“Desert-to-Power”: el Sahel busca aprovechar el sol 

Este pasado lunes 11 de enero, el secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, reclamaba 100.000 millones de dólares apelando a la vulnerabilidad de los países africanos frente al cambio climático. Ello enmarcado dentro de la Conferencia de la ONU sobre el Cambio Climático, COP26, y durante una mesa redonda virtual de representantes de gobiernos y diferentes bancos de desarrollo y organismos multilaterales.  

En la reunión, organizada por Reino Unido e Italia, el presidente del Banco Africano de Desarrollo (BAfD), Akinwumi Adesina, reiteró que este organismo ya no financiaría más proyectos de energía obtenida a través de carbón y aprovechó para matizar que las inversiones en energías renovables han alcanzado ya el 80% de las inversiones del banco en el sector energético. 

Así, Adesina destacó el megaproyeto de inversiones que el Banco Africano de Desarrollo tiene pensado para los países que conforman lo que se conoce como el Sahel, la franja de transición entre el sur del desierto del Sáhara y la sabana que va desde Senegal a Etiopía. Conocido como “Desert-to-Power” (D2P), pretende ampliar el suministro eléctrico de los once países del Sahel a través de plantas generadoras de electricidad proveniente de energías renovables, fundamentalmente solar. 

Este proyecto no es relativamente nuevo, pues Adesina lo viene anunciando desde el Foro de Inversiones celebrado en noviembre de 2018 en Johannesburgo y en el que adelantó que el Sahel se “convertirá así en la zona de energía solar más grande del planeta”, según recogió la Agencia de Información de África Central. 

Con una inversión necesaria de 20.000 millones dólares para la financiación de plantas productoras de electricidad procedente de fuentes limpias, se pretende llegar a producir 10 GW. Las propias estimaciones del BAfD, esperan que su alcance llegue a las 250 millones de personas, unas 90 millones de ellas conectadas por primera vez a la red. 

El objetico va fluctuando entre 2025 y 2030, según propios documentos e informaciones del BAfD, y recogerá a los países del G5 Sahel (Burkina Faso, Mali, Mauritania, Níger y Chad), junto con otros seis del África subsahariana (Djibouti, Eritrea, Etiopía, Nigeria, Senegal y Sudán). Lo que hace un total de 11 países que se beneficiarán de un conjunto de inversiones en energías limpias tras la firma del proyecto que los países del G5 Sahel aceptaron en Uagadugú, capital de Burkina Faso, en 2019.

La primera fase de inversiones ha sido absorbida, fundamentalmente, por los países que conforman el G5 Sahel. Así, el BAfD desbloqueó el pasado diciembre subvenciones por valor de 6,5 millones de dólares para proyectos desarrollados en Chad, Burkina Faso, Níger, Mauritania y Mali a través del Fondo de Energía Sostenible para África Sustainable (SEFA, por sus siglas en inglés).  

Y es que este grupo de países resulta ser los que presentan una mayor tasa de población excluida del sistema eléctrico. Excepto Mali, cuya población con acceso a electricidad es del 50,9%, el resto del grupo G5 no alcanza la mitad de la población. Graves son los casos de Chad y Burkina Faso, donde solo un 11,7% y un 14,4% de la población tiene acceso a electricidad, aunque Níger con un 17% tampoco se queda atrás. 

De tal forma, que los principales proyectos que tiene en marcha el BAfD se encuentran en Chad y Burkina Faso. En el primero, el proyecto de una planta fotovoltaica en Djermaya, a 30 kilómetros al norte de N’Djamena –capital de Chad–, espera producir un total de 32 MW, incrementando así la capacidad instalada en el país y suministrando el 10% de la energía suministrada al sistema interconectado, lo que supone cerca de 25.000 clientes. El BAfD, aparte de la donación del SEFA, ha concedido un crédito de 18 millones de euros para el desarrollo de dicha planta, además de una Garantía Parcial del Riesgo (PRG, sus siglas en inglés), un instrumento que pretende proteger a los inversores. 

Otro de los proyectos incluidos en el programa Desert-to-Power es el situado en Burkina Faso, de nombre Yeleen y que pretende producir para 2024 52MW a través de cuatro plantas productoras de energía solar. Con un alcance esperado de 200.000 hogares, pretende no solo aumentar la oferta energética, sino diversificarla. 

Junto con proyectos en Mali, Níger y Mauritania, esta primera fase del programa Desert-to-Power espera tener operativos un total de 3GW de electricidad para 2030. 

Para estos y otros proyectos, el BAfD se ha alzado como principal prestamista e inversor. El Banco de Desarrollo Africano es un organismo creado en 1964 para promover el crecimiento económico sostenible y la reducción de la pobreza en África. Financia desde entonces programas y proyectos de desarrollo en forma de préstamos al sector público y privado. 

Está formado por los ministros de Economía de los 80 países, reunidos bajo la Junta de Gobernadores. 54 de los países representados en dicha Junta son africanos y los 27 restantes no. Así encontramos países que como Estados Unidos, Brasil, India, Japón y Arabia Saudí forman parte del BAfD, así como 16 países europeos, entre los que se encuentra España, y que suponen más de la mitad de los no regionales.  

Los países miembros adquieren acciones del banco y así se financia el organismo con sede en Costa de Marfil. Los países africanos, en su conjunto, manejan el 69% del accionariado. Los principales países accionistas del Banco –a noviembre de 2018– son Nigeria (9,3%) Estados Unidos (6,6%), Egipto (5,6%) y Japón (5,5%). 

Para el desarrollo del programa D2P el Banco Africano de Desarrollo se ha ayudado del Fondo Verde para el Clima, recaudado por diferentes países dentro del marco de la Convención de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático en 2010. No obstante, el  Banco Europeo de Inversiones, la Agencia Francesa de Desarrollo, la Agencia Internacional de Energías Renovables (IRENA), Power Africa (de Estados Unidos) y  Africa50 también han mostrado su apoyo al proyecto y se han comprometido en su financiación.  

En el caso concreto de la planta pensada para Burkina Faso, Yeleen, ha sido financiada junto con la Comisión Europea y el nombrado Fondo Verde para el Clima. 

En definitiva, un proyecto ambicioso y de grandes dimensiones teniendo en cuenta su extensión en el territorio y las millones de personas que pretende cubrir. El propio, BAfD reconoce los altos riesgos de seguridad de la zona. También de la lentitud de los avances, achacados a los marcos legales de dichos países o la disponibilidad bancaria. Sin embargo, no cesa su empeño respaldado por las declaraciones del secretario general de la ONU, António Guterres, y la necesidad de paliar los efectos del cambio climático sobre una de las zonas donde más se espera que incida.