¿Un “nuevo pacto” COVID-19 para los trabajadores informales?
Los trabajadores informales son aquellos que trabajan en empleos que no están registrados en las autoridades locales o cubiertos por acuerdos de trabajo formales. Aunque suelen quedar fuera de la red fiscal, esos trabajadores no suelen tener derecho a la seguridad social básica ni están protegidos por los derechos laborales básicos.
Se estima que en todo el mundo hay unos 2.000 millones de trabajadores del sector no estructurado en toda una serie de ocupaciones e industrias. Aunque constituyen el 62% de todos los trabajadores del mundo, según la Organización Internacional del Trabajo (OIT) de las Naciones Unidas, están muy concentrados en los mercados emergentes.
Por ejemplo, mientras que la proporción de trabajadores informales en los países de altos ingresos es sólo del 18%, esta cifra se eleva al 67% en los países de ingresos medios y al 90% en las economías de bajos ingresos. Además, la OIT estima que las empresas del sector no estructurado representan ocho de cada diez empresas en el mundo, muchas de las cuales son operaciones familiares o comunitarias en pequeña escala.
Si bien estos trabajadores experimentan un mayor riesgo de vulnerabilidad en el mejor de los casos, la pandemia ha ejercido una presión aún mayor sobre quienes operan en la economía informal. Los lugares de trabajo típicos de los trabajadores del sector no estructurado -entre ellos los mercados y las tiendas- han permanecido cerrados durante largos períodos este año como parte de los esfuerzos por contener la propagación del virus.
En un informe publicado a principios de mayo, la OIT señaló que 1.600 millones de los 2.000 millones de trabajadores informales del mundo se habían visto significativamente afectados por las medidas de cierre relacionadas con el coronavirus, y que las mujeres estaban sobrerrepresentadas en los sectores más afectados.
Si bien los gobiernos de todo el mundo han aplicado desde entonces importantes paquetes de estímulo para combatir el impacto del virus y los cierres relacionados, el hecho de que los trabajadores y las empresas del sector informal no estén registrados ante las autoridades significa que muchos no han recibido apoyo estatal en algunos países.
Como resultado de la perturbación de los negocios y la falta de asistencia gubernamental, se estima que la pobreza relativa de los trabajadores del sector no estructurado aumentará en un 56% en los países de bajos ingresos.
Habida cuenta de estas presiones económicas, la OIT indicó que la situación estaba obligando a la gente a tomar decisiones desesperadas y a elegir entre “morir de hambre o por el virus”. En otros lugares, la perturbación causada a la economía no estructurada ha socavado el suministro de alimentos a muchas comunidades vulnerables, además de perjudicar los medios de vida de millones de agricultores de todo el mundo.
Si bien el carácter no registrado de los trabajadores del sector no estructurado complica los esfuerzos de los Estados por prestar asistencia, el mero tamaño de las economías no estructuradas, especialmente en los mercados emergentes, ha hecho que los gobiernos traten de prestar apoyo al sector durante toda la pandemia.
En Nigeria, por ejemplo, se estima que el sector no estructurado representa alrededor del 80% del empleo y el 65% del PIB, mientras que los trabajadores del sector no estructurado constituyen alrededor del 80% del total de la fuerza de trabajo en Indonesia, Myanmar y Camboya.
En el vecino Vietnam, el Gobierno ha ampliado los programas de asistencia social existentes para incluir a muchos de ellos en el sector no estructurado, mientras que Bangladesh ha aumentado el valor de las prestaciones disponibles para los que tienen derecho a la asistencia.
En cuanto al apoyo financiero, Nepal e India han aumentado las transferencias en especie y en efectivo a los hogares pobres y a los trabajadores del sector no estructurado, e Indonesia ha ampliado los subsidios de servicios públicos para las familias de bajos ingresos.
Las autoridades tailandesas introdujeron una estrategia de tres meses en virtud de la cual se transfirieron mensualmente a 10 millones de agricultores y 16 millones de trabajadores no cubiertos por los programas de seguridad social 153 dólares por medio de plataformas de pago digital.
Con miras a apoyar tanto a las empresas como a los trabajadores, Malasia ha puesto en marcha subvenciones especiales para microempresas con menos de cinco empleados, en medio de la preocupación de que la recesión económica pueda obligar a cerrar muchas microempresas y pequeñas y medianas empresas del sector estructurado, ampliando así el sector no estructurado.
Esas iniciativas coinciden en líneas generales con un llamamiento del Foro Económico Mundial para elaborar un “nuevo acuerdo” posterior a la pandemia para Asia -donde se encuentra la mayor fuerza de trabajo informal del mundo- que incluya una mayor protección de los trabajadores informales.
En el marco de su plan, el FEM ha hecho hincapié en la necesidad de ampliar la cobertura de la atención de la salud y la infraestructura de salud pública, en particular en lo que respecta al suministro de agua potable e instalaciones de saneamiento; mejorar y ampliar las redes de apoyo social y de seguridad; y aumentar la inversión en capacidad digital y ancho de banda, con plataformas digitales para la educación y los servicios financieros considerados fundamentales para proporcionar seguridad económica a los hogares de bajos ingresos.
Si bien la aplicación mundial de ese plan requerirá una considerable voluntad política, es esencial para garantizar el bienestar de los trabajadores más vulnerables del mundo.
