Huyen de la discriminación sistemática que sufren en Birmania

Bangladés niega escuelas oficiales a niños rohingyas refugiados, denuncia HRW

photo_camera REUTERS/MOHAMMAD PONIR HOSSAIN - Niños refugiados rohingya muestran sus libros en idioma de Myanmar (Birmania) mientras posan para una foto durante una clase en un campo de refugiados en Cox's Bazar, Bangladés, el 9 de abril de 2019

Las autoridades de Bangladés niegan el acceso a la educación oficial a más de 400.000 niños rohingyas refugiados en el país tras huir de la discriminación sistemática que sufren en Birmania, su país de origen, denunció este martes la organización Human Rights Watch (HRW).

El Gobierno de Daca prohíbe que los rohingyas acudan a las escuelas bangladesíes, impide que aprendan la lengua local y bloquea a las ONGs que ofrecen cualquier tipo de ayuda para establecer escuelas o brindar una educación formal.

"¿En qué otro lugar del mundo ves a un niño de 5 años ser detenido por las autoridades porque va a la escuela? Sin educación, estos niños serán vulnerables ante las mafias de trata de personas", declaró Raïss Tinmaung, director de Rohingya Human Rights Network, durante la presentación en Bangkok del informe ‘Are we not human?’ (‘¿No somos humanos?’), publicado por HRW.

Cerca de 915.000 rohingyas se encuentran en la red de campos de refugiados de Cox's Bazar, en el suroeste de Bangladés y junto a la frontera con Birmania. La mayoría de ellos, unos 744.000, llegó tras el operativo lanzado en agosto de 2017 por el Ejército birmano contra un grupo rebelde rohingya en el estado de Arakán (en el noroeste birmano y donde esta etnia musulmana lleva siglos asentada) y que, según investigadores de la Organización de Naciones Unidas, fue perpetrado con "intención genocida".

Restricciones impiden la integración de niños

En un informe de 81 páginas basado en 158 entrevistas, entre ellas a más de un centenar de niños rohingya, HRW desgrana las restricciones impuestas por Bangladés y que impiden a los niños acceder a un plan de estudios oficial, lo que vulnera la Convención sobre los Derechos del Niño ratificada por Daca.

Bill van Esveld, director para los Derechos de los Niños en HRW, señaló en el acto en Bangkok que la política bangladesí de "privar deliberadamente de educación a los niños rohingyas" sirve para impedir que se "integren en la sociedad" y crea un "daño devastador" a generaciones de rohingyas, que ven su futuro condenado a un "círculo de pobreza".

Facilitadores enseñan a los menores

A pesar de todos los obstáculos y gracias al uso de eufemismos, algunas organizaciones de ayuda han logrado establecer dentro de los campos de refugiados unos 3.000 "centros de aprendizaje" donde "facilitadores" enseñan materias básicas a los menores.

Estos espacios, que cuentan con unas instalaciones muy precarias, no obstante carecen de un plan de estudios acreditado por Bangladés o Birmania, aunque han logrado crear desde cero un currículo escolar informal.

Hasta el momento, las autoridades bangladesíes han aceptado el programa de enseñanza informal que llega hasta segundo grado (niños de 7 años), pero demoran la aprobación de un currículo para más cursos y aseguran que en ningún caso estos estudios podrán ser convalidados en el país.

"Hay que reconocer y agradecer el esfuerzo de Bangladés al abrir su territorio a los refugiados, pero los países donantes deben presionar a Daca para levantar las restricciones en educación que discriminan a los rohingyas", apuntó Van Esveld.

Suu Kyi defenderá a su país

Por su parte, Phil Robertson, subdirector en Asia de HRW, precisó que el "verdadero culpable" de esta situación es Birmania y que en la actualidad "no se dan ni las más remotas condiciones para un proceso de repatriación".

Birmania no reconoce la etnia rohingya, considera emigrantes bengalíes a la mayoría de sus miembros y les impone múltiples restricciones, incluida la privación de movimientos.

La líder de facto birmana y Premio Nobel de la Paz, Aung San Suu Kyi, liderará entre el 10 y el 12 de diciembre la defensa de su país en la Corte Internacional de Justicia ante la denuncia presentada por Gambia por violar la Convención contra el Genocidio.

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