Rompiendo la baraja en el Mar de Irlanda
Que el Sinn Fein, antiguo brazo político del IRA, ganara las últimas elecciones en Irlanda del Norte, no ha gustado en absoluto ni a sus más directos rivales del Partido Unionista Democrático (DUP) ni tampoco al Gobierno británico de Boris Johnson. Es la primera vez en un siglo que se produce tal resultado que, según el Acuerdo de Paz del Viernes Santo de 1998, estipula que el Gobierno salido del Parlamento de Stormont debe ser de coalición, con el primer ministro perteneciente a la mayoría ganadora y el viceprimer ministro a la segunda. Hasta ahora, el primer lugar siempre lo ha ocupado un protestante del DUP, ahora Jeffrey Donaldson, pero ahora debería serlo la candidata del Sinn Fein y ganadora de los comicios, la católica Michelle O’Neill.
Parece que va a ser muy difícil que tal cosa ocurra, y eso afecta de lleno a Europa. Entre otros temas considerados de menor importancia, el DUP había enarbolado como su principal objetivo político la derogación del llamado Protocolo de Irlanda, es decir el acuerdo logrado in extremis entre el Reino Unido y la Unión Europea para desencallar el post-Brexit. Según lo que pactó y firmó Boris Johnson en 2018, Irlanda del Norte gozaría de un estatus especial, por el que esa región seguiría vinculada a las reglas del mercado interior de la UE. Para ello, la frontera se situaba en las aguas del Mar de Irlanda, de tal manera que las mercancías que llegaran a los puertos norirlandeses procedentes de Gran Bretaña habrían de sufrir los severos controles aduaneros y sanitarios que deben pasar todos los productos que llegan a cualquier país de la UE procedente de un país tercero.
A los protestantes del DUP la firma misma del Protocolo les pareció una traición de Johnson y ahora han aumentado la apuesta, hasta el punto de convertir la cuestión en un ‘casus belli’, amenazando con que no permitirán la formación del nuevo Gobierno conforme a los resultados de las últimas elecciones si no se anula ese protocolo “que nos aleja de Londres”.
No se sabe si inducidas o no, lo cierto es que tales amenazas incitaron a la ministra británica de Asuntos Exteriores, Liz Truss, a coger el teléfono y llamar al vicepresidente de la Comisión Europea, Maros Sefcovic, para prevenirle de que el Gobierno presidido por Johnson se apresta a suprimir unilateralmente los preceptivos controles aduaneros y sanitarios. Medida que, huelga decirlo, la UE considera de todo punto inaceptable.
Esgrime la jefa de la diplomacia británica el argumento de que “el protocolo de Irlanda del Norte es el mayor obstáculo para formar un Gobierno en Belfast”, además de las graves perturbaciones al comercio, cuyo desarrollo está conformando dos categorías de ciudadanos, ya que los que habitan en el Reino Unido no reciben el mismo trato que los también británicos de Irlanda del Norte.
Más allá de que esta actuación demostraría una vez más –hay numerosos ejemplos- que la fama del Reino Unido de respetar los tratados internacionales está muy sobrevalorada, emerge la impresión de querer imponer un chantaje, de manera que el partido perdedor de las elecciones terminara por lograr lo que se proponía.
Hay evidentemente otra solución mucho más respetuosa, que sería la de dejar que el Sinn Fein ganador aplicara su programa, inicialmente mucho más volcado en el capítulo social, pero sin que pierda de vista su gran objetivo: la reunificación de la isla tras someter tal deseo a un referéndum. Aunque tiene buen cuidado en no esgrimirlo como condición ‘sine qua non’, lo cierto es que tal consulta gozaría hoy de un apoyo muy mayoritario. Valga como ejemplo que, junto a los 27 escaños logrados por el Sinn Fein y los 25 del DUP, también están los 17 de Alliance, una formación que ha ido evolucionando hasta mostrarse a favor de la consulta de reunificación, que también gozaría del respaldo de una población que demográficamente ha ido conformando un mapa mayoritariamente de católicos, que es tanto decir como favorables a una sola Irlanda independiente y plenamente integrada en la Unión Europea.
Amenaza por amenaza, la UE también se vería obligada a actuar si Londres suprime el mencionado protocolo. Por supuesto, podría abrir un expediente sancionador, pero sobre todo podría suspender el acuerdo de libre comercio en vigor con el Reino Unido, o sea imponer tasas y recargos arancelarios a las mercancías británicas. Esa hipotética guerra comercial es, ciertamente, una locura, pero a todas luces la responsabilidad por desencadenarla correspondería por entero al Gobierno de Boris Johnson.