Al menos seis muertos y una treintena de heridos en una devastadora jornada de enfrentamientos en Beirut

Francotiradores apostados en lo alto de los edificios, tiroteos a ras de suelo, cortes de carreteras y quema de vehículos. Caos y enfrentamiento. El barrio de Tayouneh, ubicado hacia el sur de Beirut, se convirtió el jueves en un campo de batalla que acabó con seis fallecidos y una treintena de heridos. La capital del Líbano atestiguó cotas de violencia inéditas desde 2008, y presenció unas escenas que evocaron a la guerra civil que azotó al país entre 1975 y 1990.

Hombres armados abrieron fuego contra una manifestación convocada por Hizbulá y el Movimiento Amal, causando la muerte de seis personas, todas ellas de confesión chií. El Partido de Dios acusó a las Fuerzas Libanesas, una formación cristiana de derechas, de estar detrás de un ataque que desembocó en una guerra abierta a escasos metros del centro neurálgico del Líbano y que obligó al Ejército a desplegarse con celeridad.

La Cruz Roja y las autoridades libanesas registraron un éxodo masivo de los residentes por temor a una nueva oleada de violencia y ayudaron en las labores de evacuación de centros escolares y hogares. El pánico se apoderó de los vecinos y, como resultado de los enfrentamientos, las tiendas y locales fueron arrasados y los automóviles reducidos a cenizas.

Durante su intervención, el Ejército advirtió de que abriría fuego contra cualquier persona armada. Las autoridades anunciaron después la detención de nueve personas implicadas en los enfrentamientos, incluido un ciudadano sirio, según recoge la agencia NNA. Al tiempo que otras partes de la ciudad se mantuvieron sumidas en la tranquilidad, con la única anomalía del continuo eco de las ambulancias.

La milicia chií había convocado el jueves una movilización en contra del juez Tarek Bitar, al frente del caso que investiga la explosión en el puerto de Beirut, una de las mayores detonaciones no nucleares de la historia que acabó con la vida de más de 200 personas, hirió a unas 7.500 y destrozó multitud de barrios de la capital. Las tensiones comenzaron horas antes con el pronunciamiento del Tribunal de Casación, que rechazó la petición de Hizbulá para apartar al magistrado de la investigación.

Bitar continúa las pesquisas a pesar de las fuertes presiones provenientes de distintas formaciones políticas. Entre la élite libanesa existe cierto temor a la posible sentencia del Tribunal, que acarrearía una serie de consecuencias penales para varios altos cargos del Gobierno vinculados al movimiento Amal, próximo a la milicia chií de Hizbulá.

De hecho, Bitar ha imputado a una larga nómina de políticos y altos cargos de la administración sospechosos de cometer las negligencias que provocaron la explosión en el puerto de Beirut. Allí había unas 2.750 toneladas de nitrato de amonio, un compuesto químico utilizado tanto en fertilizantes como en bombas almacenado en extrañas condiciones. Hasta la fecha, todos los señalados han negado haber cometido irregularidades.

Bitar no es el primer juez que investiga el caso. Antes, el magistrado Fadi Sawan intentó desenmarañar los hechos, pero se topó con una acuciante presión política que desembocó en su destitución al frente del caso en febrero. Sawan se topó antes que su sucesor con el inamovible servilismo del Estado libanés, caracterizado por sostener una estructura corrupta donde proliferan las malas artes y la total impunidad.

La investigación del caso ha contado desde el comienzo con el respaldo del Movimiento Patriótico Libre que lidera el presidente Michel Aoun, de mayoría cristiana, pero con amplio respaldo musulmán, lo que generó tensiones entre el jefe de Estado e Hizbulá, un estrecho aliado en las instituciones. Las causas de la explosión constituyen una fuente de tensiones para los partidos cristianos porque, si bien la explosión del puerto acabó con la vida de muchos musulmanes, la mayor parte de los daños materiales se produjeron en áreas cristianas.

Aunque la gota que colmó el vaso fue la emisión por parte del magistrado de una orden de detención para el exministro de Finanzas y hombre de confianza del presidente chií del Parlamento, Ali Hassan Khalil, y el exministro de Obras Públicas, Ghazi Zaiter, figuras próximas a la órbita del Partido de Dios que milita en el movimiento Amal. Motivo que llevó al carismático líder de Hizbulá, Hasan Nasrallah, a acusar a Bitar de ser parcial y estar “politizado”. Unas palabras que encendieron a sus acólitos. 

El magistrado ha intentado interrogar a funcionarios no chiítas, como es el caso del entonces primer ministro suní Hassan Diab o el representante cristiano Youssef Fenianous. Muchos de ellos han apelado a inmunidad como funcionarios públicos para sortear la citación, y el resto afronta con incertidumbre el avance de las pesquisas. De ahí que un ministro cercano a Hizbulá declarase junto a otros integrantes del Ejecutivo que, si Bitar no era cesado de inmediato, convocarían una manifestación en Beirut para pedir su cabeza. Dicho y hecho.

Pero el devenir de los acontecimientos no estaba planeado. Al inicio de la movilización del jueves, cuando los manifestantes se dirigían hacia el Palacio de la Justicia, ubicado en la zona de Adaleya, para protestar ante la oficina del juez instructor, estos “se enfrentaron a una agresión armada por parte de grupos del partido de las Fuerzas Libanesas, que se habían extendido en los barrios cercanos y en los tejados de los edificios, y comenzaron sus operaciones de francotiradores directos para matar a propósito”, trasladó Hizbulá.

Los testigos no han sido capaces de identificar el grupo al que pertenecen los francotiradores, si acaso mantienen relación con alguna organización. Mientras que las Fuerzas Libanesas (FL) rechazaron de plano la acusación y denunciaron al Partido de Dios de provocar e instigar los enfrentamientos. En este sentido se pronunció su líder, Samir Geagea, quien condenó los hechos e hizo un llamado al presidente y al primer ministro “para que lleven a cabo investigaciones completas y exhaustivas con el fin de determinar las responsabilidades por lo ocurrido hoy en la capital”.

El presidente Aoun aseguró que no toleraría ni se rendiría “ante ningún hecho consumado cuyo objetivo pueda ser la sedición”, y que los acontecimientos serán objeto de seguridad y seguimiento judicial. “Y yo, por mi parte, velaré por que la investigación llegue a la verdad de lo sucedido para que los responsables e instigadores rindan cuentas como cualquier otra investigación judicial, incluida la investigación del delito portuario, que fue y seguirá siendo una prioridad de mi trabajo y mi compromiso con los libaneses y la comunidad internacional”, sentenció.

Najib Mikati, el reelecto primer ministro, declaró a Reuters que el Líbano es como un “paciente frente a la sala de emergencias”. El jefe de Gobierno reconoció que los hechos suponen un revés para el país, pero aseguró estar centrado en los esfuerzos de recuperación económica. Y es que el sistema financiero libanés colapsó en 2019 tras décadas marcadas por la corrupción, y su divisa ha perdido el 90% de su valor. Un problema que se suma a las profundas carencias energéticas.

Mikati, el hombre más rico del Líbano, dirige el Ejecutivo desde septiembre. Después de un año de bloqueo institucional, el nuevo Gobierno deberá aplicar las reformas necesarias para sacar al país del atolladero en el plazo de un año, ya que en 2022 están previstas nuevas elecciones. Un hecho que explica el interés de determinados partidos por caldear el ambiente y movilizar a su electorado.

El Líbano, que acoge a más de una docena de sectas religiosas, ha sido considerado un modelo de pluralismo y convivencia a raíz del acuerdo que dividía el poder entre las distintas profesiones con un presidente cristiano, un primer ministro musulmán suní y un presidente del parlamento musulmán chií, entre otros. Sin embargo, la aparición de la milicia de Hizbulá, fundada por la Guardia Revolucionaria iraní, desequilibró la balanza.

El denominado Partido de Dios, respaldado desde Teherán, opera como un Estado en la sombra. De hecho, la organización controla un Ejército y arsenal armamentístico propio, y no sólo eso, sino que cuenta además con miembros dentro del gabinete. Su postura fue determinante para el nombramiento del actual primer ministro, y sus ramificaciones dentro de las estructuras del Estado le convierten en el principal poder del país.