Las elecciones presidenciales tunecinas a la espera de una decisión judicial
El futuro procesal de uno de los candidatos a la Presidencia marcará la segunda vuelta citada para el 13 de octubre.
La Junta Electoral Suprema Independiente (ISIE), un organismo creado por la Constitución encargado de garantizar la transparencia y autonomía política de las elecciones en la República Tunecina, ha suspendido la segunda vuelta de los comicios presidenciales aplazándolas al próximo 13 de octubre.
La carrera presidencial se está desarrollando en un contexto inesperado y exigente para esta joven democracia. El segundo candidato más votado en la primera vuelta celebrada el 15 de septiembre, Nabil Karoui, sigue en prisión provisional desde el pasado 23 de agosto acusado por delitos de blanqueo. Los observadores europeos ya pidieron que no se limitaran derechos durante la campaña electoral, pero el tribunal de apelación rechazó su liberación el 3 de septiembre y, aun así, el candidato logró acceder a la segunda vuelta.
El organismo tunecino que vela por unas elecciones democráticas, a través de su presidente, Nabil Baffoun, ha hecho oficial que solicita la liberación de Nabil Karoui para que la campaña electoral pueda transcurrir sin limitaciones y en plena normalidad con la celebración de debates entre los dos candidatos a la Presidencia de la República.
El próximo miércoles 3 de octubre se vuelve a reunir el tribunal de apelación para decidir si liberan al candidato de una prisión provisional que ya mantuvieron hace un mes. Dada su situación y gran conocimiento del mundo mediático, se hacen circulan eslóganes como el de “Mandela Tunecino” o continuas referencias a su condición de “preso político”, que le han procurado un innegable éxito hasta ahora.
Con escasos años de vida la democracia de Túnez ya es víctima de la politización del Poder Judicial y de la judicialización del juego político, viéndose en la situación de que cualquier decisión judicial puede ser determinante en el actual escenario electoral. El tribunal competente decidirá si propicia una campaña en igualdad favoreciendo a un candidato o, en su defecto, mantendrá en prisión a un elegible presidente.
Cualquier posible respuesta será arduamente criticada en una sociedad crispada que ya ha mostrado su descontento reduciendo la participación electoral y votando a dos candidatos que rompen con lo conocido.