Opinión

Nueva era para el Parlamento de Túnez

“Escribimos una nueva página de la historia, en la que los diputados deberán deshacerse de la mentalidad que prevaleció durante diez años”. Así, sin mayores matizaciones, por corto y por derecho, instaba el presidente tunecino, Kais Saied, a que la recién constituida Asamblea de los Representantes del Pueblo se convierta en una mera caja de resonancia de sus decisiones. El mensaje del verdadero hombre fuerte de Túnez lo pronunció en la ciudad de Ghardimaou, cercana a la frontera con Argelia. 

El nuevo Parlamento, a cuyo frente se ha situado Brahim Bouderbala, antiguo decano del Colegio de Abogados y un firme defensor del denominado Proceso del 25 de julio, por el que Saied asumió plenos poderes, deberá validar prácticamente sin controversia ni discusión alguna las decisiones del presidente, que se reengancha así a la tradición de hombres fuertes providenciales del país, interrumpida bruscamente con el movimiento de las mal llamadas “primaveras árabes”, desencadenado precisamente en Túnez. El país es por lo tanto el primero que alumbró el espejismo de un adiós al desempeño del poder con indudables rasgos autoritarios, y el último también en abandonar aquella vía. 

La nueva Constitución del país, ratificada de manera aplastante en referéndum el pasado mes de julio de 2022, aunque solo acudieran a las urnas el 30,5% de los electores, otorga amplísimos poderes al presidente, al tiempo que se los recorta drásticamente a los representantes del pueblo. De hecho, la ley fundamental tunecina permite al jefe del Estado disolver la Asamblea del Representantes cuando lo considere oportuno, gobernar por decreto o arrogarse plenos poderes sin límite de tiempo y sin fiscalización alguna de instituciones independientes. 

En consecuencia, la traducción práctica de todo ello es que el control del poder legislativo sobre el ejecutivo brillará por su ausencia. Por si fuera poco, la supuesta inmunidad de los diputados está severamente limitada. Dicha inmunidad no cubre “las infracciones por injurias, difamación o actos de violencia cometidos tanto al interior como al exterior de la Asamblea”. Tampoco podrán los diputados ampararse en su inmunidad para obstaculizar el desarrollo de los trabajos parlamentarios. 

En definitiva, con la instalación en sus escaños de los nuevos diputados ha echado a andar “la nueva República” que Kais Saied prometió a los tunecinos cuando disolvió la anterior Asamblea, asumió plenos poderes y puso en marcha un proyecto constituyente, destinado a reencauzar al país, que a su juicio se había deslizado por la pendiente del extremismo, la violencia y había conducido a Túnez a un retroceso evidente en sus parámetros económicos. 

La instauración de la nueva Asamblea ha estado precedida además por una generalizada hostilidad hacia los inmigrantes subsaharianos, tras las declaraciones acusatorias del propio presidente, según las cuales el “fuerte aumento de la inmigración ilegal procedente del África subsahariana busca cambiar radicalmente la identidad étnica y demográfica del país”. Declaraciones que fueron seguidas de actos de hostilidad manifiesta y agresiones físicas en la capital y numerosas localidades del país, que han propiciado la salida masiva y la repatriación de miles de inmigrantes hacia sus países de origen, principalmente a Costa de Marfil. El presidente había decretado severos castigos y sanciones para los que albergaran o dieran trabajo a tales africanos llegados ilegalmente a Túnez. 

A este respecto, el nuevo presidente de la cámara legislativa, Brahim Bouderbala, uno de los principales artífices de la redacción del nuevo texto constitucional, señaló que Túnez será “un país seguro, de manera que inversores y turistas extranjeros podrán sentirse plenamente protegidos”.