Abusos policiales y violaciones de derechos humanos en Chile, según Human Rights Watch

La Policía de Nacional de Chile ha cometido “graves violaciones de derechos humanos”, según un informe presentado por Human Rights Watch (HRW) este martes. La organización ha incluido en el texto un uso excesivo de la fuerza en las calles y abusos en detención, el uso indiscriminado e indebido de las armas de manos de los antidisturbios a lo largo de las últimas manifestaciones y jornadas de protestas que viene viviendo el país latinoamericano en los últimos meses. Los chilenos han reaccionado al descontento social por la desigualdad económica y la mala calidad de los servicios públicos y exigido la dimisión del presidente, Sebastián Piñera. 

“Hay centenares de preocupantes denuncias sobre uso excesivo de la fuerza en las calles y abusos contra detenidos tales como golpizas brutales y abusos sexuales que no pueden quedar impunes y deben ser pronta y rigurosamente investigadas y sancionadas”, ha expresado José Miguel Vivanco, director para las Américas de esta organización con sede en Nueva York. Vivanco ha señalado, entre otras cuestiones, a los sistemas deficientes de control interno de estos cuerpos policiales como uno de los factores que favorecieron que se produjeran estas violaciones de los derechos humanos. Del mismo modo, HRW ha apelado a una urgente reforma policial tras las conclusiones del informe.

El estudio se ha basado en las entrevistas a más de 70 a víctimas, agentes policiales y autoridades durante dos semanas de investigación en las ciudades de Santiago y Valparaíso, y ha registrado que varias personas sufrieron heridas por perdigones disparados por escopetas o por el impacto directo de gases lacrimógenos disparados con armas antidisturbios y otros abusos policiales en comisarías. 

HRW ha hecho hincapié en cómo se ha usado la fuerza de manera excesiva en respuesta a las protestas a miles de personas con independencia de si participaban en actos violentos o no y que han dejado a su paso a miles de heridos. Los servicios de urgencias médicas del país atendieron a 11.564 personas heridas en relación con las manifestaciones entre el 18 de octubre y el 22 de noviembre, de estas 1.100 presentaban lesiones moderadas o graves; según informó a la organización el Ministerio de Salud. 

También la organización ha incluido a profesionales heridos por manifestantes como carabineros (policía nacional), médicos, abogados, representantes de la sociedad civil y altas autoridades como al presidente de la Corte Suprema de Justicia, el Fiscal Nacional o varios ministros. El informe afirma que la mayoría de los manifestantes actuaron de manera pacífica, pero que “algunos grupos cometieron graves actos de violencia, como ataques a carabineros y a comisarias con piedras y bombas molotov, saqueos y quema de bienes públicos y privados”. 1.896 agentes resultaron heridos y 127 de estos han resultado heridos graves, según datos de la Dirección General de Carabineros. 

Particularmente la ONG se ha mostrado preocupada por el uso de escopetas con perdigones de forma indiscriminada, ya que pude herir gravemente en función de la distancia. “La escopeta antidisturbios fue la principal causante de más de 220 lesiones oculares documentadas por el INDH (Instituto Nacional de Derechos Humanos)”, reza el informe. “El 17 de noviembre, el Ministerio de Salud reportó que 16 personas habían perdido la visión total en un ojo y que 34 habían sufrido heridas graves en un ojo que podrían resultar en pérdida de visión total o parcial”, añade. El 19 de noviembre, las fuerzas de seguridad suspendieron el uso de escopetas antidisturbios de forma previsoria; y HRW ha reclamado su suspensión de forma indefinida hasta que “autoridades idóneas e independientes lleven a cabo una amplia auditoría para determinar los riesgos que entrañan”.

La Fiscalía Nacional de Chile se encuentra investigando la muerte de 26 personas entre las que se encuentra la de un manifestante que falleció después de recibir presuntamente una paliza a manos de carabineros en la calle. A esto se le añaden “tres personas que habrían recibido disparos letales con armas de fuego por militares y una persona que fue atropellada por un vehículo de Infantería de Marina”, afirma el documento recogiendo fuentes de la Fiscalía Nacional. Esta institución también se encuentra investigando la muerte de dos hombres que se encontraban bajo custodia de los carabineros, actualmente computada como suicidios. Finalmente, HRW ha registrado la muerte de 18 personas durante las jornadas debido, entre otras causas a incendios o atropellos sin la involucración de las fuerzas de seguridad. 

Del mismo modo, la organización ha señalado que, de las 442 querellas por abusos presentadas por el INDH, 341 se han presentado debido a señalamientos de torturas y trato inhumano y 74, a denuncias por abusos sexuales. “Numerosos detenidos afirman haber sido golpeados brutalmente por carabineros. Otra de las acusaciones más frecuentes fue que carabineros obligaron a detenidos, incluidos niños y niñas, a desvestirse y hacer sentadillas totalmente desnudos en comisarías”, apunta el informe. “Los carabineros parecen ser más propensos a obligar a desnudarse a mujeres y niñas que a hombres”, según señala el texto aludiendo a estadísticas del INDH y entrevistas realizadas por HRW. La práctica de obligar a desnudarse a los detenidos está prohibida dentro de los protocolos de Carabineros desde marzo de 2019.

Pese a los últimos movimientos de Piñera de aprobar un plan de medidas sociales y la presentación del proceso para avanzar hacia una nueva constitución, la violencia y las movilizaciones no han cesado en el país latinoamericano y las huelgas generales se convocan en un sector tras otro, incluso en los tradicionalmente más conservadores como el de la carga y transportes. Este lunes, Piñera convocó al presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito, a los líderes del Senado y de la Cámara de Diputados, Jaima Quintana e Iván Flores respectivamente para intentar buscar una solución a la crisis. 

Frente a los episodios de violencia el presidente ha propuesto un proyecto de ley que permitiría movilizar al ejército para proteger las infraestructuras vitales como las centrales eléctricas sin necesidad de establecer el estado de excepción. “No es que las fuerzas armadas vayan a estar a cargo del control del orden público. Van a apoyar y con eso van a liberar a más carabineros”, afirmó el ministro de Interior, Gonzalo Blumel, en unas declaraciones recogidas por El Mundo.