Opinión

Sanitarios irregulares frente a la COVID-19

Sanitarios en España

Faltan sanitarios en España. La escasez de personal ha hecho que algunas comunidades autónomas, como Cataluña, contraten a estudiantes y jubilados. La medida se entiende por la urgencia de la situación, pero pone en peligro a los sanitarios jubilados. Según revela el informe técnico del Centro de Coordinación de Emergencias y Alertas Sanitarias, en un estudio en un hospital de Madrid “la proporción de infección de los sanitarios en contacto con pacientes de COVID-19 fueron similares a los que no tenían contacto.” Es admirable que los profesionales jubilados decidan volver voluntariamente al trabajo, pero es un riesgo innecesario teniendo en cuenta que en nuestro país hay personal cualificado de sobra. 

“Que las autoridades sepan que estamos preparados, que tenemos experiencia, que estamos dispuestos a luchar y a darlo todo por este país, que es también nuestro país.” Así termina el vídeo en el que un grupo de inmigrantes con formación sanitaria ofrece su ayuda para luchar contra la pandemia. El grupo incluye a médicos, enfermeros y auxiliares de enfermería, la mayoría de los cuales no puede ejercer en España por no tener sus títulos reconocidos -un trámite largo, complicado y costoso- o porque se encuentran en situación irregular. Todos desean contribuir a combatir la pandemia con sus conocimientos y experiencia, pero se ven forzados a quedarse en sus casas observando con impotencia. El grupo ha creado también una petición online solicitando una regularización exprés al Gobierno, aunque de momento no ha superado las 500 firmas. 

Por supuesto, regularizar inmigrantes y reconocer títulos extranjeros es algo que en condiciones normales debería hacerse con mucha cautela. Pero la situación excepcional que vivimos, con un porcentaje importante de los trabajadores sanitarios de baja por coronavirus y una escasez de personal, requiere medidas a la altura de las circunstancias. Sin duda los estudiantes que están siendo contratados estos días van a trabajar con todo su ahínco y van a aprender muchísimo, pero tal vez sería mejor emplear a personas que ya tienen formación. Muchas vidas están en juego, y es una pena que cientos de profesionales no puedan ayudar en esta lucha por cuestiones burocráticas y administrativas. Ya faltaba personal sanitario antes de la pandemia, sobre todo en la “España vacía” -hace un año la prensa se hacía eco de dos médicos venezolanos residentes en Soria que no podían ejercer por el retraso de la administración en reconocer sus títulos, a pesar de que el hospital necesitaba urgentemente a especialistas en neonatología y medicina intensiva como ellos-, pero la situación ahora mismo es mucho más dramática.

Por suerte, parece que el Gobierno está tomando pasos en esta dirección. A finales de marzo, el Ministerio de Trabajo anunciaba la incorporación al Servicio Nacional de Salud de 202 profesionales extracomunitarios “en situación regular” en España, así como la agilización de los trámites para reconocer la titulación del personal sanitario formado en el extranjero. Otros países, como Italia, Alemania o el Reino Unido han adoptado medidas similares. A mediados de abril, España ya había reconocido los títulos de un millar de personas; los principales beneficiados -además del conjunto de la sociedad- son enfermeros y auxiliares de enfermería de origen iberoamericano, especialmente colombianos, venezolanos y argentinos. La medida, que ha requerido la coordinación extraordinaria de tres ministerios, incluye a solicitantes de asilo y a inmigrantes con permiso de residencia sin derecho a trabajar, pero excluye a los inmigrantes irregulares y por tanto deja fuera a cientos de personas con formación sanitaria. 

Cientos de profesionales sanitarios con estatus migratorio irregular, como los impulsores del vídeo y la petición antes mencionados, han manifestado en las redes sociales su deseo de colaborar en esta crisis -al fin y al cabo, muchos se formaron como profesionales de la salud por vocación- y su impotencia por no poder ser de ayuda en un momento crítico. El mensaje es sencillo pero poderoso: “Soy inmigrante, soy parte de esta sociedad, y quiero ayudar a combatir la COVID-19”.

Muchos de estos inmigrantes desempeñan tareas poco reconocidas pero fundamentales para la salud, como el cuidado de ancianos. Otros, aunque no son profesionales sanitarios, también ayudan a mantener nuestra sociedad a flote, ya sea trabajando la tierra como temporeros en condiciones precarias, limpiando y desinfectando hospitales, residencias de ancianos y edificios públicos o distribuyendo productos a tiendas, supermercados y domicilios. Además, los inmigrantes irregulares contribuyen a las arcas públicas mediante el pago de impuestos indirectos -IVA-, una contribución que podría ser mayor si cotizaran legalmente. Por encima de esta visión utilitarista -los inmigrantes nos convienen ahora porque hay falta de personal sanitario- debemos tener en cuenta que la integración y el sentimiento de pertenencia a un país van más allá de lo estrictamente legal.

España somos todos los que vivimos y tenemos seres queridos aquí, independientemente de nuestro lugar de nacimiento o nuestra nacionalidad. Todos formamos parte de esta sociedad; todos, en mayor o menor medida, sufriremos las consecuencias de la pandemia, y todos juntos contribuiremos a superar esta situación. El virus no discrimina, tampoco debería hacerlo nuestra respuesta. Es en tiempos de crisis cuando las sociedades muestran su verdadera cara. Este mes y medio de confinamiento nos ha dejado grandes muestras de responsabilidad ciudadana y solidaridad colectiva. El ofrecimiento de los sanitarios en situación irregular, que no solo se han mostrado dispuestos a colaborar frente a la pandemia, sino que además se han expuesto a ser denunciados y deportados -ya que en el vídeo y en las redes sociales muestran sus caras y dicen sus nombres-, es un gesto enorme y muy emotivo de amor a España y a los españoles. Ojalá no sea en vano.