La tiranía nicaragüense va con todo
“Vamos con todo”, proclamó en 2018 Rosario Murillo, esposa del presidente nicaragüense Daniel Ortega y la verdadera cabeza pensante del diabólico tándem que tiraniza el país centroamericano. Desde ese momento, la pareja, obsesionada por acumular más y más poder, ha roto todos los diques y ha convertido el país en una cárcel en la que no se admite la más mínima disidencia. Quienes califican su régimen de dictadura seguramente se quedan cortos. En una dictadura, aunque sean injustas, al menos hay reglas; en una tiranía prevalece la voluntad o el capricho del tirano por encima de las leyes.
Ortega y Murillo, que aún enarbolan el estandarte sandinista han emponzoñado el significado que Augusto César Sandino quiso dar a la revolución que liberaría a su pueblo de la dictadura de Somoza. Al igual que en Cuba y Venezuela, los disidentes que han podido se han marchado del país. A 94 de ellos, que se ganan la vida como pueden lejos de su patria, los Ortega-Murillo han decidido privarles de su identidad jurídica, o sea de su nacionalidad nicaragüense, incautándose de paso de todos los bienes muebles e inmuebles que hubieron de abandonar.
Es muy posible que los así despojados de todo sientan en mayor o menor grado el desgarro y la pena de no poder recuperar su identidad hasta que pase esta pesadilla. Sin embargo, para la historia quedará que muchos de ellos, por no decir todos, dieron mucha más gloria a Nicaragua que los sátrapas que la tiranizan. Escritores como Gioconda Belli, Sofía Montenegro y Sergio Ramírez; periodistas como Carlos Fernando Chamorro; religiosos como el obispo Silvio Báez; abogadas como Vilma Núñez y Rafael Solís; exguerrilleras como Mónica Baltodano, o diplomáticos como Arturo McFields y Norman Caldera, lejos de ser culpables de “conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional y propagación de noticias falsas”, delitos por los que han sido condenados por la justicia (sic) del régimen, se han distinguido siempre por su lucha infatigable por la prosperidad del país, la igualdad de sus hombres y mujeres y el buen nombre de Nicaragua en la comunidad internacional.
Previamente, los Ortega-Murillo habían sacado de las mazmorras y metido en un avión a 222 disidentes, a los que también han privado de la nacionalidad y consiguientemente han despojado de sus bienes. Destinados inicialmente a Estados Unidos, para ellos ha terminado el calvario de las terribles torturas físicas y psíquicas a las que han estado sometidos, aunque ahora habrán de recomenzar otra vida en el duro camino que siempre es el exilio. El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, les ha ofrecido la nacionalidad española. Si ello se consuma, es un gesto que le honra y por ende a todos los españoles de buena voluntad.
Sánchez y demás dirigentes de países democráticos podrían completar este gesto atendiendo la petición de Bianca Jagger, fundadora y presidenta de la Fundación del mismo nombre para la Defensa de los Derechos Humanos: Exigir la inmediata liberación incondicional del obispo de Matagalpa, Rolando Álvarez Lagos, secuestrado el pasado agosto y asaltada su casa del clero. El religioso, que había denunciado en sus homilías las violaciones graves y sistemáticas de los derechos humanos, las persecuciones religiosas y los abusos de poder de los Ortega-Murillo, se negó a subirse al avión con los 222 desterrados, lo que encolerizó aún más a la pareja de sátrapas, que lo internó en el penal conocido como La Modelo, uno de los más brutales, y ya es decir, de toda América Latina. Al día siguiente, se le sentenció a 26 años y 4 meses de prisión -¡qué precisión jurídica!-, doblados de la pérdida de nacionalidad y de sus (presuntos) derechos ciudadanos a perpetuidad.
El progresismo extremo y “woke” quiso ver en la decisión de expulsar de Nicaragua a los 222 una magnánima liberación de los presos de sus penalidades, sin cuestionarse en absoluto la flagrante violación de derechos humanos a que han estado sometidos no sólo en las prisiones sino también con la imposición de un destierro y una inhabilitación de por vida. Esta es probablemente tan injusta que quizá no verá el derrocamiento de los Ortega-Murillo y su procesamiento por los crímenes de su tiranía ante una justicia digna de tal nombre. Aunque, como expresan muchos de los proscritos “no hay que perder la esperanza en que Nicaragua recupere la libertad”. Desgraciadamente, hay ejemplos muy cercanos en esa misma área geográfica en que esa esperanza se va desvaneciendo con el paso del tiempo, al menos para las generaciones que van pasando sin que la llegada de tan ansiada libertad se materialice.