recepción y cribado― no significa que la llegada de inmigrantes se vaya a detener o que la situación esté bajo control. Más allá de la retórica simplista de algunos medios y periodistas, tanto los que presentan a los inmigrantes como una amenaza a la seguridad como los que los victimizan, la nueva crisis migratoria canaria es un escenario complejo y de difícil gestión.

Comencemos con las causas: ¿Por qué se ha reactivado la ruta canaria? Unos 20.000 inmigrantes han llegado al archipiélago este año, 8.000 de ellos en los últimos dos meses. Aproximadamente la mitad de ellos proceden del Magreb, mientras que la otra mitad es originaria de varios países del África Occidental y el Sahel. Si bien el destino es el mismo, se trata de dos rutas diferenciadas: los inmigrantes procedentes de África Occidental parten bien desde las costas de Senegal o bien desde Nuadibú, al norte de Mauritania. Los marroquíes, en cambio, viajan desde el norte y el centro del país hasta Tarfaya en el sur o hasta Bojador, El Aaiún o Dajla en el Sáhara Occidental, donde embarcan hacia Canarias.

Como apuntaba la periodista Helena Malero, la crisis económica producida por el Coronavirus ha afectado significativamente a países como Senegal o Gambia. Cientos de jóvenes que abandonaron la cada vez menos rentable pesca para dedicarse a actividades asociadas al turismo ―trabajando en hoteles, tiendas y restaurantes o como guías turísticos y vendedores ambulantes― han perdido sus empleos por el cierre de fronteras. En Mali, la inseguridad producida por la violencia e inestabilidad política, golpe de Estado incluido, ha animado a muchas personas a dejar el país. Al mismo tiempo, la pandemia ha acabado con la relativa libertad de movimientos entre los países miembros de la CEDEAO/ECOWAS. El aumento de la vigilancia fronteriza y el aumento de la peligrosidad en la ruta sahariana ―inestabilidad en Mali, guerra civil en Libia, violencia yihadista en el Sahel― han hecho que la ruta canaria sea percibida como la más segura, a pesar de los riesgos que implica la navegación en el Atlántico ―solo en octubre murieron casi medio millar de personas en varios naufragios. El deseo de migrar es aprovechado por las siempre mentadas ―aunque poco conocidas― mafias, que en la práctica actúan como agencias migratorias ofreciendo protección y alojamiento durante el desplazamiento por tierra, asistencia en los cruces de frontera, guías locales y embarcaciones desde el norte de Mauritania a cambio de precios desorbitados. Quienes no se lo pueden permitir prueban suerte desde puertos pesqueros como Mbour, con tarifas algo más asequibles, aunque el viaje desde Senegal es mucho más arriesgado: de ocho a diez días por mar y accidentes muy frecuentes, aproximadamente una de cada de cada diez cayucos naufraga.

En cuanto a Marruecos, la paralización de la actividad económica por la pandemia se suma a la reactivación del conflicto entre el Polisario y las fuerzas armadas marroquíes. A pesar de los resultados macroeconómicos relativamente buenos para Marruecos, la población local ha visto su nivel de vida disminuir en los últimos años por el aumento de los precios. En 2019, el gobierno marroquí aumentó el salario mínimo por primera vez desde 2012. Ahora está fijado en unos 175€ al mes para el sector agrícola y unos 250€ al mes en industria y servicios. No obstante, el aumento del desempleo ―especialmente en el sector turístico― ha hecho que muchas familias pierdan parte de sus ingresos. A eso hay que sumarle el malestar de parte de la población, especialmente en la región del Rif ―donde se produjeron intensas manifestaciones en 2016 y 2017 que causaron muchos exiliados políticos, la mayoría de los cuales no han sido reconocidos como refugiados por las autoridades europeas. Dada la existencia de redes migratorias de apoyo en España y Francia, muchas personas han decidido arriesgarse e intentar llegar a Europa de manera irregular, a menudo sirviéndose de las ya mencionadas mafias, que no obstante son distintas de las que trafican con personas de África Occidental. Por lo general, los marroquíes pagan el doble que los subsaharianos y viajan en embarcaciones más pequeñas y seguras, con tiempos de travesía menores y con menor riesgo de accidentes y naufragios.

Las causas, en definitiva, son variadas, pero podemos resumirlas en una crisis económica derivada de la pandemia, inestabilidad política en Libia y el Sahel ―lo que complica la ruta sahariana-mediterránea―, y el cierre de fronteras, que dificulta la migración terrestre. Sin embargo, las causas de la inmigración solo son una parte de la cuestión. La gestión de las llegadas, que es responsabilidad del Estado, ha dejado bastante que desear. La precaria situación en el muelle de Arguineguín evidencia la falta de medios y previsión por parte de las autoridades españolas, que contaban con la experiencia previa de 2006 y con información sobre el terreno. Al fin y al cabo, desde la primera “crisis de los cayucos” España mantiene una colaboración activa con las policías de Senegal, Mauritania y otros países del Sahel y África Occidental, por no mencionar la gran cantidad de dinero que se entrega cada año a Marruecos para, en teoría, luchar contra la inmigración irregular.

Más allá de esta falta de previsión la actuación del gobierno es más que criticable. Durante semanas ha habido cientos de personas hacinadas en condiciones durísimas e insalubres ―el defensor del pueblo español y organizaciones internacionales como Human Rights Watch denunciaron que se estaban violando los derechos fundamentales. Muchas de estas personas han sido alojadas ahora en hoteles de la isla de Gran Canaria y están a la espera de ser deportadas ―o transportadas a la península en el improbable caso de que sus solicitudes de asilo sean tramitadas. Es cierto que el cierre de fronteras ha complicado la situación, pero la solución del gobierno ―prohibir el acceso a los periodistas al muelle― solo ha evidenciado la absoluta falta de medios y planificación. Y esto no es un suceso puntual: como ya denunciaba a principios de año, el sistema de asilo español está absolutamente desbordado desde 2019.

La situación no es sencilla, y solo se puede abordar si renunciamos a ciertos lugares comunes que abundan en el discurso sobre migraciones. Hace unos meses hablaba en otro artículo de la paradoja de la lucha contra la migración irregular: cuanto más dinero se invierte en ampliar la vigilancia fronteriza, más personas recurren a los servicios de organizaciones criminales. A esta paradoja habría que sumarle un mito, constantemente en boca de políticos y periodistas. La famosa “ayuda en origen”, que nadie especifica en que consiste, no sirve para frenar los flujos migratorios. Los países que más emigrantes producen son los de rentas medias; el desarrollo económico favorece que las familias puedan enviar a uno o varios de sus miembros al extranjero para contribuir con remesas.

Precisamente porque en la mayoría de los casos la migración no es un drama ―metáfora que les encanta a algunos medios y periodistas― sino una decisión más o menos calculada destinada a aumentar la renta familiar o personal, esta no se detendrá por mucho que apoyemos las economías de los países de origen. Como mencionaba anteriormente, el salario mínimo en Marruecos son 250€ al mes. ¿No es lógico que muchos jóvenes marroquíes traten de buscar suerte en España o Francia, donde el salario mínimo supone varias veces esa cantidad? ¿No es acaso el mismo tipo de razonamiento que lleva a muchos jóvenes españoles a instalarse en Alemania o el Reino Unido?

Solo entendiendo está realidad se podrá abordar la migración irregular con una estrategia sostenible a medio y largo plazo. Lo contrario es poner parches que solo benefician a los traficantes de personas y a las empresas de seguridad y vigilancia. La migración es un proceso natural, no es un drama ni una amenaza. Si no se flexibilizan y facilitan las condiciones de entrada a Europa ―por ejemplo, con visados temporales―, cada vez más personas tratarán de entrar de forma irregular, para beneficio de las mafias y de los empresarios que se aprovechan de una mano de obra sin derechos y que no paga impuestos. Si no se informa en los países de origen de los riesgos de la migración irregular y se ofrecen alternativas seguras y legales, las pateras y cayucos seguirán cruzando el Atlántico y el Mediterráneo, con todas las pérdidas humanas que eso implica. Si no se invierte dinero en integración y formación de quienes ya están aquí, se corre el riesgo de crear ghettos que aumenten la conflictividad social. Si solo gastamos los fondos destinados a la migración en vigilancia y seguridad o en una ineficaz “ayuda en origen”, estaremos tratando de poner puertas al campo. La idea de la “fortaleza Europa” es insostenible a la larga, sobre todo si ―ojalá― la Unión Europea continúa siendo una región económicamente dinámica. Al igual que participamos en los flujos globales de bienes y capital, es lógico asumir que somos parte de un mercado laboral mundial, con todos los desafíos y oportunidades que esto implica. Podemos seguir negando este hecho o asumirlo y planificar y legislar ―e informar― en consecuencia.