Los últimos dos meses están pasando factura a Sudán, que sigue sin poder recuperarse de los recientes conflictos y golpes de Estado.
Abdel Fattah al-Burhan, teniente general que llevó a cabo el último golpe de Estado del 25 de octubre, logró su objetivo de tomar el control del Gobierno.
Según unas declaraciones emitidas el sábado a la Agence France Presse y a Reuters, el teniente general Al-Burhan prometió que los militares tendrían participación en las elecciones de 2023, mientras que momentos después, se contradijo y aseguró que el Ejército no volverá a interferir en los asuntos políticos tras el período de transición.
Al-Burhan aclaró que estas elecciones estarían abiertas a “todas las fuerzas que participaron” en el período de transición, incluyendo a los militares y las Fuerzas de Apoyo Rápido, dirigidas por el teniente general Mohamed Hamdan Dagalo.
A pesar de que varias personalidades se comprometieron en 2019 a no regresar a sus cargos tras las elecciones, Al-Burhan mantuvo su postura y dijo: "En el documento constitucional antes del Acuerdo de Paz de Juba, había un texto claro sobre que no se permitiría a todos los participantes en el párrafo de transición participar en el período inmediatamente posterior. Pero el Acuerdo de Paz de Juba les dio a los participantes en el período de transición el derecho a formar parte del próximo Gobierno”.
"Existe, como mencioné, una carta de consenso político que ya está en escena. Cuando esté finalizada, será presentada a las fuerzas políticas, y a todos los que deseen sumarse a esta carta política, excepto a la Conferencia Nacional, encontrará la puerta abierta para que él participe en la forma estipulada en el documento constitucional”.
Sin embargo, más tarde se contradijo en sus declaraciones, por lo que no se asegura todavía la participación de los militares en el Gobierno.
"Cuando llega un Gobierno electo, el Ejército y las fuerzas regulares no tienen participación en los asuntos políticos", declaró Al-Burhan.
"Ninguna de las fuerzas políticas formará parte del Gobierno de transición, incluidas las pertenecientes al antiguo partido gobernante liderado por Al-Bashir", agregó.
En el año 2019, el Ejército derrocó al expresidente Omar Hassan al-Bashir, quien llevó a cabo 30 años de dictadura, y le sustituyó por un consejo militar de transición que llegaría a gobernar durante un período de dos años, seguido de elecciones.
Cuando el expresidente sudanés llegó al poder en 1989, el país se encontraba en medio de una guerra civil de 21 años entre el norte y el sur que, sumado al estallido del conflicto en la región occidental de Darfur en 2003, hacía imposible que Sudán pudiera recuperarse de sus consecuencias.
El expresidente Omar Hassan al-Bashir fue acusado de cometer asesinato, exterminio, violación, tortura y crímenes de guerra contra miembros de las etnias fur, masalit y zaghawa, así como a civiles en la región de Darfur.
Debido a ello, la Corte Penal Internacional (CPI) lo denunció por crímenes de guerra y de lesa humanidad.
Tras el éxito del golpe de Estado del 25 de octubre efectuado por Abdel Fattah al-Burhan, el pueblo sudanés perdió las esperanzas de sentar las bases de un Gobierno democrático y completamente civil, así como de un Estado de derecho y la consolidación del retorno al país del Gobierno de transición sin ninguna intervención militar.
Después de estos acontecimientos, la población sudanesa se sintió traicionada por la firma del acuerdo alcanzado entre el primer ministro derrocado, Abdullah Hamdok, y el teniente general Abdel Fattah al-Burhan, en el que Hamdok recuperaría su cargo como primer ministro, con la condición de que los militares estuvieran presentes en el Gobierno.
La firma de este acuerdo ha provocado la oposición de los grupos prodemocráticos, quienes salen a las calles demandando un Gobierno plenamente civil.
No obstante, el primer ministro Hamdok, argumenta que con la firma de este nuevo acuerdo se evitarán más muertes, declarando en una ceremonia emitida en la televisión estatal que “la sangre sudanesa es preciosa, detengamos el derramamiento de sangre y dirijamos la energía de la juventud hacia la construcción y el desarrollo”.
Según información procedente del Comité Central de Médicos Sudaneses, ya son 44 personas las que han muerto en las diversas protestas desde el golpe de Estado, incluyendo un adolescente de 16 años, abatido tras recibir un disparo en las manifestaciones de la ciudad de Omdurman.
Sin embargo, la ONU junto con la Unión Europea han celebrado este acuerdo, catalogando esta última firma como “un primer paso”, a pesar de que la ONU aclara que todas las partes “debían abordar urgentemente los problemas no resueltos”.
Al-Burhan, ante el número de muertos durante las protestas dijo: "Se han iniciado investigaciones sobre las víctimas de las protestas, para averiguar quién hizo esto y castigar a los criminales. El Gobierno protege el derecho a la protesta pacífica”.
