El estado de los derechos humanos en Irán es crítico. Recientemente, Naciones Unidas ha publicado un informe sobre las ejecuciones llevadas a cabo por el régimen iraní. Según la ONU, durante 2020, 250 personas fueron ejecutadas, incluidos cuatro menores acusados de delincuencia. Por otro lado, en lo que va de año se han producido 230 ejecuciones, entre las que se encuentran nueve mujeres y un menor.
Javaid Rehman, relator especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos en la República Islámica de Irán, ha alertado que Teherán utiliza la pena de muerte como “herramienta política” contra los disidentes. “Hay motivos amplios y arbitrarios en Irán para imponer la pena de muerte, lo que rápidamente puede convertir este castigo en una herramienta política”, declaró Rehman al Comité de Derechos Humanos de la ONU. En este sentido, el relator especial ha señalado los problemas de la justicia iraní.
“Los fallos estructurales del sistema de justicia son muy profundos y están en desacuerdo con la noción de estado de derecho”, añadió. Rehman enumeró varios cargos que suelen utilizar las autoridades para condenar a las personas, como la “corrupción”, la “rebelión armada”, o “librar una guerra contra Dios”. “Irán ejecuta personas a un ritmo alarmante”, subrayó Rahman.
Por otra parte, Rahman ha advertido sobre la falta de datos oficiales y verídicos. “La ausencia de estadísticas oficiales y la falta de transparencia en torno a las ejecuciones significa que esta práctica escapa al escrutinio que resulta en graves abusos que impiden la rendición de cuentas”, explicó.
Javaid Rehman, profesor de Derecho internacional y Derecho islámico en la Universidad británica de Brunel, ha informado también al Comité de Derechos Humanos sobre “las confesiones forzadas obtenidas bajo torturas y otras violaciones”, además del “nivel alarmante de intimidación o persecución de quienes piden redición de cuentas”.
Al igual que alertó Amnistía Internacional el pasado mes de julio, el reciente informe de la ONU también señala el uso de fuerza contra los ciudadanos que protestaron en Juzestán por la escasez del agua. Rehman subraya la muerte de nueve personas, incluido un menor, y el alto número de heridos.
“El uso de fuerza letal contra manifestantes pacíficos sigue siendo una característica del enfoque de las autoridades sobre el ejercicio del derecho de reunión pacífica”, afirmó.
En este sentido, Rehman también se refirió a las represalias que sufren defensores de derechos humanos, abogados periodistas del país. El jurista destacó dos casos en concreto: el del kurdo Amir Hossein Hatami de 23 años, asesinado a golpes en una cárcel de Teherán; y la muerte de Shahin Naseri, un testigo de la tortura del luchador de lucha libre iraní Navid Afkari. El atleta fue condenado a muerte por, supuestamente, asesinar a un guardia de seguridad en una manifestación antigubernamental en 2018.
Además de las constantes violaciones de derechos humanos, torturas y persecuciones, el informe de la ONU hace hincapié en la “impunidad persistente” de los crímenes cometidos por personas en posiciones de poder y “en el más alto nivel de cargos públicos”.
“Las elecciones presidenciales de junio de este año destacan claramente este punto”, apuntó Rehman. El relator de la ONU aludió al nuevo presidente del país, el clérigo Ebrahim Raisi. Raisi ha sido acusado de estar detrás de los asesinatos de hasta casi 5.000 opositores políticos durante la década de 1980.
“En un momento en que el mundo está sufriendo por las actitudes y políticas de países occidentales como Estados Unidos, la emisión de un informe de este tipo contra Irán, que, en sí mismo es víctima de las acciones estos países, es un asunto completamente político”, declaró Kazem Gharibabadi, representante iraní ante el OIEA (Organismo Internacional de la Energía Atómica).
Gharibabadi lamentó que el informe “malintencionado” ignorase los avances de Irán en materia de derechos humanos. “Irán avanza constantemente hacia la mejora de los derechos humanos, y esto se basa en pautas religiosas, no en obligaciones internacionales o informes políticos”, aseguró.
Por otra parte, Zahra Ershadi, embajadora adjunta de Irán ante la ONU, también condenó el informe del organismo. Ershadi afirmó que su país “está decidido a continuar salvaguardando a su pueblo contra la amenaza del extremismo violento y el terrorismo”. Asimismo, acusó a la comunidad internacional de no investigar “la vil campaña de genocidio” en Canadá contra los indígenas y a Occidente de “suministrar” armas químicas, tanques y aviones a Saddam Hussein durante la guerra contra Irán.
Amnistía Internacional ha señalado que Irán es el país del mundo que más personas ejecuta después de China. Por otra parte, la República Islámica encabeza la lista de países de Oriente Medio que más ejecuciones lleva a cabo, seguido por Egipto, Irak y Arabia Saudí, según la ONG.
“Hago un llamamiento a las autoridades para que emprendan nuevas reformas para poner fin a la imposición de la pena de muerte en violación del Derecho Internacional, en consonancia con las recomendaciones coherentes que los mecanismos internacionales de derechos humanos han hecho año tras año”, concluyó Rehman. “El Gobierno iraní ha demostrado que puede reformarse, lo cual es bienvenido”, añadió.