Más palos y menos zanahorias: la visión estratégica republicana sobre Irán, Rusia y China

Estrategia republicana para Oriente Medio de EEUU

Tras un análisis pausado de la propuesta recientemente publicada por el grupo republicano del congreso estadounidense, se nos podría disculpar albergar la sospecha de que la complejidad de la multipolaridad abruma a los legisladores americanos, hasta el punto de no ser capaces de presentar propuestas que no tengan el castigo económico como eje central. El detallado y riguroso documento recomienda una vuelta de tuerca a la política norteamericana hacia Teherán, no solo endureciendo las sanciones a Irán en los sectores petroquímico, financiero, automotriz y de la construcción, sino pungiendo además los intereses iraníes interpuestos en Irak, Líbano y Yemen; abogando por la paralización de toda ayuda económica que pueda beneficiar a miembros del Ejército libanés sospechosos de tener vínculos con Hizbulá y designando a los yemeníes hutíes como organización terrorista; así como a través de la implementación de una serie de medidas destinadas a debilitar la influencia iraní, tanto en el seno del Ministerio del Interior, como de la Policía federal iraquíes.  

El razonamiento que el comité republicano lleva a cabo para justificar las medidas contra el Beirut y Saná se basa en resaltar el paralelismo entre el acecho de Hizbulá sobre Israel y el de los hutíes sobre Arabía Saudí. Sin embargo, esta recomendación contrasta con la que ha sido hasta ahora la postura oficial del secretario de Estado, Mike Pompeo, contrario a infringir daños económicos al Líbano, una doctrina inédita, pero estrechamente alineada con la visión de halcones israelíes como del ex ministro de Defensa Lieberman, quien, tomando la parte por el tomo, traza una equivalencia entre Hizbulá y Líbano en su conjunto. 

Las noticias de la existencia del documento del comité republicano han debido causar consternación entre las élite libanesas, muchos de cuyos miembros cuentan con doble nacionalidad estadounidense. No únicamente por la situación de total hundimiento económico en el que se encuentra el país, sino porque las propuestas parecen dar carta de naturaleza a la visión del principal grupo de pensamiento americano-libanés –citada en el propio documento- cuya idea central es que “la estabilidad del Líbano, en la medida en que significa la estabilidad del orden iraní y conlleva el establecimiento de base de misiles en territorio libanés, no es, de hecho, en interés de EEUU”. Dicho más sucintamente: a Washington le interesa la inestabilidad en Líbano.

Abundando en esta línea, entre las propuestas republicanas, destaca la solicitud de que se prohíba el rescate de Líbano por el Fondo Monetario Internacional. De ello cabe colegir que los cálculos del comité autor del documento pasan por empujar a Líbano a una situación de guerra civil con el fin de desarbolar el ascendiente de Hizbulá, siguiendo la plantilla de las luchas internas palestinas desde 1975 a 1990 que resultaron en el debilitamiento de la OLP. 

No obstante, el propio documento republicano admite explícitamente el escaso peso específico de Teherán como amenaza estratégica para Washington, en comparación con Pekín y Moscú. Por ello, resulta dudoso que las recomendaciones tengan mucho recorrido legislativo en un año electoral y bajo mayoría demócrata en el Congreso, por más que pueda atraer las simpatías de los congresistas pro-Israel. Pero dada la horrenda situación socioeconómica en Líbano, que se verá agravada con la aplicación de la “Ley César de Protección de Civiles de Siria” -diseñada para perjudicar al régimen de Asad y a sus acólitos- que cerrará uno de los pocos canales de los que dispone Líbano para llevar a cabo transacciones comerciales a través de Siria, es razonable que la mera publicación del documento republicano, en tanto que declaración de intenciones, sea suficiente en sí misma para precipitar el descenso de Líbano a una situación irreversible de Estado fallido, sin necesidad de promulgar ley alguna en el congreso norteamericano. 

La otra vertiente del documento que los congresistas republicanos han elaborado durante los últimos 18 meses tiene un marcado cariz electoralista. El preámbulo de las propuestas reprocha sin ambages a la antigua administración presidida por Barack Obama; la debilidad de unas políticas que a juicio del comité fortalecieron a los enemigos de Estados Unidos, no solo con relación a Irán, sino respecto a China y a Rusia. Por consiguiente, el documento forma también parte de un programa de gobierno que complementa la presentación en ciernes de un nuevo código penal desarrollado por los republicanos.

Desde esta óptica, no es demasiado sorprendente la inclusión de China y Rusia en la lista de “los adversarios globales más agresivos contra Estados Unidos”. En relación a Rusia, a la que el documento dedica solo 9 de sus más de 100 páginas, los redactores republicanos recurren a un retórica reminiscente de la Guerra Fría al referirse a Moscú como la cabeza del “movimiento imperial ruso”, “patrocinador estatal del terrorismo”, contra el cual se proponen acciones contra quienes liciten contratos con su industria de hidrocarburos, someter a SWIFT a coerciones para que excluya a Rusia del sistema de transacciones financieras interbancarias e, incluso, sancionar al INSTEX, un sistema europeo alternativo a SWIFT, usado para circunvalar el bloqueo americano de transacciones electrónicas, en cuya estandarización Moscú tiene el máximo interés, al objeto de facilitar el comercio con Irán. 

Empero, la concisión del capítulo dedicado a Rusia es engañosa; en realidad, sus páginas contienen el conjunto de sanciones más duras jamás propuestas contra Moscú por el congreso norteamericano e incluye cortapisas para el acceso de las empresas rusas afines a Putin a los mercados financieros internacionales. Con relación a China, a la que el informe dedica 25 páginas, los congresistas republicanos elucubran con el “sueño chino” de subvertir el orden mundial para que el Partido Comunista Chino establezca el control global. A partir de esta premisa, el documento propone un abanico de cinco líneas de acción para socavar la expansión china, consistentes en combatir el espionaje industrial chino y el hurto de propiedad intelectual; poner palos en las ruedas de la influencia y propaganda de China; denunciar las violaciones de los derechos humanos; emprender una escalada militar con Pekín y reforzar las alianzas en la región del Indo-Pacífico. 

A la par, el documento identifica a Hong Kong como cabeza de puente de esta estrategia, al punto de formular sanciones personales a los funcionarios chinos involucrados en los asuntos de Hong Kong, notablemente al jefe del Comité Permanente del Politburó, al director de la Oficina de Asuntos de Hong Kong y Macao y al director de la Oficina de Enlace de Hong Kong; al alimón con la imposición de sanciones a funcionarios de alto rango del Partido Comunista de China, como el secretario del Partido de la Región Autónoma de Xinjiang, el secretario del Comité del Partido de la Región Autónoma del Tíbet y el ministro de Seguridad Pública del Partido Comunista de China, cuya implementación se llevaría a cabo al amparo de la “Ley Global de Responsabilidad de los Derechos Humanos de Magnitsky”, actualmente en vigencia en EEUU.  

El volumen y el peso del paquete de las medidas publicadas por el Comité de Estudios Republicano del congreso harán inevitable que una parte sustancial de las propuestas terminen adquiriendo carta de naturaleza, especialmente si Trump renueva su mandato. Con todo, el tenor de la estrategia recogida en el documento denota una intención más conminativa que persuasiva, que, al abundar en la retórica del juego de suma cero, deja poco espacio para el entendimiento constructivo y augura más vocación de conflicto que de concordia.  
 

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