Una Constitución que dividirá más aún a Chile
Ojalá no fuera así, pero no parece probable que la nueva Carta Fundamental chilena encuentre un respaldo mayoritario y que no deje lugar a dudas entre los 15 millones de electores que obligatoriamente habrán de votarla el próximo 4 de septiembre.
Al recibir el texto de manos de la Convención Constitucional, el presidente Gabriel Boric quiso solemnizar la importancia del texto proclamando que “una vez más será el pueblo quién tenga la última palabra sobre su destino”, decretando asimismo que “Chile empieza una nueva era”.
De la lectura de los 388 artículos y 57 normas transitorias, que convierten este texto en una de las constituciones más prolijas del mundo, se desprende una evidente ruptura con las regulaciones y competencias de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, una auténtica revolución que, a tenor de los sondeos, polariza aún más si cabe al país.
En realidad, la propia composición de la Constituyente ya anunciaba un texto de ruptura. De los 154 ciudadanos independientes o afiliados a partidos políticos que la componían, más del centenar se proclamaba de izquierdas, con preponderancia de las tendencias más radicales, dejando prácticamente al centro y la derecha sin posibilidad alguna de bloqueo en la redacción final del texto. Más influencia han tenido en cambio los 17 miembros de los pueblos autóctonos chilenos, especialmente los mapuches, que han logrado que, en el proyecto de nueva Constitución, Chile sea definido, además de “Estado social y democrático de derecho”, como “un Estado plurinacional e intercultural que reconoce la coexistencia de diversas naciones y pueblos”. Tras ello, el texto les reconoce el pleno ejercicio de sus derechos individuales, en especial el de la autonomía y el autogobierno”. Esta redacción provocó el júbilo de los numerosos asistentes y manifestantes al acto de entrega del documento al presidente Boric, tanto es así que la proliferación de banderas indígenas opacaba la presencia minoritaria de la enseña nacional de Chile.
Además de proclamar una paridad absoluta, la perspectiva de género es también otra constante en el proyecto de Constitución. Así, se señala la obligación del Estado de velar por “una sociedad en la que mujeres, hombres, diversidades y disidencias sexogenéricas participen en condiciones de igualdad sustantiva”.
El proyecto rompe también con la tradición americana de un poder ejecutivo fuerte, encarnado en regímenes con un acusado presidencialismo. Sus facultades quedan recortadas, y una parte sustancial de sus poderes serían traspasados a los gobiernos regionales. Tanto el presidente como los diputados no podrán prorrogar, a priori en ningún caso, su estancia más de dos mandatos, es decir ocho años.
De las dos Cámaras Legislativas actuales, persistiría el Congreso de Diputados y Diputadas, pero no así el Senado, que dejaría paso a una Cámara de las Regiones, aunque ésta con poderes limitados.
En cuanto al Poder Judicial quedaría dividido en dos: el Sistema Nacional de Justicia, al que estaría sujeta la mayoría de la ciudadanía y el Sistema de Justicia de los Pueblos Indígenas, y en el que las sentencias de sus autoridades ancestrales tendrían la misma fuerza coercitiva que el primero. Caso de que se apruebe, el primer choque entre ambas legalidades se producirá cuando los pueblos indígenas reclamen la restitución de sus territorios y recursos, apoyándose en el texto constitucional que reconoce precisamente la restitución de tierras como “el mecanismo preferente de reparación” [de las injusticias del pasado].
Como si ya previera la tormenta que se producirá durante estos dos meses antes del referéndum, el presidente Boric, a quién so capa de diferentes pretextos no acompañó ninguno de sus predecesores en La Moneda, exhortó a “debatir intensamente el texto, pero sin entrar en mentiras, deformaciones o interpretaciones catastróficas desconectadas de la realidad”. Boric reafirmó su apoyo al proyecto de Constitución, que eliminará lo que para él era el principal obstáculo, conforme a la actual Constitución de 1980: impedir toda reforma social de fondo.
Con los sondeos a favor del “rechazo” por un 44% frente a un 25% partidario del “apruebo”, y un 40% de indecisos, a estas alturas se hace difícil pensar que una de las dos opciones se impondrá por una mayoría considerable. Si ganara el proyecto, aunque sea por la mínima, cabe pensar que Boric y su coalición Frente Amplio-Partido Comunista se avengan a algún tipo de reforma sobre la reforma. Pero si triunfase el rechazo, como ahora mismo explican los sondeos, la reacción podría incendiar el país, toda vez que seguiría en vigor la actual Constitución de 1980, redactada entonces bajo la atenta e implacable mirada del régimen militar.