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Opinión

Perú tampoco levanta cabeza con Castillo

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Al cabo de su primer año en el poder, el presidente de Perú, el exmaestro rural Pedro Castillo, ha disuelto las esperanzas que la apretada mayoría con la que ganó –apenas 44.000 votos- a Keiko Fujimori, había depositado en un personaje ajeno a la muy viciada clase política peruana. Cierto es que Castillo terminó siendo el candidato de Perú Libre porque el verdadero líder, el neomaoista Vladímir Cerrón, estaba inhabilitado para ejercer cargos públicos por corrupción. 

Corrupción es precisamente lo que Castillo prometió erradicar y, ahora, al hacerse balance de su primer año, resulta que aquella promesa no solo no se ha cumplido, sino que la corrupción parece haberse adherido como una cola pegajosa al círculo del presidente hasta contaminarlo a él mismo. 

Una maldición parece abatirse sobre un país en el que casi todos los presidentes desde 1990 han sido detenidos, procesados o están en fuga y con mandato de extradición, además del suicidado Alan García cuando vio que no tenía escapatoria ante las evidencias de haber sido corrompido por la megainmobiliaria brasileña Odebrecht. 

El presidente Pedro Castillo podría acabar pronto como sus antecesores. Le persiguen cinco investigaciones judiciales, la más seria por encabezar supuestamente una organización criminal. Son acusaciones muy graves, encabezadas por el que fuera su mano derecha como secretario de la Presidencia, Bruno Pacheco. Este puso pies en polvorosa cuando la Fiscalía había reunido pruebas contundentes de haber utilizado groseramente el cargo para lucrarse. Tras pensárselo durante su fuga, Pacheco terminó entregándose a la Fiscalía la semana pasada y, además de admitir los hechos que se le imputan, involucró al presidente, al que acusó directamente de haber recibido 20.000 dólares de cada uno de los coroneles de la Policía, a cambio de ascenderlos a generales y enviarlos a puestos de frontera a que “recuperen su inversión”. 

Esta y otra caudalosa cascada de casos de corrupción durante todo el primer año de mandato de Castillo han sido recopilados por Alfredo Torres, el presidente del instituto de opinión Ipsos Perú en el análisis de la última encuesta realizada en todo el ámbito territorial del país. Según la muestra, el 74% de los peruanos desaprueban la gestión del presidente que supuestamente iba a acabar con el permanente latrocinio de los cargos políticos y su connivencia con los adjudicatarios de todo tipo de concesiones. Si se compara con el 3% de peruanos que juzgan positiva la labor de Castillo, resulta bastante fácil averiguar quiénes han sido los interlocutores y beneficiarios principales de los sobornos. 

La izquierda a lo suyo, la Asamblea Constituyente

En este contexto y con esta atmósfera de caos, cabe resaltar que el mayor empeño de la coalición de izquierdas gobernante no ha sido precisamente acabar con la corrupción, sino convocar una Asamblea Constituyente. En esa pretensión coinciden con todo el denominado Eje Bolivariano (Cuba, Venezuela, Nicaragua y Bolivia) y también con Chile, que pronto habrá de juzgar en referéndum si aprueba la nueva Constitución salida de su propia Constituyente. Si en Perú aún no ha prosperado semejante propuesta es porque carecen de mayoría en el Congreso, que también ha rechazado las medidas económicas más radicales preconizadas por las huestes de Vladímir Cerrón. 

Al  mismo tiempo, la división y fragmentación parlamentaria es la que ha impedido que Castillo fuera destituido en virtud de la figura denominada “vacancia por incapacidad moral permanente”. No obstante, tras el enjuiciamiento de Bruno Pacheco, así como del exministro de Transportes Juan Silva y de numerosos colaboradores de menor rango, pero muy cercanos al círculo presidencial –ha nombrado hasta cuatro gabinetes ministeriales en este año-, parece más que probable que Castillo sea materialmente achicharrado por los testimonios que todos ellos puedan prestar. 

La cara más positiva dentro de este enrarecido panorama peruano es la que el propio presidente de Ipsos describe como descubridora de las pestilentes aguas fecales de la política peruana: la prensa, cuyas investigaciones y denuncias bien fundamentadas han puesto las bases para que la Fiscalía las convirtiera en investigaciones judiciales, y la sociedad civil, que se está movilizando como nunca para restablecer el buen nombre del país y la confianza en que pueda recobrar la prosperidad sin que sea necesario pasar inexorablemente por el puerto de arrebatacapas.