Principio de desbandada
Salvo para las autocracias y los indocumentados, nunca es una buena noticia que las grandes empresas salgan de un país en busca de territorios en los que puedan desarrollar sus actividades. La huida de España de Ferrovial, una de las primeras y más importantes multinacionales radicadas en nuestro país es cuando menos una muy mala noticia, por cuanto envía una inequívoca señal de que en España no se dan las circunstancias adecuadas para trabajar y encabezar por lo tanto los proyectos más avanzados para el progreso del país.
La empresa ha justificado su decisión en que es una firma internacional y que el 90% de su valor bursátil está en manos extranjeras, además de que el 82% de su negocio se realiza fuera de España. Es una manera elegante de no aludir a la razón que subyace a todas luces: la inseguridad jurídica que se hace cada vez más patente en España, el acoso fiscal a que se somete a particulares y empresas con rasgos que rozan lo confiscatorio, y la hostilidad manifiesta del Gobierno social-comunista, que les señala cada vez con más saña como los culpables del brutal deterioro de los males que acosan a la economía española, una vez que el mantra de la pandemia y de la guerra de Putin ya no son suficientes para justificar los peores índices españoles con respecto a los de los homólogos de la Unión Europea.
Ferrovial, que fuera fundada en 1952 en un pequeño apartamento por Rafael del Pino Moreno, y que al cumplir sus primeros setenta años de vida posee un valor bursátil de 20.000 millones de euros, es la primera de las grandes empresas radicadas en España que decide cambiar su sede social a los Países Bajos, es decir dentro de la misma Unión Europea. Su declarada intención de seguir cotizando en Madrid y de hacerlo en Estados Unidos podría haberlo realizado también desde la que hasta ahora ha sido su sede central, demostración palpable de que Ámsterdam les ofrece a sus dirigentes un entorno más amigable que el que respira en España.
“Mutatis mutandis”, lo que hace Ferrovial ahora es lo que ya hicieron las más de 6.000 empresas que decidieron marcharse de Cataluña a otros lugares de España en donde no se las sometiera a un señalamiento hostil, y por mucho que los gobiernos intenten difuminar esa realidad, lo cierto es que muy pocas de las que salieron a consecuencia de las locuras del “procés” se han planteado aún la vuelta a una región, cuyos dirigentes plantan y ningunean al jefe del Estado e imponen una Gestapo que persiga a los que se expresen en el idioma oficial de España.
Por mucho, pues, que quiera disfrazarse la emigración a otros lares de Ferrovial, el mensaje que se percibe es que España es cada vez menos idónea para desarrollar la libre empresa, o que en el menos malo de los casos está muy por detrás de otros entornos. De generalizarse tal impresión, podría desembocar en una desbandada, de cuya negra leyenda el país tardaría mucho tiempo en recuperarse.
Naturalmente, en los países donde se han impuesto las autocracias o simplemente regímenes totalitarios la libre empresa estorba. Esa es la esencia misma sin ir más lejos del castro-chavismo latinoamericano, donde al fin y a la postre no importan ni los muchos millones de ciudadanos que hayan de exiliarse, acosados por la miseria y la falta de libertades, ni la ruina de empresarios, cuya audacia y el valor para enfrentar los riesgos dieron origen a una pujante clase media. Tampoco importan la huida de los inversores, o que estos se tienten mucho la ropa antes de internarse en un país poco respetuoso con la seguridad jurídica. Por lo general, en tales regímenes lo único que verdaderamente importa es “okupar” literalmente el poder y convertirse en dueño y señor de vidas y haciendas, o sea en el repartidor de lo que haya.
Existe ya demasiada experiencia empírica que demuestra que la extrema izquierda no cree en la libertad y mucho menos en el trabajo y el esfuerzo para la creación de riqueza. Es más, los que se atreven a destacar por ello, aunque en esa aventura creen millones de puestos de trabajo, son sospechosos y reos de persecución y acoso. El caso de las invectivas, insultos y ataques que reciben en España de parte de esa extrema izquierda unos empresarios como Amancio Ortega y Juan Roig son el mejor ejemplo del horizonte que para este país preconizan las ministras y ministros de la mitad del Gobierno español.
La mala noticia de la marcha de Ferrovial sucede a la inspección realizada en Madrid por la Comisión del Parlamento Europeo encargada de fiscalizar el destino de los fondos destinados a modernizar la economía española. A tenor de sus primeras conclusiones, el informe que redacten no parece que disipe las muy serias dudas sobre el destino final al que han ido a parar tales fondos. Demasiadas señales de alarma para un país que aspiraba incluso a ocupar gran parte del espacio dejado por el Brexit del Reino Unido.