Opinión

México exige indemnizaciones a los grandes fabricantes de armas de EEUU

photo_camera andrés-manuel lópez -obrador -mexico

Es una acción sin precedentes que México, como Estado soberano, demande a los grandes fabricantes de armas norteamericanos y les exija fuertes indemnizaciones “por fomentar la violencia de los narcotraficantes mexicanos”. La demanda, presentada ante un tribunal de Boston, y anunciada por el ministro de Asuntos Exteriores mexicano, Marcelo Ebrard, constituye una acusación directa a los armeros norteamericanos, a la vez que pone el dedo en la llaga de uno de los capítulos más tensos en las relaciones entre México y Estados Unidos.

La incesante cascada de asesinatos que padece el país, que ha llegado al punto de ponerle al borde de lo que comúnmente se conoce como estado fallido, ha motivado esta iniciativa del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, quién no se recata en culpar al pingüe negocio de los traficantes de armas de sostener y alentar la creciente inseguridad en el país.

Un informe del Observatorio Semáforo Delictivo cifra los homicidios registrados en México en 2019 en 34.648, y en 34.515 los de 2020. Ello supone una tasa de asesinatos de 20 por cada 100.000 habitantes. Para el gobierno de AMLO, el 80% de tales homicidios están vinculados al narcotráfico, y de ellos la mayor parte han sido ejecutados con armas introducidas ilegalmente en México.

Al presentar su demanda, el ministro Ebrard señaló que el objetivo es la exigencia de fuertes indemnizaciones  a Smith & Wesson, Beretta, Colt, Glock, Century Arms y Ruger & Barrett, compañías a las que acusa directamente de producir al menos el 70% de las 500.000 armas de todo tipo, muchas de ellas “de guerra”, introducidas ilegalmente cada año en el territorio mexicano, causantes de gran parte de las muertes violentas.

Ebrard considera incuestionable la calidad jurídica de la demanda, por lo que confía tanto en que el tribunal estadounidense falle a favor de México, como que tal hipotética sentencia favorable sea el principio del fin del tráfico ilegal de armas, lo que a su juicio se traduciría de inmediato en un cambio radical en la lucha contra el narcotráfico mexicano, cuyos cárteles encabezan actualmente a nivel mundial los ingresos por la droga. Los bufetes de dos abogados estadounidenses, Steve Shadowen y Jonathan Lowy, muy implicados en la prevención de la violencia armada, avalan la “calidad jurídica” de la petición de justicia por parte del Gobierno mexicano. 

Acusaciones de negligencia también contra las autoridades de Estados Unidos

La demanda también va dirigida indirectamente contra las autoridades norteamericanas, al pedir complementariamente “medidas para supervisar y controlar a los fabricantes de armas”. Esto último lo ponen los mexicanos en relación con una parte sustancial de la acusación: que los grandes fabricantes mencionados hayan desarrollado diversos tipos de armas con carácter específico para los narcos mexicanos.

Si bien no se observa a priori mucho optimismo respecto del resultado final de esta demanda sin precedentes, en los medios judiciales de Estados Unidos sí se considera que puede abrir una brecha importante respecto del enorme poder de que gozan los fabricantes de armas y la práctica libre circulación y exportación de las mismas. Y, en todo caso, añade un nuevo marco de presión política de México respecto de Washington.

Por otra parte, esta iniciativa jurídica del gobierno de AMLO no es considerada del todo una acción completamente limpia, por parte al menos de consagrados especialistas en la investigación de los entresijos del narcotráfico. Dos de ellos, José Luis Pardo Veiras, coautor del imprescindible libro “Narcoamérica”, e Íñigo Arredondo, coordinador de la Unidad de Investigación del diario “El Universal”, señalan que al socaire de la presunta guerra contra el narcoterrorismo, además de triplicarse los homicidios, lo que ha aumentado ha sido el poder del Ejército, que ha pasado de sustituir en sus labores a una policía corrupta a hacerse con las riendas de gran parte de los sectores económicos del país. “El narcotráfico –dicen ambos especialistas en un artículo conjunto en el Washington Post- no es el principio y fin de los males de México, es un catalizador que llegó a un país con una profunda historia de violencia e impunidad”.

Lo cierto, además, es que desde que Felipe Calderón desencadenó la guerra contra el narcoterrorismo en 2006, tal contienda de ha cobrado ya 350.000 muertos y 72.000 desaparecidos. Y que, paralelamente, la implicación del Ejército ha crecido exponencialmente: 50.000 militares dedicados a ello con Calderón; 130.000 con Enrique Peña Nieto, y más de 150.000 con Andrés Manuel López Obrador.

Para los autores citados, ello indica que la influencia militar ha permeado no solo a todas las fuerzas de seguridad. La narrativa de la guerra contra las drogas ha servido también de paraguas para la corrupción e impunidad históricas en la impartición de justicia.