La primavera árabe, una década después 

Hace una década, las calles de Egipto se llenaron de manifestantes exigiendo la caída del régimen de Hosni Mubarak. Inspirados por el éxito de las protestas en Túnez unas semanas antes, cientos de miles de egipcios tomaron la plaza Tahrir de El Cairo y acamparon allí, organizados gracias a las redes sociales. Los cánticos, las pancartas y los abusos policiales fueron fotografiados, grabados y difundidos por el mundo a toda velocidad. El movimiento no solo se extendió por la mayor parte del mundo árabe; también llegó al sur de Europa y hasta a Estados Unidos. Tres años después de la grave crisis económica de 2008, parecía que una oleada de movimientos populares iba a sacudir el mundo. Los medios de comunicación occidentales celebraban el potencial liberador de las redes sociales, que permitían a la gente común expresar sus ideas libremente, evadir la censura de los regímenes autoritarios y organizarse para exigir cambios. 

Diez años después, el optimismo un tanto ingenuo de los medios y analistas occidentales ha desaparecido. Las redes sociales ya no parecen un foro idóneo para organizar protestas y difundir imágenes y textos prohibidos por las dictaduras, sino un pozo de desinformación, polarización e injerencias extranjeras. Las manifestaciones y acampadas en los países árabes, que una década antes ocupaban portadas y titulares, han quedado relegadas a un discreto segundo plano. La democracia ya no es una prioridad para muchos de los autoproclamados analistas expertos en la región árabe: ante el auge de diversos movimientos islamistas con cierto apoyo popular y la descomposición de países como Libia o Siria, la estabilidad —aunque implique dictaduras que violan los derechos humanos— es ahora la principal preocupación. 

Más allá de la evolución de la posición de los medios occidentales, la situación sí ha cambiado profundamente en la mayoría de los países del norte de África y Oriente Próximo. Aunque las protestas de 2011 tomaron por sorpresa a muchos periodistas y académicos occidentales, estas no surgieron de la nada: ya en 2008 Túnez y Egipto vivieron multitudinarias manifestaciones y huelgas de desempleados y trabajadores industriales, respectivamente. No obstante, 2011 supuso un punto de inflexión en la política árabe, tanto para los movimientos opositores como para los regímenes en el poder. En general se pueden distinguir dos oleadas de manifestaciones: una inicial entre 2011 y 2014 y otra entre 2018 y 2021, la segunda en países que apenas experimentaron la primera. 

De Oeste a Este, casi todos los países de la región han experimentado algún tipo de protesta multitudinaria en los últimos diez años. En Marruecos, el Hirak rifeño de 2016-17 —que exigía, entre otras cosas, el fin de la corrupción y una mayor inversión sanitaria— se saldó con miles de detenidos y muchos jóvenes huyendo de la represión hacia la península Ibérica y Canarias. En Argelia, la “revolución de las sonrisas” de 2019 consiguió su objetivo de evitar que el anciano Bouteflika se presentara a la reelección. El ejército sigue aferrado al poder —reforma constitucional mediante—, pero la sociedad civil, incluyendo un emergente movimiento feminista, se ha organizado y es de esperar que mantengan el pulso al régimen militar. Túnez, el país donde comenzó la “primavera árabe”, es el Estado del Magreb que más cambios ha experimentado en la última década. La transición a la democracia se puede calificar como relativamente exitosa, si bien gran parte de la población —especialmente en la región minera del suroeste— sigue profundamente descontenta con las condiciones de vida y las protestas son recurrentes. 

Libia es quizá una de las historias más tristes de los últimos diez años. Los países de la OTAN, encabezados por Francia, decidieron apoyar lo que parecía un movimiento popular contra el brutal régimen de Gaddafi. La intervención militar occidental, no obstante, solo logró sumir el país en una larga guerra civil que no tiene visos de acabar pronto y que ha causado muchísimo sufrimiento tanto a los libios como a decenas de miles de inmigrantes en tránsito en el país. Mientras tanto, Egipto, epicentro simbólico de la primavera árabe, ha permanecido en manos de los militares. Las protestas de 2011 consiguieron hacer caer a Mubarak, pero tras la victoria del islamista Morsi en las elecciones que siguieron a la revolución, el ejército dio un golpe de Estado que colocó al mariscal Al-Sisi en la presidencia. Sudán, donde el movimiento de 2011 apenas tuvo impacto, experimentó un amplísimo movimiento popular en 2018 que animó a parte del ejército a organizar un golpe de Estado contra el dictador Omar al-Bashir. Los manifestantes sudaneses, no obstante, han aprendido las lecciones de Egipto: en lugar de una transición rápida han exigido una democratización progresiva que permita asegurar la independencia judicial y unos comicios limpios. 

En el Levante, Palestina ha vivido protestas y movilizaciones, aunque la mayoría de estas —como la gran Marcha del Retorno de 2018— han sido dirigidas contra la ocupación israelí. Hamás sigue controlando la franja de Gaza y Fatah ejerce el poder en Cisjordania sin que se hayan celebrado elecciones legislativas desde 2006. Los próximos comicios están previstos para 2021, pero dado el historial de aplazamientos y cancelaciones de elecciones locales en Cisjordania —en Gaza, Hamás boicotea sistemáticamente las votaciones— es posible que no se celebren. Líbano, por su parte, ha sido el escenario numerosas manifestaciones en los últimos dos años. La “revolución libanesa” comenzó en otoño de 2019 y continúa en la actualidad con protestas esporádicas en las principales ciudades del país. El movimiento, formado principalmente por jóvenes con tendencias laicas pertenecientes a todas las comunidades religiosas, exige el fin de la corrupción y el clientelismo sectario en un país muy golpeado por la crisis económica y la devaluación de la lira, los problemas medioambientales, el coronavirus y la tremenda explosión que arrasó Beirut en verano de 2020. Jordania también ha vivido protestas y una huelga general en 2018, aunque en general la intensidad ha sido menor que en los países vecinos. 

Siria lleva diez años sumida en una cruenta guerra civil. Las protestas de 2011, que tuvieron su origen en la ciudad Daraa, acabaron derivando en un enfrentamiento demasiado complejo como para ser resumido en unas líneas. Cinco millones y medio de sirios —más de un cuarto de la población— han abandonado el país desde 2011. Irak, otro país golpeado por la guerra hasta 2017, ha vivido en el último año y medio un intenso ciclo de protestas. La mayoría de las acciones se centraron en la capital en el sur del país, aunque también han tenido un apoyo discreto en el resto del país. Los manifestantes demandan mejores condiciones económicas y el fin de la corrupción, pero también exigen el fin de la injerencia extranjera en el país y que se controle la arbitrariedad de las milicias sectarias —algunas afiliadas a Irán— que lideraron la lucha contra el Daesh y fueron integradas en las fuerzas de seguridad del país. Las protestas consiguieron que el primer ministro Abdul Mahdi dimitiera, pero el país sigue en una situación de bloqueo político. 

Finalmente, las monarquías del Golfo han sido capaces de reprimir eficientemente la escasa oposición y resistir el cambio político. En 2011 los distintos países del Consejo de Cooperación del Golfo coordinaron sus fuerzas para suprimir los movimientos de protesta, que fueron especialmente multitudinarios en Bahréin. La rotonda de la perla de Manama, el lugar de reunión de los manifestantes bahreiníes fue simbólicamente demolida por las autoridades del país en marzo de 2011. Desde entonces, numerosos activistas han sido encarcelados en Bahréin, Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos, muchos de ellos acusados de ser agentes extranjeros. Del mismo modo, Qatar y los EAU han deportado a muchos de los líderes de los movimientos huelguistas de trabajadores temporales extranjeros, la mayoría de ellos procedentes del sur de Asia. Los países del CGC también se han involucrado en la guerra civil yemení, un conflicto que comenzó en 2014 y que ha causado más de un cuarto de millón de víctimas civiles y tres millones de desplazados. 

Si bien este breve resumen no hace justicia a la complejidad de las tensiones sociales y conflictos que experimentan los países árabes, es importante señalar que el proceso de cambio que comenzó en 2011 aún no ha llegado a su fin. La naturaleza de los regímenes políticos y de los movimientos opositores en cada país es distinta, y representarlo como una simple lucha entre elementos prodemocráticos y unos líderes autoritarios que se aferran al poder sería simplificar en exceso. No obstante, es cierto que la región árabe se caracteriza por gobiernos poco democráticos —ya sean monarquías o regímenes militares— y por prácticas represivas, así como una impresionante desigualdad social. Según el World Inequality Lab, Oriente Próximo es la región del mundo donde la brecha entre ricos y pobres es mayor; el 10% más adinerado controla más del 64% de los recursos totales. Esta brecha, sumada a periodos de escasez relacionados con los flujos económicos globales, es en muchas ocasiones el detonante de los movimientos de protesta, como sucedió en Sudán en 2018. La falta de perspectivas de futuro de la población joven, la corrupción galopante y la falta de válvulas de escapa en forma de sociedad civil o participación política es la combinación perfecta para que se produzcan estallidos sociales. 

La injusticia económica y la ausencia de mecanismos democráticos no son los únicos factores a tener en cuenta. El papel de los islamistas, al que apenas nos hemos referido en los anteriores párrafos, es contradictorio —al fin y al cabo, el islam político, nombre con el que los analistas occidentales designan a los grupos que tratan de movilizar a la población utilizando un discurso religioso, no es una fuerza unificada, y hay numerosos actores externos que tratan de instrumentalizarlos para sus propios fines, a menudo de forma contradictoria con su propia política interna. Del mismo modo, el sectarismo ha sido utilizado por muchos de los regímenes de la región como una forma de dividir a la posible oposición y agrupar a sus ciudadanos frente a un supuesto enemigo interno o externo. Por último, la influencia de las potencias globales —EEUU, Rusia, China— y regionales —Arabia Saudí, Irán, Turquía, Qatar— es un elemento importante a la hora de analizar las movilizaciones y crisis políticas, si bien no hay que entender a los manifestantes como meras marionetas manejadas por actores externos. 

En general, podría decirse que los movimientos sociales han aprendido las lecciones de la primera oleada revolucionaria: sus estrategias son más medidas y pausadas y sus demandas, un poco más concretas, si bien no hay una organización sólida más allá de los diversos grupos islamistas. La caída de los gobiernos, que fue suficiente para los manifestantes de 2011, no ha satisfecho a los opositores iraquíes, yemeníes, argelinos o sudaneses de la segunda oleada. Los regímenes, sin duda, también han aprendido la lección: en lugar de una respuesta violenta y desproporcionada como la que se dio en Siria en 2011, ahora recurren a arrestos selectivos, desinformación y violencia calculada.  

Una década después de la caída de Mubarak, el mundo árabe sigue dominado por la ausencia de democracia, las desigualdades sociales y, desgraciadamente, unas cruentas guerras civiles que no existían hace diez años. Sin embargo, también se han producido cambios esperanzadores en países como Túnez, Argelia o Sudán. Como el año 2020 ha dejado claro, hacer predicciones de futuro es una temeridad, pero creo no equivocarme al aventurar que en la próxima década seguiremos viendo manifestaciones organizadas y cambios políticos en la región. Aunque tardaremos en apreciar sus frutos, la primavera árabe aún no ha acabado.