Opinión

Política sin soberanía: la inseguridad estratégica de la economía española

Industria España

En la jerga de la gestión de riesgos se usan dos metáforas para calificar el grado de predictibilidad de una crisis de grandes proporciones. El matemático libanés Nassim Nicholas Taleb desarrolló el concepto de Cisne Negro para significar la existencia de eventos cuyo elemento de sorpresa tiene unas consecuencias que son mayores que la suma de sus partes. Algunos ejemplos conocidos serían los efectos económicos de los atentados de las Torres Gemelas, el accidente de Fukushima y la quiebra de Lehman Brothers. Por su parte, el académico francés Didier Sornette acuñó el término Rey Dragón para conceptualizar que hay opciones para anticipar o predecir “eventos desconocidos” si tenemos información en tiempo real sobre el comportamiento de los sistemas complejos, porque están sujetos a dinámicas, correlaciones y patrones, ‘canarios en la mina’ que permiten anticiparse al caos. Es aún pronto para poder aseverar a ciencia cierta si en el caso de la crisis económica que está eclosionando bajo nuestros pies tiene más propiedad hablar de cisnes que de dragones. 

Aunque no parece que, en el caso de España, la debilidad de nuestro modelo económico haya podido coger a nadie por sorpresa, y tiene mucho que ver con otro animal fabuloso, en este caso la gallina de los huevos de oro, mejor conocida como industria turística. Este sector no ha dejado de crecer desde que el Plan de Estabilización de 1959 facilitó su desarrollo masivo, hasta llegar a suponer en torno al 13% del PIB nacional. No es de extrañar, pues, que el Banco de España acabe de pronosticar una caída aproximada del 13% PIB en 2020, o que un reciente estudio de la consultora Deloitte recoja que el 41% empresarios consultados esperan reducir sus plantillas un 16% este año, mientras que solo un 51% espera recuperar su actividad a partir del segundo trimestre de 2020.

La buena salud de la que gozaba el turismo hasta verse afectado por el confinamiento sanitario propició la desindustrialización del país, la incapacidad de generar suficiente empleo y la demanda de puestos de trabajo poco cualificados para actividades intensivas en mano de obra, al mismo tiempo que nuestra Universidad Pública subvenciona a Alemania o Reino Unido mediante la formación profesional de trabajadores altamente cualificados, emigrantes a los que nuestro modelo productivo es incapaz de emplear. 

Nuestra perenne carencia de una política industrial activa guarda una correlación directa con la inexistencia de procesos de crecimiento dirigidos por la innovación; en suma, por no poder crear valor añadido, y vernos obligados a competir en precio. Siendo esto negativo de por sí, la crisis de la COVID-19 ha puesto de manifiesto la extrema vulnerabilidad estratégica e insuficiencias en las que nos ha situado la dependencia industrial y de conocimiento que hemos contraído a lo largo de los años, gracias a la hoja de parra del turismo, que al haber perdido ahora, no puede ya disimular que, como en el cuento de Andersen, nuestro tejido industrial no tapa nuestra desnudez. Y lo que es peor, ha sacado a relucir nuestra impotencia para actuar estratégicamente y con autonomía. 

Hemos perdido 30 años enfrascados en disquisiciones sobre el reparto de la soberanía interna, mientras cedíamos risueñamente soberanía externa, y consentíamos que cada vez más decisiones que nos atañen las tomen otros por nosotros. Así, y aun cuando la exportación de nuestras manufactureras -principalmente centradas en actividades de ensamblaje y poco valor añadido- han visto un crecimiento continuado desde la crisis anterior, se da una tendencia a que el accionariado de estas empresas esté pasando a manos extranjeras, por lo que las decisiones de los Consejos de Dirección –que representan los intereses de los accionistas- acerca de inversiones, remuneración y contratación laboral, se toman cada vez menos en clave española. Por ende, el peso de la producción manufacturera en la generación de empleo sigue descendiendo en España, en buena medida porque la globalización de las cadenas de valor ha permitido rebajar costes salariales externalizando la mano de obra, y llevando a cabo la deslocalización de las operaciones de producción que requieren más mano de obra a países con sueldos más bajos. Esto ha supuesto una fragmentación de las fases de producción, que, al estar distribuidas a lo largo y ancho del planeta, han impulsado tanto el comercio multidireccional como la especialización de nuestra industria en el ensamblado de componentes producidos en otros países, cuyo corolario es nuestra incapacidad para producir bienes de consumo independientemente. O dicho de otra manera; nuestra producción industrial no es más que un eslabón en un larga cadena internacional de unidades productivas, dotadas de entidad jurídica propia, y que operan bajo sistemas legales e intereses sobre los que no tenemos influencia alguna. 

Si las bicicletas son para el verano, la fragmentación de las cadenas de producción requiere de un clima ideal para evitar que las interdependencias nos priven de capacidad productiva en sectores estratégicos. El shock sistémico causado por la pandemia ha puesto de relieve estas fragilidades fundamentales de nuestra economía, pero también ha puesto sobre la mesa nuestra impotencia fiscal. Mientras que aquellos países solventes que cuentan con Banco Central -Estados Unidos, Reino Unido, Japón- tienen capacidad para determinar sus políticas fiscales, monetizando la deuda que emiten para estimular el gasto doméstico, y evitar así la destrucción de empleo, nosotros dependemos de nuestra capacidad coyuntural para endeudarnos en los mercados financieros, bajo la tutela subsidiaria del Banco Central Europeo. 

Hasta la fecha, la respuesta de las autoridades españolas se ha centrado en atajar los problemas de liquidez empresarial a corto plazo, aumentando la oferta de financiación a corto plazo. Siendo esto necesario para mitigar la insolvencia inmediata, si España no lleva a cabo inversiones públicas orientadas a reformular nuestro modelo productivo, nuestra economía seguirá siendo vulnerable a las disfuncionalidades entre unos flujos de oferta y demanda dependientes de factores que no podemos controlar. No parece tener mucho sentido limitarnos a poner parches que nos aboquen a otro ciclo de deuda-austeridad, solo para seguir siendo un mercado cautivo de China, prestatario de Bruselas y con una economía languideciente. 

Uno de los atributos políticos de la deuda pública a largo plazo es compartir la carga de las inversiones públicas con las generaciones futuras. En este sentido, el verdadero riesgo moral consiste en que el endeudamiento del Estado no se haga como inversión, para que las generaciones futuras dispongan de la capacidad económica y de la independencia estratégica de las que nosotros carecemos, y que no se vean obligados a heredar a beneficio de inventario.