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Opinión

Perú destituye al golpista Castillo y entroniza a una mujer de extrema izquierda

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El Congreso peruano aguantó el desafío del antiguo maestro, sindicalista y mascarón de proa de la extrema izquierda, Pedro Castillo, que había emulado el mal ejemplo de Alberto Fujimori, en abril de 1992: dar un autogolpe de Estado. A Fujimori le salió bien, aunque a la postre terminara en prisión tras ser juzgado por los crímenes cometidos durante su dictadura, en la que tuvo como hombre fuerte al sanguinario y corrupto Vladimiro Montesinos. A Pedro Castillo, apodado por sus enemigos Sombrero Luminoso, le ha salido mal, hasta el punto de que ni se ha hecho con el poder total que pretendía ni ha logrado darse a la fuga con su familia, sobre la que pesan medio centenar de causas judiciales por presunta corrupción. 

El antiguo maestro rural había seguido el manual que le habían dictado sus mentores del Foro de Sao Paulo, la alianza inventada por Fidel Castro en 1992, a raíz del derrumbamiento del comunismo y la Unión Soviética, para que tal derrota no erradicara para siempre a la extrema izquierda de América Latina. Pedro Castillo, que estaba a punto de afrontar su tercera moción de censura en poco más de un año de mandato, quiso adelantarse al Congreso y procedió a disolverlo por decreto, instaurar un Gobierno de emergencia nacional y prometer elecciones generales en nueve meses, que supuestamente alumbrarían una asamblea constituyente. 

Castillo leyó el decreto con evidente nerviosismo, como lo demostraban sus temblores, pero a ello le había impelido en última instancia su consejero especial Antauro Humala, exmilitar y hermano del expresidente Ollanta Humala (2011-2016), que como los casi todos los demás jefes del Estado Peruano de las últimas décadas ha debido pasar una temporada entre las rejas de un penal. Al dubitativo Castillo parecieron convencerle las supuestas certezas de Antauro Humala en que, tan pronto como hubiera pronunciado su decreto de disolución del poder legislativo, una multitud de exmilitares reservistas saldría a las calles a rodear el Congreso, descalificar a los diputados y echarles del edificio, a lo que sucedería la plena asunción de todos los poderes por la Presidencia de la nación, que gobernaría sin ataduras a golpe de decreto. 

Sondeo y respuesta negativa de las Fuerzas Armadas

Tenía Castillo razón para exhibir sus temblores ante las cámaras. Apenas el sábado, 3 de diciembre, le había presentado su dimisión el ministro de Defensa, Daniel Barragán, que ya le habría manifestado su desacuerdo con el intento de autogolpe de Estado al que ya estaba empujando a Castillo la extrema izquierda que le sostenía. Barragán no obstante había intentado nadar y guardar la ropa, ya que cumplió el encargo de sondear a la cúpula de las Fuerzas Armadas sobre cuál sería su reacción ante un hipotético asalto al Congreso. Estas le respondieron que cumplirían con su deber de respetar y hacer respetar la legalidad constitucional y ni siquiera “harían la vista gorda” ante tal maniobra. Conscientes también otros miembros del Gabinete de lo que se preparaba, le fueron presentando su dimisión en cascada al presidente.

Pese a todo, el bisoño y débil Castillo decidió tirar para adelante, instigado tanto por Antauro Humala como por el militar que había reemplazado a toda prisa a Barragán, Gustavo Bobbio, un hombre avezado en el golpe de Estado, puesto que ya había participado en varios intentos, todos ellos fracasados, contra Alberto Fujimori y  Alejandro Toledo. 

Pero, ni el poder legislativo ni el judicial aceptaron disolverse y asentir pasivamente al golpe de Estado perpetrado desde la Casa de Pizarro. Antes bien, los diputados procedieron a votar la destitución del presidente Castillo por “incapacidad moral permanente”, que esta vez sí contó con una holgada mayoría, superior al centenar de votos, frente a los dos anteriores intentos por apearle del poder mediante sendas mociones de censura. 

De inmediato, el Congreso, conforme a la legalidad constitucional, procedió a entronizar en la Jefatura del Estado a la hasta entonces vicepresidenta Dina Boluarte, una abogada de 60 años que, como Castillo, se había alineado con la extrema izquierda neocomunista y los postulados del Foro de Sao Paulo y del Grupo de Puebla. Boluarte apenas llevaba dos semanas como vicepresidenta, puesto al que había accedido tras desempeñarse durante el casi año y medio como ministra de Desarrollo e Inclusión Social. 

Sea como movimiento táctico o como una estrategia de mayor alcance, Boluarte no solo se había distanciado de las intenciones golpistas de Castillo, sino que fue la primera en pronunciar la expresión “golpe de Estado” a la emisión del decreto de disolución emitido por Castillo. 

Castillo, detenido, y Perú en la incertidumbre

Salvado este intento evidente de apoderarse del poder e instaurar un totalitarismo de extrema izquierda, Perú tiene mucho que hacer para  recobrar el equilibrio y la estabilidad. Nada hace presuponer que los partidos políticos remen en la dirección de garantizar por mucho tiempo el respeto institucional a la Constitución, sobre todo cuando en otros países del entorno geográfico se han producido, y consumado en algunos casos, revoluciones que han desembocado en dictaduras totalitarias, o cuando menos en “dictacracias”, o sea y al fin y al cabo, dictaduras con elecciones. 

En cuanto a Castillo, otra página fallida más en la infame historia del golpismo. Al parecer, había entablado conversaciones con las Embajadas en Lima de México y Bolivia, cuyos respectivos presidentes habían cursado órdenes de acogerlo. El bloqueo de ambos recintos por una muchedumbre impidió que el expresidente y su familia, además de algunos colaboradores, pudieran huir y llegaran a refugiarse. Por el contrario, el expresidente fue detenido y a los cargos de corrupción que ya pesan sobre él habrá de añadirse el del intento de golpe de Estado para subvertir el orden constitucional.