Sudán del Sur: El difícil camino hacia la consolidación de la paz

Iván Navarro Milián. Analista de la Fundación Alternativas

Desde que en diciembre de 2013 estalló la última fase del conflicto armado en Sudán del Sur, producido por discrepancias en el seno del partido de gobierno que se tradujeron en enfrentamientos entre las facciones leales al presidente Salva Kiir (SPLA) y las del entonces vicepresidente Riek Machar (SPLA-IO), el país se ha visto envuelto en una cruenta guerra civil que ha generado alrededor de 400.000 víctimas mortales y más de 2 millones de personas desplazadas forzosamente por la violencia, convirtiéndose, según datos de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), en la mayor crisis de refugiados en África y la tercera más grande del mundo por detrás de Siria y Afganistán. Si bien en agosto de 2015 se logró, mediante importantes presiones de la comunidad internacional, un Acuerdo de Paz, la beligerancia y la falta de compromisos de las partes, ha hecho imposible lograr poner fin a la violencia y consolidar la paz en la nación más joven del mundo, que logró su independencia en 2011. 

En septiembre de 2018 el gobierno y los rebeldes del SPLA-IO volvieron a ratificar su compromiso con la paz, firmando el Acuerdo Revitalizado sobre la Resolución del Conflicto en la República de Sudán del Sur (R-ARCSS). Dicho acuerdo recuperaba las bases del Acuerdo de Paz de 2015, y establecía una serie de compromisos, en donde resaltaba la creación de un periodo de pre transición de ocho meses para configurar un gobierno transicional de coalición previsto para mayo de 2019, que representa una condición previa para la realización de elecciones libres en 2022. Sin embargo, en mayo no se logró ese objetivo, y las partes, bajo mediación del grupo regional africano, Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo (IGAD) -que funge como principal actor mediador- acordaron extender por seis meses, hasta el 12 de noviembre de 2019, el período de transición. La ampliación del tiempo se debió a la incapacidad para resolver aspectos fundamentales previos a la conformación del esperado gobierno de unidad, entre cuyas principales cuestiones no resueltas están la construcción del ejército unificado, aspectos relativos al control de seguridad en la capital, Juba, para facilitar la vuelta al país a Riek Machar (exiliado en Sudán) o el asunto relativo al establecimiento del número de estados y sus límites territoriales. Sin embargo, una vez más, el plazo no se cumplió, y a finales de octubre Kiir y Machar volvieron a solicitar una nueva extensión de los plazos de transición, argumentando que las condiciones no eran las adecuadas y que la conformación de un gobierno podía poner en riesgo el alto el fuego acordado. El 7 de noviembre, en una cumbre de emergencia celebrada en Uganda bajo mediación del presidente ugandés, Yoweri Museveni, el presidente del Consejo Soberano de Sudán, general Abdel Fattah al-Burhan, y el enviado de Kenia, Kalonzo Musyoka, Kiir y Machar acordaron una nueva extensión del plazo de 100 días, ahora previsto para el 22 de febrero de 2020.

Las principales dificultades para la conformación del ansiado gobierno de transición remiten a las discrepancias entre los aspectos de seguridad y la división administrativa del país. En relación al primer punto, se ha avanzado con la asunción de acuerdos de las partes relativos a la conformación de una unidad de protección encargada de proporcionar seguridad a los funcionarios del Gobierno en Juba durante el período de transición, así como la creación de otra unidad especial, denominada Guardias Republicanos, que será responsable de proteger a los líderes de la oposición. A su vez, se acordó avanzar en la constitución de la Comisión de Desarme, Desmovilización y Rehabilitación (DDR), sin ponerla aún en marcha, que prevé la conformación de unas fuerzas armadas compuestas por 83.000 soldados. Sin embargo, los avances aún están lejos de concretarse en medidas efectivas de confianza y seguridad que hagan que Riek Machar y los miembros del SPLA-IO vuelvan a Juba para poder conformar el gobierno transicional.

Por otro lado, en el aspecto relativo a resolver la controvertida cuestión de la división administrativa del territorio y la ubicación de los límites estatales, poco se ha avanzado. Este aspecto se sitúa como el aspecto más crítico para romper con el estancamiento entre las partes, ya que las discrepancias existentes sobre el número y límite territorial de los estados, se enmarcan en una compleja lógica de distribución de poder de las dos facciones. Sin avances en este aspecto existe poco recorrido para prosperar en la consolidación de la paz en el país. Antes del inicio de la guerra civil, Sudán del Sur estaba conformado por 10 estados, en donde los gobernadores estatales tenían un poder sustancial en cuanto acceso a recursos e influencia sobre los nombramientos políticos hasta el nivel local. Dichos límites estatales son muy importantes en un país profundamente dividido en base a afiliaciones étnicas y políticas, ya que pueden determinar qué grupo étnico domina cada estado y se beneficia de sus recursos, incluido el petróleo. Antes del inicio de la guerra, Riek Machar había demandado una redistribución de 21 estados, basado en líneas étnicas, que facilitaran la gobernabilidad de ambas facciones en el país. Sin embargo, el gobierno de Salva Kiir realizó una reconfiguración, primero de 28 estado, y posteriormente ampliada a 32, que favoreció su base política y generó fuertes discrepancias en algunos estados aliados de Machar que vieron como la nueva distribución administrativa-territorial redujo su poder y distribuyo sus tierras a otros grupos.

Si bien tanto el Consejo de Paz y Seguridad de la Unión Africana (UA), como la IGAD o la Troika (EEUU, Noruega y Reino Unido) presionan a las partes con sanciones para abordar los asuntos pendientes y conformar el ansiado gobierno transicional, hasta ahora no parece que en los próximos días se logre un verdadero acuerdo que dé paso a una nueva fase de transición que traiga la estabilidad y la paz que la población tanto ansía. A todo ello hay que sumarle el surgimiento de nuevos actores armados irregulares que no reconocen a las facciones de Salva Kiir y Riek Machar como interlocutores válidos en la construcción de la paz y, por ende, no han ratificado el acuerdo de paz manteniendo la guerra, principalmente en la región de Equatoria. Organizaciones como el Frente de Salvación Nacional (NAS) encabezado por Thomas Cirillo, el Movimiento Democrático Popular (PDM) dirigido por Hakim Dario o el grupo liderado por el exgeneral sur sudanés Paul Malong, Frente Unido del Sur de Sudán (SSUF/A), representan nuevas amenazas que dificultan poner fin a la violencia en el país.