Sin beneficios caídos del cielo para las eléctricas
El Gobierno de España falta a la verdad a la Comisión Europea planteando unos falsos beneficios caídos del cielo de las empresas eléctricas.
El 90% de la demanda eléctrica ya está vendida a precios fijos y bajo contrato por parte de las compañías eléctricas españolas. Difícilmente pueden tener beneficios extraordinarios ´caídos del cielo´. El planteamiento ha quedado groseramente desmontado. Es falso pues que, en un sistema que fija el precio por cada hora, se pague electricidad barata eólica a precio de electricidad cara de gas.
Las negociaciones del Gobierno con Bruselas para limitar el precio de la energía no parecen ir por buen camino, algo que no debería sorprender a nadie. Al tiempo que el resto de los países de la Unión Europea mira de reojo y con recelo hacia la península ibérica por la extravagante contraposición de “isla energética” y mercado común europeo, los Gobiernos español y luso se empeñan en defenderla en los términos que se presentó en la capital comunitaria en un alarde más de épica electoral que dé solución a un problema.
Los documentos enviados a Bruselas hablan de una reducción del precio de la electricidad basada en imponer un tope al precio del gas que contemplaría un sistema de doble casación ideado para discriminar la electricidad que consume la península respecto a la que exporta a través de los Pirineos al mercado comunitario, un mecanismo de doble fijación de precios con un resultado para la exportación que mantendría la fórmula habitual y otro para el mercado interior, que prevé un tope en el precio del gas, una solución que pone los pelos de punta a la Comisión por su agresión a la unidad de mercado.
La realidad es que no existe la pretendida excepcionalidad ibérica y que los planteamientos de los Gobiernos socialistas de España y Portugal no conseguirían más que arremeter contra las bases de la UE precisamente en un momento en el que Europa, con una guerra a los pies de sus fronteras del este, es más necesaria que nunca.
En este entorno, primero la ministra Calviño y después el propio presidente del Gobierno de España se apropian de los argumentos más toscos de una ultraizquierda agonizante y se pasean por las páginas y los platós de los medios de comunicación revestidos de una superioridad moral con rancio tufillo anticapitalista que, en el fondo, no responde más que a un movimiento electoralista.
Las encuestas andaluzas no auguran buenos resultados para el PSOE y los datos son tozudos, España no liderará el crecimiento de la zona euro tras la pandemia y, en este contexto adverso, se ha optado por una solución antigua y propagandística: encontrar a un enemigo común y potente que desvíe la atención y que les congracie con los ciudadanos: las “odiosas eléctricas”, compañías sin escrúpulos que atentan contra la maltrecha salud de las cuentas de los españoles para seguir incrementando los inflados emolumentos de las suyas propias. Las cosas no son tan simples como se dibujan. Lo más sorprendente de todo es cómo la última portavoz de esta fanfarria de populismo fácil sea la ministra de Asuntos Económicos.
El Gobierno obvia deliberadamente el conflicto bélico en Ucrania y traslada la responsabilidad del incremento del precio de la electricidad a las compañías que la producen y comercializan, una falacia que, a golpe de titular repetido hasta el hastío en sus altavoces más fieles, pretende convertir en suprema verdad.
Sin un ápice de rubor oculta lo que realmente sabe, que casi el 90% de la electricidad que consumimos los españoles lo hacemos a través de contratos a largo plazo, y traslada a todos, como mal mayor, el problema del porcentaje restante, el que solo afecta a aquellos hogares que tienen contratos PVPC, los únicos sujetos a los vaivenes de un mercado convulso como el actual. Este es el embuste camuflado que el Gobierno pretende también hacer tragar a la UE, que no parece dispuesta a comulgar con ruedas de molino.
La realidad es que lo que ocurre en España sucede de forma muy similar también en el resto de Europa, pero Pedro Sánchez parece haber decidido que la mejor salida de la crisis inflacionista es atacar las reglas del mercado, criminalizar la libertad de empresa y poner en peligro, con unas nuevas y distorsionadas reglas del juego, las inversiones futuras de algunas de las principales compañías de nuestro país y, con ellas, la masa laboral a la que se debe.