Turingia, Merkel, Karrenbauer y la democracia
Turingia es un Estado libre situado en el centro-este de Alemania. Tiene poco más de dos millones de habitantes y uno de los datos de PIB más bajos del país, sólo empeorado por los de Mecklemburgo-Pomerania Occidental, Sarre y Bremen. Su ciudad principal es Erfurt y sus principales industrias son dos plantas de automoción de Opel y Bosch que emplean a dos mil quinientos trabajadores.
El pasado mes de octubre se celebraron allí elecciones regionales para renovar su gobierno. La Izquierda (Die Linke) resultó vencedora, pero el factor de distorsión fue la segunda posición lograda por Alternativa por Alemania (AfD), que obtuvo casi uno de cada cuatro votos emitidos. El partido conservador tradicional, la CDU, quedó a unas décimas. El líder local de esta formación de ultraderecha, Björn Höcke, dijo entonces que el resultado de su formación debería hacer reflexionar al resto de la señal que el electorado enviaba. 259.382 ciudadanos de Turingia votaron por la opción ultraderechista. La gobernabilidad de este territorio quedó en manos de las posibles alianzas que pudieran establecerse.
La pasada semana se anunciaba un acuerdo que hoy es papel mojado. El candidato liberal (FDP) Thomas Kemmerich lograba ser elegido primer ministro de Turingia con los votos al alimón de CDU y AfD, impidiendo así un acuerdo en sentido contrario de los socialdemócratas, los verdes y el líder de La Izquierda, Bodo Ramelow. Y esa coincidencia del voto, que no acuerdo, del partido de la canciller con la ultraderecha, ha desatado todos los terremotos imaginables en el corazón de Europa, haciendo caer incluso a la delfín de Merkel que estaba llamada a ser su sucesora. Annegret Kramp-Karrenbauer va a dejar de ser presidenta del partido y ya no será la candidata a la cancillería en las elecciones de 2021. Su liderazgo había quedado cuestionado por la rebelión de sus representantes en la tierra de Johann Sebastian Bach, que desoyeron las órdenes de la dirección. Su caída deja un vacío en la sucesión que abre incertidumbres de enorme calado en la primera potencia europea.
Se ha llegado incluso a hablar de ensayo de coalición entre CDU y AfD para definir lo ocurrido en Turingia. Pero la postura de la CDU no deja de tener coherencia: se había marcado como inaceptable cualquier alianza con los ultras de la derecha o con los ultras de la izquierda, personificados en Die Linke. En el resto de Europa sólo están proscritos los acuerdos o entendimientos con los radicales de derecha, mientras que los radicales del lado opuesto son vistos con el romanticismo de los viejos ideales que representan, aunque su radicalidad sea igual de peligrosa. Aunque lo ocurrido en Turingia no haya sido un pacto entre Afd y el partido de Merkel, la mera coincidencia en su apoyo a un tercer candidato ha generado estas suspicacias. Un cordón sanitario es un cordón sanitario, y saltárselo es una muestra de desprecio a los principios de una formación política seria.
La disyuntiva que surge en las democracias occidentales es si se deben permitir partidos políticos que representen esas ideas. Porque está demostrado que si concurren a los procesos electorales, una parte cada vez más importante de los votantes les dan su apoyo, por múltiples motivos. Las razones van desde el hartazgo de las promesas incumplidas durante décadas por los actores políticos convencionales, hasta la sensación creciente de falta de respeto hacia los valores que la Europa profunda representa, diluidos hoy en un magma de culturas. Las leyes electorales están para ser cambiadas cuando el momento lo precisa, y tal vez este sea uno de ellos.
Lo ocurrido en Alemania ha servido para que en muchos medios se establezca la comparación con algunas regiones españolas donde el acuerdo de gobierno de dos formaciones de centro derecha ha sido posible gracias a los votos de un tercer actor al que se quiere hacer pasar por equivalente a AfD. Lo cierto es que esa formación política española dista mucho de estar asimilada a los partidos ultras o neonazis europeos, aunque fruto de su propia bisoñez y torpeza políticas, y como consecuencia del discurso confuso y radical que defiende en algunos aspectos de la vida pública, sea reconocido como un miembro más de la internacional xenófoba del continente. Pero quienes defienden que en España hay 3.640.000 fascistas por haber votado a ese partido hacen una caricatura que se descalifica por sí sola.