Al-Bashir, condenado a dos años de reformatorio por corrupción
Nuevo revés para Omar al-Bashir. El expresidente de Sudán, depuesto el pasado mes de abril por el Ejército tras una prolongada ola de protestas, ha sido condenado por un tribunal de su país a pasar dos años en un reformatorio. El que fue uno de los hombres más fuertes del continente africano durante dos décadas ha sido declarado culpable de delitos de enriquecimiento ilícito y tráfico de divisas. La acusación fue formulada cuando, días después del pronunciamiento militar, le fueron incautados siete millones de euros en su domicilio. También se encontró una elevada suma monetaria en libras sudanesas.
Al-Bashir lleva encerrado en la prisión de Kober, en Jartum, desde su derrocamiento. Ha acudido a la vista final de la causa ataviado con la túnica y el turbante blancos tradicionales de su país. Al-Sadiq Abdelrahman, el juez encargado de emitir el veredicto, ha decidido no enviar al expresidente a prisión a causa de su edad. En Sudán, las personas mayores de 70 años no pueden ser condenadas a penas de prisión; Al-Bashir tiene 75. Por este motivo, a pesar de que los delitos por los que ha sido condenado suelen llevar asociada una pena de hasta diez años de prisión, se ha decidido que su castigo consista en permanecer recluido durante dos años en un centro reformatorio.
No es, sin embargo, la única sanción que el tribunal ha impuesto al expresidente. Se ha ordenado, del mismo modo, que queden confiscadas las sumas monetarias que, en su día, fueron incautadas. El expresidente había alegado que el dinero que tenía en su casa formaba parte de una donación de 25 millones de dólares efectuada por Mohamed bin Salman, príncipe heredero de Arabia Saudí. Según la versión del exmandatario, ese capital había de servir para ayudar al país a través de inversiones en servicios e infraestructuras públicas.
Lo expuesto por Al-Bashir es, desde luego, plausible, puesto que Sudán y Arabia Saudí tienen en su haber un largo historial de colaboración económica; de hecho, Osama Bin Laden -saudí de nacimiento- fue uno de los grandes inversores en el país del Nilo durante la década de los 90. Los argumentos de Al-Bashir, sin embargo, no han convencido al juez. Su condena comenzará a hacerse efectiva una vez que se publique la sentencia por otra causa que tiene abierta en Sudán. Los tribunales lo acusan de haber ordenado el asesinato de manifestantes durante los cuatro meses de protestas a principios de este año. Dichas manifestaciones precedieron al golpe militar que precipitó su caída.
Los problemas judiciales de Al-Bashir se amontonan. Desde el año 2009, penden sobre la cabeza del exdirigente una miríada de acusaciones de crímenes internacionales. La Corte Penal Internacional, con sede en La Haya, le achaca cinco cargos por crímenes contra la humanidad, dos por crímenes de guerra y tres por genocidio.
Presuntamente, estas violaciones fueron perpetradas por el Ejército de Sudán y milicias afines entre los años 2003 y 2008 en el marco del conflicto de Darfur, que ha dado lugar a una de las mayores crisis humanitarias del siglo XXI. No obstante, ni Sudán ha ratificado el Estatuto de Roma -indispensable para juzgar a nacionales de un país en la instancia internacional- ni tales acusaciones han sido presentadas, aún, por las instituciones de justicia nacionales, de modo que es difícil que Al-Bashir sea finalmente condenado por estos crímenes.
En cualquier caso, la sentencia que se ha emitido este sábado representa un hito importante en la transición hacia la democracia del país africano, que está tratando de eliminar cualquier influencia procedente del régimen anterior. El pasado mes de noviembre, el Tribunal de Apelaciones de Jartum falló a favor de disolver el Partido del Congreso Nacional, la formación de ideología islamista en la que militó Al-Bashir.
Sudán lucha por establecer un Estado de derecho sólido y con garantías después de dos décadas de poder autoritario del expresidente; un tiempo en el que el país se ha movido al son marcado, por una parte, por clérigos de tendencia muy conservadora y, por otra, por un Ejército que ha sido bastante protagonista en la esfera política.
El nuevo primer ministro Abdalla Hamdok se ha comprometido en repetidas ocasiones a restaurar la paz en Darfur y la frontera sur, así como a atender las demandas de la población y mejorar la situación económica del país. No parecen, a priori, retos fáciles. A pesar del acuerdo entre civiles y militares para establecer un reparto de poder, las movilizaciones ciudadanas no se han detenido. Además, sanear la economía nacional no es sencillo. El país arrastra muchos años de corrupción sistémica y de sanciones internacionales, puesto que está incluido en la lista de Estados que patrocinan el terrorismo. Hamdok se ha reunido recientemente con Donald Trump para que se borre a Sudán de esa relación, pero, de momento, la Casa Blanca no ha accedido a ello.
