Al-Bashir, 30 años de impunidad que llegan a su fin
Omar Ahmad al-Bashir ocupó el cargo de séptimo presidente de la República de Sudán durante 30 años y fue líder del Partido del Congreso Nacional (NPC), único partido legalmente reconocido durante el mandato del dirigente.
Su llegada al poder ocurrió después del golpe de Estado de 1989, sucediendo al ministro derrocado, Sadiq al-Mahdi. Tres años después de la sublevación, fue reelegido en las únicas elecciones multipartidistas que se habían celebrado en Sudán en 24 años. Una vez en el poder, su régimen se vio consolidado y adoptó un carácter violento y represivo tras acabar con los partidos políticos de la oposición y decretar en varias ocasiones el Estado de emergencia en el país, limitando así las libertades individuales.
En Darfur, uno de los mayores focos del conflicto de Sudán, tienen lugar enfrentamientos entre la población árabe y negra debido a las luchas internas por la posesión de los recursos de la zona, la desertificación que ha provocado el desplazamiento de tribus hacia zonas donde el ganado pudiese pastorear y los intereses políticos.
La marginación económica, política y cultural de Darfur, como consecuencias de las políticas de arabización y centralización del Gobierno central de Omar al-Bashir, derivó en el surgimiento de insurgencias políticas regionales que desafiaban las imposiciones de la élite gobernante. Esta situación suscito que el Gobierno favoreciese a los grupos árabes de la región, lo que condujo a que los enfrentamientos tomaran dimensiones étnicas. A diferencia de la Segunda Guerra Civil sudanesa, las confrontaciones no se produjeron entre musulmanes y no musulmanes si no que se convirtió en un conflicto racial entre árabes y negros.
Ante la imposición de la sharía en Sudán por parte del derrocado dictador, así como la marginación económica, política y cultural, la población negra de la zona reaccionó y acusó al Gobierno de ejecutar medidas opresivas y arbitrarias. Estos levantamientos fueron reprimidos con una brutalidad extrema y Al-Bashir contrató a las milicias de Janjaweed, de origen árabe, para cometer una limpieza étnica contra la población negra de los grupos fur, masalit y zaghawa. Esta limpieza étnica se tradujo en unos 300.000 muertos y más de 2,5 millones de desplazados, de acuerdo con los datos de la ONU.
El conflicto se dio por finalizado en el 2006 con la firma del acuerdo de paz entre el Gobierno y el Frente de Liberación de Sudán, aun así, los enfrentamientos entre las diferentes etnias se siguen produciendo.
El Gobierno de Estados Unidos de George W. Bush describió el escenario como un “genocidio” hacia los habitantes negros de dichas tribus, junto los medios de comunicación internacionales. Sin embargo, la ONU no lo calificó como tal. En 2005 el Consejo General de Naciones Unidas informó sobre la situación de Sudán a la Corte Penal Internacional para proceder a investigar los supuestos crímenes contra la humanidad, crímenes de guerra y genocidio cometido en Darfur. Tras su resolución, en el 2007, la ONU estableció la operación híbrida de la Unión Africana y las Naciones Unidas en Darfur (UNAMID), que tuvo como principal objetivo “proteger a los civiles, así como contribuir a la seguridad en relación con la asistencia humanitaria, vigilar y verificar la aplicación de los acuerdos y ayudar a conseguir un proceso político inclusivo”. Después de diez años, en el 2020, la misión de la ONU terminó oficialmente sus funciones relegando al Gobierno de Sudán la responsabilidad de proteger a los civiles en la zona, tarea que no se ha cumplido ya que la violencia entre las diferentes tribus ha seguido suscitándose.
Sin embargo, el hecho de que Sudán no perteneciese al Estatuto de Roma dificulta el proceso legal sobre Al-Bashir y sus colaboradores ya que la Corte Penal Internacional (CPI) no tiene potestad legislativa sobre los crímenes cometidos en un territorio que no está adherido al Estatuto. Aun así, el Consejo de Seguridad puede remitir a la ONU situaciones en las que considere que se están cometiendo crímenes contra la humanidad grave. En este sentido, el presidente sudanés tenía desde el 2009 una orden de busca y captura tras ser acusado de haber cometido crímenes de genocidio, crímenes de guerra y de lesa humanidad. Aun así, la CPI no puede comenzar el juicio si el acusado no está presente, motivo por el cual el juicio llevaba congelado diez años.
En Sudáfrica, Al-Bashir intentó ser detenido mientras participaba en la celebración de la Cumbre Africana del 2015, sin embargo, consiguió escapar y regresar a Sudán antes de que el juez pudiese emitir un veredicto.
Además, Al-Bashir ha sido acusado de apoyar a varios grupos terroristas y de acoger a Osama bin Laden en Sudán. En este sentido, Bin Laden fue uno de los principales apoyos en el país del islamista Turabi, quien se convirtió en el principal aliado de Al-Bashir en la construcción de su nuevo Gobierno.
Junto a esto, durante su mandato coincidió la Segunda Guerra Civil sudanesa con motivo de la reivindicación de la independencia en Sudán del Sur, por lo que factores como la religión o la etnia tuvieron un peso importante para subrayar las diferencias entre el Norte y el Sur. Este conflicto dejó un millón de muertos y culmino con la firma del acuerdo de paz en 2005 entre el Gobierno y el Frente de Liberación del Pueblo Sudanés.
Ante estos acontecimientos, en el 2018 Estados Unidos dejó de financiar al país y Sudán sufrió una exponencial subida de precios en los alimentos. Simultáneamente, el dictador decreto el fin de los subsidios al trigo y al combustible y, ante la crispación poblacional, decidió decretar el estado de alarma, situación excepcional que prohíbe manifestarse sin la autorización formal del Estado. Aun así, en el 2019, las protestas en el país y la violencia se sucedieron. Así, lo que comenzó con una serie de manifestaciones por la subida de los precios acabó en protestas masivas contra el Gobierno de Al-Bashir. En enero, las protestas trascendieron al terreno político y 22 organizaciones políticas firmaron un manifiesto pidiendo el derrocamiento de Al-Bashir y la creación de un Gobierno de transición.
En abril de este año el Ejército decidió tomar el control del país y las Fuerzas Armadas de Sudán obligaron dimitir al presidente tras ser retenido en su domicilio, dando lugar a la creación de un consejo militar interino que tenía la función de dirigir el país durante los próximos dos años. El consejo interino estuvo compuesto por el primer vicepresidente, el teniente general Ahmed Awad Ibn Auf, quien encabezó la toma de las decisiones políticas.
Posteriormente la Fiscalía del país abrió un expediente para tratar de investigar los crímenes cometidos durante la dictadura de Al-Bashir. El fiscal general, Tagelsir al-Hibr, anunció en diciembre a través de una rueda de prensa el inicio de una investigación que alcanzaría los colaboradores del dictador. De esta forma, el funcionario afirmó que habían “empezado las investigaciones sobre los crímenes que fueron perpetrados en Darfur desde 2003 y las acusaciones que se dirigen a comandantes del antiguo régimen, cuyas sentencias se elevan hasta la pena de muerte”.
Además, añadió que se abría otro expediente contra el ex jefe de los servicios de seguridad del régimen de Al-Bashir, Salah Gosh: “Hay cuatro casos contra Salah Gosh y hemos iniciado un procedimiento para traerlo de regreso (a Sudán) a través de la Interpol” afirmó. Asimismo, concluyó diciendo que “todos los representantes del antiguo régimen (de Al-Bashir) detenidos en la cárcel de Kobar están acusados de crímenes y procesados en diferentes casos, sin que el Tribunal pueda liberarlos bajo fianza”.
El último anuncio por parte de Sudán confirma de manera oficial su compromiso para entregar a la justicia internacional tanto a Al-Bashir como aquellos nombres que aparecen en el expediente de Darfur. Esta resolución se ha producido oficialmente durante una reunión con la ministra de Relaciones Exteriores sudanesa, Maryam al-Sadiq, en su oficina con el Fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Kahn, según ha informado la Agencia de Noticias de Sudán SUNA.
De esta forma, Exteriores indicó que el Consejo de ministros decidió extraditar a los buscados por el Tribunal Internacional, y aprobó el proyecto de ley de adhesión de Sudán al Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, decisión que prevé la futura puesta a disposición judicial del exdictador y sus colaboradores que finalmente, después de más de 20 años de impunidad y sufrimiento por parte de la población civil, rendirán cuentas ante la justicia internacional.
