Panorama geoestratégico en el Japón post-Abe 

El pasado 28 de agosto, el premier nipón, Shinzo Abe, anunciaba su dimisión por motivos de salud tras ocho años en el poder. A falta de apenas un año para las próximas elecciones, toma el relevo quien, hasta ahora, había sido portavoz del Gobierno, Yoshihide Suga, uno de sus más estrechos colaboradores. Termina así el mandato del premier más longevo en el cargo, cuya Administración ha propiciado la campaña de rearme más ambiciosa del país desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Y es que Abe regresó al poder, en 2012, con la promesa de devolver a Japón su imagen como nación fuerte, apoyando su liderazgo en dos pilares principales: la reactivación de una economía que llevaba dos décadas en letargo y la potenciación de las capacidades armadas del país. 

No obstante, la salida del premier se produce de manera anticlimática en mitad de un intenso debate sobre la legitimidad de dotar a las Fuerzas de Autodefensa del Japón’ (JSDF, por sus siglas en inglés) de equipamiento ofensivo y con la crisis de la COVID-19 dejando en el aire la celebración de un referéndum sobre la reforma constitucional. Este último punto, el gran sueño con el que Abe esperaba culminar su periodo en el cargo, bien parece antojarse una posibilidad remota dado el escaso interés popular. Pese a las renovadas amenazas presentadas por China y Corea del Norte, el grueso de la sociedad nipona se muestra contrario a extender las competencias y posibles aplicaciones de sus fuerzas de autodefensa. Así mismo y, por si fuera poco, la actual situación de pandemia global ha mermado las exiguas ganancias derivadas del paquete de reformas económicas del premier, bautizadas como Abenomics. 

Los sucesores de Abe tienen, por tanto, un lustro notablemente complicado por delante. A medida que el centro de interés económico global ha virado hacia el Pacífico, el Extremo Oriente se ha convertido en una de las regiones de mayor fricción geopolítica del globo, dejando al desnudo la incómoda realidad de que la Doctrina Yoshida hace ya tiempo que caducó. La situación demanda de Japón un rol más asertivo en cuestiones de seguridad y defensa, pero con Abe ahora fuera de escena, ¿será capaz el nuevo liderazgo en Tokio de continuar por la senda proactiva?. 

Desde comienzos del presente siglo, la cúpula del Partido Liberal Democrático (PLD)¹ se viene esforzando por devolver a Japón al lugar que su preponderancia económica y diplomática deberían conferirle. Esta dinámica, iniciada durante la Administración Koizumi (2001-2006), ha buscado de manera persistente harmonizar la relación de Japón con sus aliados, tratando de ganar al mismo tiempo un mayor peso dentro de su singular relación con los EE. UU. El devenir de la Guerra Fría y la construcción del nuevo panorama geopolítico en el Extremo Oriente han dotado a Japón de uno de los cuerpos armados mejor financiados y equipados del planeta². Este proceso, en sí evolutivo, y no revolucionario, ha terminado por colocar a Tokio en una posición complicada. El peso de Japón hace que se espere de él un rol más asertivo en materia de seguridad regional, pero los condicionantes legales siempre han dificultado tal posibilidad. Desde su retorno al poder, Abe trató de buscar una salida definitiva a tamaña incongruencia. Japón, al fin y al cabo, llevaba 30 años poniendo a prueba la paciencia de sus aliados. 

La situación se tornó incómoda en los 80, con el país ya consolidado como la segunda potencia económica del globo, siendo también uno de los principales importadores de crudo. En 1987, las Fuerzas Navales de Autodefensa del Japón (JMSDF, por sus siglas en inglés) contaba con una de las marinas de guerra más grandes. Sin embargo, cuando EE. UU. solicitó la participación de Tokio con varios buques en la Operación Earnest Will, en el golfo Pérsico, el premier Nakasone se negó, aduciendo que dicho.

despliegue contravendría de manera frontal el segundo párrafo del Artículo 9 de su constitución^3,4. Tres años más tarde la historia se repetiría cuando Toshiki Kaifu rechazó, nuevamente, enviar navíos para la misión de bloqueo marítimo de Irak previa a la Tormenta del Desierto⁵. El malestar cundió en Washington, donde Dick Cheney llegó a afirmar que «si un país dispone de la capacidad industrial y tecnológica necesarias para devastar la industria automovilística de su principal benefactor, también debería de estar en perfecta disposición de asumir competencias en materia militar». Y tales competencias quedaban igualmente mermadas en misiones de Naciones Unidas. Cuando, en 1992, Japón anunció que participaría por primera vez con efectivos en una misión de paz de la ONU, Autoridad Transicional de las Naciones Unidas en Camboya (UNTAC, por sus siglas en inglés), la noticia fue recibida con enorme entusiasmo por el conjunto de países de la región⁶. No obstante, Tokio tan solo desplegó 600 ingenieros, observadores electorales y policías^7,8. 

No fue hasta enero de 2004 que Japón envió por primera vez a soldados armados al extranjero. La presencia del contingente de la JSDF en Irak, desplegado en Samawah, estuvo marcada desde el principio por la polémica, y no solo por la pésima acogida que tuvo en casa. Los nipones llegaron con instrucciones claras: su misión era humanitaria y sus soldados debían mostrarse escrupulosamente respetuosos con las disposiciones de su carta magna. Cuando los efectivos aliados⁹, acantonados en la zona, descubrieron lo que aquello significaba cundió el desánimo. En esencia, las tropas japonesas no podían acudir en auxilio de una unidad aliada bajo fuego si ellas no eran también atacadas. Naturalmente, la disposición no aplicaba en caso contrario. 

Peor aún, el condicionante legal imperante podía conducir a situaciones más enervantes. Un caso habitualmente analizado en diversos medios y think tanks especializados en la región abordaba el hipotético lanzamiento de un Misil Balístico Intercontinental (ICBM, por sus siglas en inglés) norcoreano contra los EE. UU. Si los sistemas de alerta nipones detectaban el proyectil y su trayectoria, ¿podrían las baterías antimisil de la JSDF abrir fuego para socorrer a su aliado? Por ulcerante que resulte, hasta la aprobación de las controvertidas «leyes de preservación de la paz y seguridad» de 2015¹⁰, la respuesta era un claro y rotundo «no». No sorprende, por tanto, que hasta época reciente el posicionamiento japonés en cuestiones relativas a seguridad y defensa haya sido visto con enorme escepticismo, socavando la imagen del país como aliado fiable. Así mismo, el artículo 9 ha imposibilitado a lo largo de las últimas tres décadas que Tokio pueda ajustar su agenda para determinar su rol en el orden internacional, no pudiendo formar parte activa en el proceso de reconfiguración regional surgido tras la Guerra Fría. Ello es inaceptable para un Estado que aspira a ser miembro permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, avocándole, por el contrario, a la condición permanente de «protectorado militar norteamericano». Sin embargo, Washington ya no está dispuesto a mostrarse conforme, y menos aún con Donald Trump en el cargo. Japón tiene sobrados medios para convertirse en una potencia armada y ahora, tras décadas de espera, un liderazgo dispuesto a asumir los desafíos. ¿Compartirá la sociedad nipona la visión de su premier? 

Ya en enero de 1960, con la firma del Acuerdo de Seguridad y Cooperación Mutua, el entonces premier, Nobusuke Kishi¹¹, vio frustradas sus ambiciones de devolver  a Japón un papel más asertivo. Abe, por su parte, nunca estuvo dispuesto a claudicar. A pesar de que más de 150 000 personas se manifestaron en las calles de Tokio durante el verano de 2015, el premier siguió mostrándose convencido de que el desarrollo de los acontecimientos a nivel regional acabará obligando al conjunto de la sociedad a aceptar sus medidas como necesarias. No obstante, hoy en día, el temor sigue siendo el mismo que hace cincuenta años: que una reforma constitucional, unida al rearme, pueda acabar arrastrando a Japón a participar en las habituales campañas bélicas en las que los EE.UU suelen verse implicados. 

Casi 80 años después del fin de la Segunda Guerra Mundial, el grueso de la sociedad japonesa sigue mostrándose abiertamente escéptico acerca de los beneficios del poderío militar. Sin embargo, es incuestionable que, a lo largo de los últimos años, esta inclinación pacifista ha ido experimentando una serie de cambios a medida que la posibilidad de un conflicto armado en Asia Oriental se tornaba más plausible. 

El Artículo 9 de la Constitución vigente parece ser explícito y dejar poco lugar a interpretaciones. Es por ello por lo que, desde los años 50, los distintos líderes políticos del país se han enfrentado con alfileres al dilema de cómo abordar la defensa de su nación de una manera más activa, pero manteniendo su capacidad armada dentro de unos límites aceptables en el marco de sus estatutos. Abe ha roto dicha dinámica, tratando siempre de afrontar los impedimentos y contradicciones derivados de la carta magna de manera frontal. Para ello ha adoptado de manera acelerada diversas medidas que, gradualmente, pudieran conducir a una reforma de esta. Con una China cada vez más asertiva y una Corea del Norte volcada en la empresa de convertirse en potencia nuclear, la capacidad de reacción de Tokio está siendo continuamente probada. Por esta razón, la cúpula del PLD se ha mostrado convencida (al menos hasta el año pasado) de que la mayoría de la población se decantaría a favor de reformar o de derogar el controvertido artículo para antes del cierre de 2021. Ya a mediados de 2014, un comité de expertos en análisis geoestratégico del PLD concluyó que, a medio plazo, se tornaría imperativo llevar a cabo una reforma definitiva del artículo que pusiera fin a las ambigüedades imperantes. Solamente eso, al fin y al cabo, permitiría a Japón volver a ser, en palabras del propio Shinzo Abe, «un país normal»¹². 

Con el deseo de alcanzar dicha normalidad, Abe ya logró durante su primer mandato¹³ la reconversión de la Agencia Nacional de Defensa en Ministerio (2007) y la creación del Consejo Nacional de Seguridad (2013). Finalmente, el espaldarazo recibido con la posterior aprobación de las leyes de 2015 animó al premier a anunciar, en abril de 2017, su intención de someter a referéndum la reforma constitucional para 2020¹⁴. No obstante, desde un principio, las primeras encuestas atestiguaron la dificultad para acometer el proyecto. Pocas semanas después de anunciarse el plan, a finales de mayo, el sondeo realizado por Kyodo, la principal agencia de noticias del país¹⁵, mostraba un 49 % de votos a favor de la reforma frente a un 47 % contrario. Mientras, el elaborado por la cadena de radiotelevisión nacional, la NHK, reducía el margen favorable a un nimio 25 %, disparándose el porcentaje en contra al 57 %. Por su parte, el principal diario del ala de centroizquierda, el Asahi Shimbun, daba un 63 % de votos contrarios frente a un 29 % de favorables¹⁶, mostrándose sus votantes especialmente opuestos a la idea de tocar cualquier punto del Artículo 9 y más aún si tal circunstancia se daba durante el mandato de Abe¹⁷. 

Nada de eso pareció preocupar al premier. En otoño de ese mismo año, Corea del Norte realizaba su sexto ensayo nuclear, iniciando además la mayor campaña de prueba de misiles balísticos de su historia¹⁸. Abe se vio así reafirmado, una vez más, en su convicción de que, a pesar de las encuestas, los porcentajes se revertirían para cuando llegase la fecha del referéndum. Desgraciadamente, las elecciones de la Cámara de Consejeros (alta) de la Dieta, en julio de 2019, arrojaron serias sombras sobre el cambio de opinión de la población. Si bien el PLD ganó con una cómoda ventaja, los votos combinados del partido con los de sus socios de coalición se quedaron a las puertas de alcanzar los dos tercios de escaños, mínimo necesario en base al Artículo 96 de la constitución para acometer cualquier reforma o someterla a referéndum. Es más, la escasa participación en los comicios, que fue inferior al 50 %, marcó un mínimo histórico desde 1995, siendo además el segundo dato de participación más bajo en unas elecciones desde el final de la Segunda Guerra Mundial¹⁹. La única opción, por ende, pasa por extenderle la mano a los distintos partidos de la oposición con la finalidad de poder alcanzar in extremis un acuerdo para celebrar dicho referéndum. 

Tan solo a lo largo del presente 2020, Corea del Norte ha efectuado el lanzamiento de una docena de misiles balísticos, todos ellos pertenecientes a los modelos KN-24 y KN- 25, que fueron disparados en tandas de dos y de tres a lo largo de la pasada primavera²⁰. Si bien en Washington la noticia fue interpretada como un síntoma de la escasez de combustible a la que el régimen norcoreano hace frente²¹, en Tokio la reacción ha distado de tamaño optimismo. El hecho de que Pyongyang haya probado tantos proyectiles de un mismo modelo en un periodo de tiempo tan breve bien puede ser indicador de que ya ha dejado atrás la fase experimental para centrarse en la operativa. La amenaza es real, máxime cuando desde 1998 han sido siete los proyectiles norcoreanos que han sobrevolado territorio nipón. Tokio está convencido de que un nuevo caso es cuestión de tiempo y de que no habrá que esperar mucho²². 

Japón ha incurrido en un gasto millonario a lo largo de los últimos 25 años para mejorar sus defensas antimisiles, instalando diversos sistemas Patriot PAC-2 y PAC-3, amén de sistemas AEGIS en los nuevos navíos de su armada. Esto le convierte en uno de los países mejor preparados para repeler ataques de esta naturaleza²³. Sin embargo, desde que en julio del presente año el Ministerio de Defensa desestimara el plan de instalar sistemas AEGIS en tierra ante su elevado coste, Tokio se ha visto obligado a sopesar otras alternativas. Ante el previsible fiasco del hipotético referéndum, el Ministerio de Defensa nipón ha logrado llevar a la Dieta el debate sobre la capacidad retributiva. Es decir, dotar a la JSDF de los medios y legitimidad necesarios para llevar a cabo ataques preventivos o de represalia en suelo extranjero. Esta estrategia permitiría a Japón, por ejemplo, atacar plataformas de lanzamiento de misiles balísticos en Corea del Norte en caso de peligro manifiesto. 

La idea no es nueva. El debate sobre la proyección ofensiva viene ganando intensidad desde comienzos del presente siglo y, por sorprendente que parezca, es una visión que cuenta cada vez con mayor aceptación entre diversos sectores de la oposición²⁴. Además, presenta tres ventajas sobre la instalación del sistema AEGIS en tierra: menor coste, mayor fiabilidad y mayor variedad de plataformas de lanzamiento²⁵. La punta de lanza de la campaña viene representada por los nuevos prototipos de misiles hipersónicos realizados por ATLA²⁶ en colaboración con la Agencia de Investigación Aeroespacial de Japón. Este sistema, sin duda la gran apuesta del Ministerio de Defensa, junto con la conversión de los izumo, está considerado por muchos como un elemento disuasorio de segundo nivel. Por medio de este, la JSDF pasará a contar a lo largo de esta década y de la próxima con proyectiles equipados con un estatorreactor de combustión supersónica²⁷ que podrían alcanzar velocidades superiores a Mach 5. A tal celeridad, y siendo capaces de maniobrar en el aire por medio de un sistema de control externo, los misiles hipersónicos son enormemente complicados de interceptar. Ahora bien, establecer un intrincado escudo de defensa es una cuestión y llevar a cabo un ataque contra suelo extranjero es otra distinta. ¿Cómo integrar esta retórica dentro del Artículo 9 sin reformarlo? Cabría la posibilidad de adaptar las leyes de 2015 para que recogieran esta posibilidad, pero ello nos llevaría a un nuevo dilema: ¿cómo determinar hasta qué punto el peligro es real e inminente y, por tanto, justificante de un ataque preventivo? Ante todas estas cuestiones, no cabe duda de que la proyección ofensiva será el tema de debate más interesante del presente año y de buena parte del siguiente. 

Dado el currículum y la avanzada edad del nuevo premier (71 años), a priori su designación bien podría parecer un movimiento provisional. Antiguo ministro de Exteriores (2006-2007) y, hasta ahora, jefe de gabinete del PLD (2012-2020), Suga es un profundo conocedor de la maquinaria política nipona, reuniendo las cualidades idóneas para ser un «líder de transición» hasta el nombramiento de un nuevo candidato fuerte. Sin embargo, a lo largo de sus primeros días, el nuevo premier se ha apresurado a consolidar su poder por medio de un interesante baile de ministros. El mensaje es claro, Tokio desea mantener la agenda política de Abe inalterada hasta, como mínimo, octubre de 2021, fecha en la que se celebrarían las próximas elecciones. Suga es el hombre ideal para ello, pero parece altamente improbable que acabe siendo elegido candidato del PLD para un periodo superior a una legislatura o para más allá de la presente²⁸. Ante esta situación, los medios japoneses no han perdido el tiempo a la hora de aventurarse a dar nombres de posibles sucesores, resultando especialmente interesantes los de Shigeru Ishiba (63), Fumio Kishida (63) y Tarō Kōno (57). El primero de ellos, habitual en las quinielas de sucesión, es un «halcón»²⁹ conservador de amplia experiencia política³⁰ y con un profundo conocimiento en cuestiones militares. El segundo, Kishida, fue el ministro de Exteriores que más tiempo ostentó el cargo durante la Administración Abe (2012-2017). Oriundo de Hiroshima, siempre ha defendido posturas moderadas en los aspectos concernientes al rearme del país, siendo un destacado opositor dentro del PLD a cualquier tipo de reforma constitucional. Por último, Kōno, se antoja como, probablemente, el más interesante de los tres. Exministro de Exteriores (2017-2019) y Defensa³¹ (2019-2020), pasó a ocupar la cartera de Estado y Reformas Administrativas tras el ascenso de Suga³². Considerado un líder independiente y asertivo, es el principal abanderado de la proyección ofensiva y, al mismo tiempo, un orientalista empedernido que, durante años, ha presionado para establecer una alianza regional duradera que incluyera a Corea del Sur³³. Nunca ha hecho esfuerzos por ocultar su deseo de ser premier en un futuro. 

Si bien numerosos analistas han tratado de encontrar paralelismos entre el final de la carrera de Abe y la de su abuelo materno, Nobusuke Kishi, la diferencia entre el legado de ambos es clara. Pese a que el premier se despide con unos ínfimos niveles de aceptación popular, Abe sí ha logrado sentar las bases de un Japón geoestratégicamente asertivo. Su Administración ha obtenido un triunfo claro a la hora de devolver al país una imagen de fortaleza y determinación, aportando herramientas estratégicas de gran utilidad para contrarrestar el expansionismo chino. La integración del Índico y del Pacífico en un único escenario geoestratégico por medio del Free Open Indo-Pacific y el impulso a la Alianza Quad son, sin lugar a duda, el ejemplo más tangible. Parece claro por ello que, a pesar de la reticencia popular, sus sucesores continuarán con la misma hoja de ruta. 

• Revertir la dinámica asertiva podría tener un coste demasiado elevado. Continuar con ella podría tener beneficios también a nivel económico o social. 

La desestimación de emplazar sistemas AEGIS en tierra ha puesto de relieve el elevado coste económico de ahondar en políticas exclusivamente defensivas³⁴. Paralelamente, retornar a parámetros de estricta limitación del poderío armado podría tener serias consecuencias económicas y para la credibilidad internacional de Japón. Tokio no puede volver a permitirse ahondar en la dependencia del paraguas americano cuando la paciencia de Washington ha llegado a su límite. Ello colocaría al país en una posición comprometida, especialmente si los comicios del próximo noviembre vuelven a dar la victoria a los republicanos³⁵. La realidad es que un fortalecimiento de la JSDF y una expansión de sus competencias podrían traer beneficios a múltiples niveles. Los japoneses desean que la presencia militar norteamericana en su país continúe, pero dadas las fricciones que a menudo se derivan de la misma, no es ningún secreto que una amplia mayoría preferiría una reducción gradual de su número de efectivos. Potenciar y expandir las capacidades de la JSDF³⁶ bien podría ayudar a conseguir tal objetivo, reduciendo al mismo tiempo los costes económicos del despliegue estadounidense, que a medio plazo dejaría en Japón sólo a unidades de cuerpos especializados y con un equipamiento más sofisticado. Así mismo, otro éxito de la administración Abe bien podría ser la adopción de los «Tres Principios de Defensa» (2014), por medio de los cuales Japón deja atrás su negativa rotunda a exportar material bélico³⁷ para permitir a las empresas niponas vender equipo militar a socios extranjeros bajo determinadas condiciones³⁸. 

• La reforma constitucional bien podría resultar innecesaria. Japón sigue queriendo ser percibido como un estado pacífico y pacifista, lo cual no tiene que ir en conflicto con el deseo de aumentar y extender sus competencias en materia de defensa. Si bien no cabe duda de que el sueño del núcleo duro del PLD es lograr, o bien una reforma constitucional, o la derogación del Artículo 9 en un futuro cercano, es muy probable que ninguna de las dos cosas sea realmente necesaria. Hasta ahora las autoridades niponas han sabido sortear muy bien las limitaciones impuestas, buscando nuevas interpretaciones que permitieran favorecer el desarrollo de su agenda armada. Ello les ha permitido normalizar de facto la existencia de sus fuerzas armadas. De esta manera, tanto si la reforma sale adelante como si no, el Ministerio de Defensa japonés está ya en vías de dotar a la JSDF de una capacidad ofensiva clara y que difícilmente podría ser revertida. Por el momento, Tokio insiste en presentar este movimiento como una nueva reinterpretación de las capacidades defensivas del país, aduciendo su naturaleza disuasoria. 
• Abe ha marcado la senda geoestratégica que Tokio debe seguir.Durante el proceso de transformación política del Asia Oriental, Japón ha logrado mantenerse como una nación próspera y estable, con un sistema democrático infranqueable y con unas Fuerzas Armadas en expansión. Sin embargo, y tras décadas de una política exterior que ha sido calificada como reactiva, cuando no pasiva, el actual ejecutivo de Tokio ha acelerado la paulatina transformación de las directrices con el objetivo de poner punto final a las contradicciones internas. Así, con la administración Abe, Japón ha aumentado significativamente sus capacidades para hacer frente a los retos planteados por el actual guion geoestratégico tanto a nivel regional como global. Tras más de medio siglo sustentando su poder e influencia en el tamaño y resiliencia de su economía, el rearme y cambio de retórica de Japón supone, a efectos prácticos, la culminación de su retorno al orden internacional como Estado- nación de pro. 

Ignacio M. García-Galán* 

Historiador especializado en Extremo Oriente