Opinión

Las cicatrices de Mosul

Las cicatrices de Mosul

Aunque la crisis social y política que vive Irak y la escalada entre EEUU e Irán ha hecho que la noticia pase desapercibida, uno de los hitos del último trimestre de 2019 ha sido el inicio de los trabajos de la reconstrucción de la mezquita de al-Nuri en Mosul por parte de la UNESCO. Cinco años y medio después de la captura de la ciudad por el grupo terrorista Dáesh y menos de dos años después de su liberación por el ejército iraquí y las FMP, Mosul está cerca de recuperar uno de sus símbolos, destruido por los terroristas en 2017. Sin embargo, eso no significa que la normalidad haya vuelto a una ciudad que vivió dos años bajo el terror y que fue escenario de una de las mayores operaciones militares a nivel mundial de la pasada década. 
Mosul, fundada en la antigüedad junto a las ruinas de la ciudad asiria de Nínive, contaba en 2014 con más de un millón y medio de habitantes. A pesar de las campañas de arabización de Saddam Hussein y del conflicto sectario que siguió a la invasión estadounidense de 2003, hasta la invasión del Dáesh era una ciudad multicultural en la que coexistían árabes suníes, kurdos, asirios y cristianos caldeos, turcomanos, shabaks y yazidíes. Estas comunidades estaban también asentadas en los pueblos y aldeas de la región, muchos de los cuales fueron arrasados por el Dáesh. 
La captura de Mosul supuso un punto de inflexión para el Dáesh, que por primera vez controlaba una gran ciudad. El entonces líder de la organización, Abu-Bakr al-Bagdadi, se autoproclamó califa en la misma mezquita de al-Nuri que el grupo terrorista acabaría destruyendo. Además de organizar ejecuciones sumarias, violar y esclavizar a minorías, destruir y saquear templos y patrimonio histórico, confiscar propiedades y establecer una gobernanza draconiana y totalitaria, el grupo terrorista tuvo tiempo para extraer millones de dólares de los bancos locales con los que seguir financiando sus actividades.
La liberación de la ciudad por el ejército iraquí y las Fuerzas de Movilización Popular, apoyadas desde el aire por la Coalición Internacional, también supuso numerosas pérdidas para los residentes. La escala de los “daños colaterales” es abrumadora. Más de 10.000 civiles murieron durante la batalla por Mosul, a lo que hay que sumar la destrucción de muchas viviendas, negocios y vehículos particulares. Se han documentado represalias contra la población civil por parte de las FMP, acusadas de quemar poblados yazidíes y secuestrar árabes suníes, y por los Peshmerga kurdos, que destruyeron propiedades de árabes suníes. Los bombardeos de la coalición liderada por los EEUU también causaron graves daños: el 17 de marzo de 2017 unos 200 civiles murieron en un ataque que tenía como objetivo a dos combatientes del Dáesh, y se calcula que el total de víctimas civiles causadas por la coalición supera los dos millares.
El fin de los combates supuso una nueva fase en la odisea de las personas desplazadas y de los civiles que quedaban en Mosul. Desde entonces, muchos de ellos han estado luchando para obtener ayuda del gobierno al amparo de la ley de reparaciones de 2009, que establece compensaciones económicas y un reconocimiento simbólico del dolor causado por los muchos conflictos que han asolado Irak desde 2003. No obstante, los trámites son largos y complicados ―para evitar fraudes es necesario probar los daños mediante documentos oficiales y material gráfico― y la lentitud de los pagos y la rigidez del proceso hace que bastantes familias desistan y recurran a sus propios ahorros para reconstruir sus hogares. Las gestiones han de ser hechas en persona, algo complicado para quienes no viven en la ciudad sino en el campo o para los que han llegado como refugiados a otros países. Además, es necesario pagar unas tasas oficiales ―no muy elevadas pero significativas para familias sin recursos― y se han denunciado casos de corrupción y de cobro de sobornos para acelerar el procedimiento.
Aunque los trabajos de reconstrucción de la ciudad avanzan poco a poco ―gracias en gran parte al programa de desarrollo de las Naciones Unidas― y las compensaciones económicas llegan a algunas de las víctimas, todavía quedan barrios cubiertos de escombros y ruinas y unas 300.000 personas continúan viviendo en campos de desplazados en el entorno de la ciudad. Mientras tanto, las fuerzas de seguridad iraquíes siguen patrullando la zona occidental de Mosul en busca de militantes del Dáesh. El obeso clérigo Abu Abdul Bari, uno de los líderes de la organización terrorista, fue detenido el pasado 16 de enero, pero se sospecha que todavía quedan células del Dáesh activas en la ciudad dispuestas a aprovechar la incertidumbre causada por la escalada entre Irán y EEUU.
La paz, en definitiva, no ha llegado todavía a las calles de Mosul. Además de la indispensable y aún insuficiente ayuda económica para los afectados por el conflicto, todavía hacen falta otro tipo de medidas para restaurar la coexistencia en Mosul. Las víctimas de tortura y abusos sexuales no han recibido un reconocimiento formal por parte del gobierno ni tienen acceso a atención psicológica. Tampoco hay ningún programa de reinserción para los niños que fueron capturados por el Dáesh y se vieron obligados a combatir. Muchas familias de árabes suníes viven con miedo a ser acusados de simpatizar o colaborar con los terroristas, mientras que las minorías tienen que lidiar con un importante estrés postraumático para el que no disponen de atención psicológica.
Aunque es cierto que el Estado iraquí se enfrenta actualmente a retos mucho más urgentes como la falta de gobierno, las protestas sociales y la injerencia exterior, es necesaria una verdadera política de reconocimiento y reconciliación como la adoptada por Ruanda tras el genocidio. Solo así podrán cicatrizar finalmente las heridas de Mosul y tantas otras ciudades iraquíes.