Un informe de la Fundación de Derechos Humanos de Turquía (TİHV) recoge 4.771 violaciones de derechos humanos en el país entre 2015 y 2019

Aumenta la represión policial en Turquía

AFP/YASIN AKGUL - Manifestación el 2 de febrero de 2021 contra el nombramiento por parte del presidente turco de un leal al partido para dirigir la exclusiva Universidad del Bósforo de Estambul a principios de año

Más de 4.700 ciudadanos de Turquía han sido víctimas de la violencia policial entre 2015 y 2019, según ha revelado el último informe de la Fundación de Derechos Humanos de Turquía (TİHV) publicado el pasado viernes. Estas cifras reflejan que la represión por parte del Estado otomano ha aumentado exponencialmente en los últimos años, especialmente a raíz del golpe fallido de 2016 y de los continuos choques con los kurdos.

El documento, titulado “Cerrando la calle: Violaciones de la libertad de reunión y manifestación (2015-2019)”, recoge que los turcos se han enfrentado a, al menos, 4.771 violaciones de derechos durante este periodo, mientras ejercían su libertad de reunión y manifestación. Además, hasta 141 personas perdieron la vida en atentados bomba durante las protestas, y otras 19 murieron a causa de la intervención de la policía en las concentraciones. 

Protesta en una calle de Estambul AFP/BULENT KILIC

Los datos arrojados por el TİHV contabilizan un total de 20.071 detenciones entre 2015 y 2019, de las cuales 662 fueron arrestadas por participar en dichas protestas contra el Gobierno. La Fiscalía presentó, además, una batería de demandas contra 4.907 personas por su participación en las concentraciones, de las cuales 1.000 fueron condenadas a un total de 13.370 meses de prisión.

Los cargos por los que la mayoría han sido imputados o, en algunos casos, condenados guardan relación con insultos al presidente, resistencia a las autoridades o daño a la propiedad pública, difusión de propaganda de organizaciones ilegales o pertenencia a ellas y, en última instancia, la violación de la Ley 2911 sobre asambleas y manifestaciones. “La destrucción del proceso de democratización en Turquía revela violaciones profundas y sistemáticas contra el derecho de reunión y manifestación”, indica el informe.

Una gran parte de las violaciones de derechos se han producido en la capital, Ankara, en Estambul y en Esmirna, durante las concentraciones en contra de la criba masiva dirigida por el Gobierno de Erdogan a raíz del intento fallido de asonada de julio de 2016. Las instituciones expulsaron entonces a más de 150.000 funcionarios, lo que aumentó el descontento contra el presidente. El conflicto kurdo también ha sido un catalizador de la represión policial contra la sociedad civil. 

El caso más significativo fue el de un manifestante, Erdal Sarikaya, que denunció a las autoridades por las lesiones causadas por el lanzamiento de un bote de gas lacrimógeno. Sarikaya perdió la visión en un ojo por este motivo en 2013 mientras protestaba contra el Ejecutivo en el parque Gezi. Los dieciséis policías implicados no fueron procesados, sin embargo, el Tribunal Constitucional exigió al Estado el pago de una indemnización a Sarikaya e inició una investigación de los agentes responsables de la lesión.

PHOTO/AFP  -   Recep Tayyip Erdogan

Las manifestaciones más recientes han sido las de la Universidad del Bósforo. Centenares de estudiantes se concentraron el pasado mes de febrero en contra del nombramiento del nuevo rector del centro, Melih Bulu, que no fue elegido por los académicos, sino colocado por el presidente Erdogan en contra de lo que determina la normativa universitaria. 

La represión policial se materializó con el uso de gases lacrimógenos y balas de goma, que dejaron decenas de heridos, y la detención de centenares de estudiantes. Además, una nueva ley expedida en abril prohibió a los ciudadanos grabar a los agentes durante una intervención por atentar, supuestamente, contra la intimidad de la Policía. Con esta acción se puso coto a las pruebas contra los abusos policiales, ya que todas las imágenes recabadas pasaron a ser ilegales. 

La Fundación de Derechos Humanos de Turquía concluye el informe con un señalamiento expreso a las instituciones otomanas: “Restringir o suspender la libertad de reunión y de manifestación es una forma de reducir el alcance de la ciudadanía y de destruir gradualmente la democracia en Turquía”. El retroceso en esta materia ha alertado a la comunidad internacional sobre el papel de Erdogan, que viene erosionando los cimientos del Estado de derecho en Turquía.

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