Víctimas del 11-S serán indemnizadas con fondos afganos confiscados
El reinstaurado régimen talibán de Afganistán no recuperará gran parte de los fondos de su banco central depositados en Estados Unidos, al menos una parte muy sustancial de ellos. De los 9.400 millones de dólares de los activos con que contaba el banco central de Afganistán en el extranjero antes de que los talibanes conquistaran Kabul el pasado agosto, 7.000 millones han sido confiscados por el presidente norteamericano Joe Biden.
El actual inquilino de la Casa Blanca ha utilizado para ello una ley de 1977, que le confiere poderes económicos extraordinarios de emergencia. En consecuencia, tal suma ha sido transferida a una cuenta especial bloqueada por la Reserva Federal de Nueva York.
El impacto que ha tenido la noticia de esta confiscación ha sido atenuado por la comunicación del destino que tendrán tales fondos: la mitad, o sea 3.500 millones, cubrirán las indemnizaciones que previsiblemente acordarán los tribunales a las familias de las víctimas de los atentados del 11 de septiembre de 2001. Muchas de ellas ya habían interpuesto las correspondientes demandas hace varios años, aunque el final de los procesos tardará seguramente unos cuantos meses o años más en sustanciarse. Por el contrario, los otros 3.500 millones de dólares podrán distribuirse con mucha más rapidez, a título de ayuda humanitaria, a las organizaciones capaces de canalizarla. Estas habrán de demostrar de manera fehaciente que tal ayuda no cae finalmente en manos de los talibanes.
Esta maniobra del presidente Biden busca lograr varios objetivos. En primer lugar, resarcirse siquiera en parte de la pésima imagen que significó para él mismo y para Estados Unidos la película de la precipitada y caótica evacuación de Kabul, cuya caída facilitó la vuelta al poder de un régimen talibán que está dando numerosas muestras de haber recobrado las prácticas más brutales de su ignominioso gobierno. Al mismo tiempo, el gesto les culpa de haber albergado al cerebro de los atentados del 11-S, cuyas represalias cambiaron radicalmente la geopolítica del mundo. Y, por supuesto, resarce a las familias y allegados de las víctimas, nunca olvidadas como lo prueban los monumentos y continuas conmemoraciones, pero acreedoras a compensaciones, que siempre serán insuficientes, por el horror de sufrir la pérdida inmensa del futuro propio y de los que murieron o quedaron heridos de por vida.
También lanza un mensaje hacia el propio pueblo afgano, que al fin y a la postre es víctima principal de un régimen con el que muchos no comulgan, especialmente las mujeres, que han visto de nuevo cercenadas su libertad y autonomía para volver a los tiempos más oscuros. Por supuesto, la ayuda humanitaria será claramente insuficiente, y a buen seguro que será muy difícil que llegue a manos de sus destinatarios sin que sea interceptada antes por los milicianos del régimen, pero ese es otro debate.
Finalmente, y para cubrir el flanco de los más críticos con esta “apropiación” de fondos ajenos, Biden se ha encargado de argumentar que la práctica totalidad de los fondos confiscados provenían originariamente de las donaciones al Gobierno afgano, también a título de ayuda humanitaria, efectuadas a lo largo de las últimas dos décadas, entre la caída del régimen talibán y su retorno al poder.
El balance global de aquellos atentados y de la posterior invasión, ocupación y guerra del país, sosteniendo de paso a dirigentes probadamente corruptos, es esencialmente desastroso, a tenor de la comprobación de en qué ha desembocado tantas penalidades y esfuerzo. La confiscación y atribución de estos 7.000 millones de dólares no borra la historia pero, al menos palia un poco la tragedia de las víctimas por las que se desencadenó todo.