Un asalto que no puede quedar impune
Ya ha anunciado que no asistirá a la Inauguración del mandato del nuevo presidente. Donald Trump lo ha anunciado como un acto voluntario, casi como un gesto de simple desacuerdo. “Es lo mejor que puede hacer”, replicó Joe Biden. Demasiado escueto, excesivamente suave para lo que el todavía máximo ejecutivo de Estados Unidos provocó en el Capitolio de Washington.
La determinación de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, tercera autoridad del país, en que Trump salga de la Casa Blanca sin consumar los pocos días que ya le restan de mandato, no está movida por un mero revanchismo. Como encarnación del poder legislativo, considera que el intento de secuestrar su sede era un ataque directo a la democracia, al poder soberano del pueblo al que el populismo proclama defender.
Como personaje acostumbrado a los focos, Trump alentó una operación que, en palabras del senador republicano Ben Sasse, quería sembrar el caos y que éste engullera a Washington, un caos que fuera además transmitido en directo por todas las televisiones. En definitiva, un golpe de Estado, calificación que para Pelosi, la práctica totalidad del Partido Demócrata y cada vez más miembros y dirigentes del Partido Republicano, está fuera de toda duda, en la medida en que su objetivo era sabotear el resultado de unas elecciones que él y su partido habían perdido en las urnas. Un sabotaje apoyado en la violencia de miles de sus partidarios a los que no había cesado de alentar en todo su mandato, coronado por su último e incendiario discurso en el que impulsaba precisamente ese ataque definitivo al Congreso.
Como se sabe, afortunadamente, Trump no consiguió su objetivo y, desalojado el Capitolio, su vicepresidente y presidente del Senado, Mike Pence, se negó a secundar el golpe y ratificó la victoria de Joe Biden. Una actuación que le valió la ira y calificativo de “traidor” de un Trump al que había servido lealmente, pero que prefirió en última instancia poner la legalidad, la legitimidad y los intereses de su país por encima de los de su jefe.
Tras haber sido incapaz de mostrar prueba alguna fehaciente del supuesto fraude electoral, y haber sido desautorizado por todos los tribunales, muchos de ellos encabezados por jueces nombrados por él mismo, Trump veía así esfumarse su desesperado intento por prolongar su estancia en la Casa Blanca. Un deseo tras el que se encerraba probablemente algo más que estar cuatro años más y agotar los dos mandatos consecutivos a los que constitucionalmente tendría derecho. A la mesa de Nancy Pelosi y de muchos otros legisladores han llegado bastantes indicios de que Donald Trump tenía la intención de acometer en su hipotético segundo mandato una reforma constitucional que le permitiera representarse y ser elegido indefinidamente. O sea, como no pocos caudillos del hemisferio sur, pero sobre todo como ha hecho también el presidente ruso, Vladímir Putin. Este, al que se atribuye haberse jactado de haber contribuido a la derrota en 2016 de Hillary Clinton y de haber instalado por lo tanto en la Casa Blanca a Donald Trump, podría haber alentado todas las maniobras de éste en pos de ese objetivo.
Al igual que Putin, ya inmune por ley hasta el final de sus días, la adquisición de tal privilegio por el presidente de Estados Unidos sería la garantía de que nunca más, ningún tribunal, podría reabrir cualquiera de las muchas posibles causas pendientes en materia fiscal, sexual y de abuso de poder. Todo ello, en definitiva, en su exclusivo y único interés, y a la vista de los hechos, sin importarle lo más mínimo la reputación de su propio país ni respeto alguno por los valores democráticos que encarna.
Mike Pence, ya lo ha dicho, no impulsará la aplicación de la XXV Enmienda constitucional, que le permitiría sustituir siquiera por unos días, a su jefe aquejado de incapacidad para desempeñar los deberes de su cargo. Es más que posible por lo tanto que Nancy Pelosi active los trámites para la destitución (impeachment) de Trump, aún a sabiendas de que tal proceso no podrá concluir antes del próximo día 20, fecha de la transmisión de poderes a Joe Biden. Pero, la presidenta de la Cámara baja no quiere que Trump se vaya tranquilamente a su nueva residencia privada y el asalto a la sede de la soberanía popular pueda así quedar impune.
Como afirma el profesor Eddie Glaude, de la Universidad de Princeton, “si después del acto de insurrección no se pide cuentas a nadie, nos estaremos condenando a nosotros mismos a que esto se repita”. Glaude se centra especialmente en los supremacistas blancos cuando afirma también que “hemos consentido estos elementos desde nuestro nacimiento como nación, y desde entonces han amenazado con desbordar nuestra democracia. Tenemos que arrancarlo de raíz de una vez por todas si queremos superarlo”.
Los acontecimientos del Capitolio desbordaron seguramente las previsiones de Trump, que pareció darse cuenta de las consecuencias de sus soflamas cuando en menos de 24 horas grabó un video en el que condenó los actos vandálicos de los asaltantes, omitió su sempiterna coletilla de que le habían robado las elecciones y terminó asumiendo su derrota. Cambio de discurso tan ostensible se atribuye a la presión de su propia hija, Ivanka, pero sobre todo al asesor legal de la Casa Blanca, Pat Cipollone, que le advirtió de que incitar a la insurrección es un grave delito.
Que Trump no renuncia en todo caso al final de su carrera política parece demostrarlo su posterior proclama, también un día apenas más tarde, de que “los 75 millones de patriotas americanos que votaron por mí, por poner a América primero, y por hacer a América grande otra vez tendrán una voz gigantesca en el futuro”.
Es seguramente muy cierto que gran parte de esos 75 millones han creído de buena fe las mentiras que a diario y sin el menor rubor les administraba. La desintoxicación no será fácil, máxime cuando Trump deja como lo más ponzoñoso de su legado la polarización de un país, al que encaminaba sin rubor hacia un enfrentamiento que históricamente suele calificarse como guerra civil.
Eso no puede quedar impune.