Opinión

Urge cambiar la regla de la unanimidad en la UE

Atalayar_ Unión Europea

Tres países han interpuesto su veto a la puesta en marcha del fondo de recuperación europeo, esos 750.000 millones de euros con los que se intentaría paliar la debacle financiera provocada por la pandemia. Del bloqueo de esos fondos penden también, claro está, los 140.000 millones que corresponderían a España, y en los que el Gobierno de Pedro Sánchez sitúa el eje del éxito de su legislatura. Como todo está íntimamente ligado, también están en el aire el marco financiero plurianual 2021-2027, con sus 1,1 billones de euros, y el presupuesto mismo de 2021, cifrado en 160.000 millones.  

Lo fácil obviamente sería culpar a Hungría, Polonia y Eslovenia por no admitir que la recepción de tales fondos quede supeditada a una evaluación sobre el respeto al Estado de derecho en el país receptor. La evaluación fue una concesión necesaria para el acuerdo, exigida por los denominados países frugales que, encabezados por Holanda, son los más ahorradores y por lo tanto los que más aportarán en términos relativos a la solidaridad comunitaria. Exigencia tanto más lógica cuanto que no es fácil explicar a una opinión pública austera que el fruto de sus ahorros va para que lo “dilapiden” los que tienen fama, aunque sea en gran parte injusta, de manirrotos.

Es una cuestión peliaguda, por cuanto ese pilar fundamental del acervo europeo se presta a interpretaciones que, sin poner en duda el núcleo de las libertades democráticas fundamentales, puede admitir matices de interpretación. Desde la perspectiva más estricta, los intentos del gobierno de Mateusz Morawiecki en Polonia por domesticar a la justicia pueden atentar contra el Estado de derecho tanto como hacerlo en España mediante una reforma en la elección del Consejo General del Poder Judicial. Ese es precisamente el argumento que esgrime Varsovia. Con las mismas dudas podrían situarse las implacables medidas de contención de la inmigración ilegal en la Hungría de Viktor Orban con las adoptadas por ejemplo en Grecia, donde los campos de refugiados desesperanzados se asemejan a campos de concentración. Tampoco parecen muy diferentes las presiones sobre medios de comunicación y periodistas magiares de los intentos por implantar un “Ministerio de la Verdad” en otras latitudes europeas.

Pero, la supeditación de los fondos a la evaluación sobre el Estado de Derecho es un pacto concluido entre el Consejo de jefes de Estado y de Gobierno y el Parlamento Europeo, lo que deja poco margen para la renegociación. Lo más probable es que al cabo se consiga alguna fórmula que permita a polacos, húngaros y eslovenos salvar la cara, máxime cuando también se encuentran entre los países más beneficiados por el maná de tan ansiados fondos de recuperación. 

Peligro de que se acelere el derrumbamiento

El retraso añadiría aún más incertidumbre y derrumbamiento económico al que ya se ha producido. La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, ya lo ha advertido, una vez que le han comunicado los datos que demostrarían la prolongación del invierno económico en que se halla sumida la UE, en particular toda la zona euro.

Y esto pone de manifiesto una vez más el problema que plantea la regla de la unanimidad, que permite frenar iniciativas o medidas de carácter perentorio por la discrepancia o reticencia de uno o varios de los miembros de esa sociedad denominada Unión Europea. Cierto que ya se han ensayado y puesto en marcha mecanismos que sortean la regla, pero sin encontrarse el acuerdo necesario para implantar la Europa de dos o más velocidades, acorde con los deseos o la voluntad de avanzar de unos y otros en multitud de campos.

Los acuerdos por consenso tienen las ventajas de conseguir cesiones de todos los actores, pero a cambio presentan el inconveniente de su exasperante lentitud cuando la competitividad entre los actores globales que se disputan el mundo es cada día más dura y agresiva. El caso presente evidencia esa perentoriedad de lo fundamental, conseguir los fondos necesarios para asomar siquiera la cabeza ante la catástrofe provocada por la pandemia. Ello no obsta para que se aborde con determinación pero con la suficiente calma lo que sería el mínimo común denominador del Estado de Derecho dentro de la UE. 

Podrá argüirse que el núcleo fundacional –Alemania, Francia, Italia, Bélgica, Holanda y Luxemburgo-, tenían una homogeneidad democrática que se ido trocando en diversidad a medida de las sucesivas ampliaciones. Razón de más para abordar esa revisión, que no ceda empero en el respeto a la observancia de las libertades fundamentales, pero que tampoco impida que los más decididos puedan emprender avances de los que al fin y a la postre nos beneficiaremos todos los europeos.