Bolivia, más cerca de la convivencia
Poco a poco, la sociedad de Bolivia va recobrando el pulso normal. Después de que el Senado aprobase la convocatoria de nuevas elecciones el pasado fin de semana, el Ejecutivo interino de Jeanine Áñez ha firmado una ley de pacificación con los sindicatos y actores sociales más destacados, próximos al Movimiento al Socialismo (MAS) de Evo Morales. Son estas las organizaciones que han estado movilizando las protestas contra la caída del expresidente a lo largo de las últimas semanas.
Las conversaciones han tenido lugar en el Ministerio de Gobierno de La Paz. A un lado, en representación del Ejecutivo, ha estado el ministro en funciones Arturo Murillo; al otro, Juan Carlos Huarachi, dirigente de la Central Obrera Boliviana (COB) se ha desempeñado como el principal negociador de las agrupaciones sociales. Han acudido al encuentro como mediadores representantes de la Conferencia Episcopal Boliviana, la Unión Europea y Naciones Unidas.
“Tenemos que mirarnos como iguales. Vamos a hacer todo el esfuerzo para que jamás vuelva a ocurrir que bolivianos se enfrenten a bolivianos”, se ha comprometido Murillo. Huarachi también se ha mostrado satisfecho con los resultados que han arrojado las conversaciones, pero ha advertido: “Se debe hacer seguimiento para vigilar el cumplimiento de los puntos que se contemplan”. El sindicalista ha reconocido que organizaciones como la suya tienen asimismo la responsabilidad de transmitir adecuadamente el contenido del acuerdo a sus bases; la tarea de convencer a los seguidores más fieles de Morales puede no ser fácil.
¿En qué pasos concretos va a traducirse este acuerdo de pacificación? Uno de los más importantes es la creación de una comisión para examinar la liberación de los detenidos durante los días de protestas en La Paz, Cochabamba y otras ciudades bolivianas. Medios bolivianos, como La Razón y El Diario, admiten que es difícil determinar el número de arrestos en el último mes. Este órgano destacará por su inclusividad, pues quedará conformado por representantes procedentes del Ministerio de Gobierno, la COB, el Pacto de Unidad -una amplia base de organizaciones a favor de los derechos de los pueblos indígenas- y organizaciones internacionales.
Entre las demandas que habían presentado las organizaciones sociales, figura también la continuidad de los proyectos legislativos en beneficio de las regiones impulsados por la anterior Administración. Del mismo modo, con el objetivo de calmar los ánimos en las calles, el Gobierno interino ha accedido a retirar a las Fuerzas Armadas del espacio público. En un signo de reciprocidad, los actores sociales han acordado destruir las barricadas y otras construcciones de bloqueo que habían levantado en las principales vías de comunicación del país.
El papel de los militares y los policías en la represión de las protestas ha sido puesto en cuestión desde sectores amplios de la sociedad boliviana. La agencia Reuters sitúa en 33 el número mínimo de personas asesinadas desde las elecciones de octubre, aunque la cifra podría ser bastante mayor. Poco a poco, se está empezando a llevar a cabo un proceso de reparación. El Ministerio de la Presidencia, con Jerjes Justiniano a la cabeza, ha llegado a un acuerdo con las asociaciones de vecinos de la ciudad de El Alto para estudiar indemnizaciones a quienes hayan sufrido abusos. El documento ha sido suscrito por la Federación de Juntas Vecinales (FEJUVE) de la localidad.
El Alto, situada unos kilómetros al sur de La Paz, ha sido el escenario de algunos de los choques más violentos con las fuerzas de seguridad. En el barrio periférico de Senkata, nueve personas fueron asesinadas por herida de bala en el curso de los enfrentamientos de la semana pasada, aunque el Gobierno no ha admitido que la Policía o el Ejército disparasen fuego real.
Según el acuerdo, el Ejecutivo se compromete a “evitar cualquier tipo de persecución y/o acoso político a los dirigentes cívicos y vecinales de organizaciones legalmente constituidas […] en El Alto”. Wilson Santa María, viceministro de Seguridad Ciudadana, ha hecho referencia al futuro de los barrios con los que se ha cerrado el pacto: “Garantiza la continuidad de sus proyectos, de sus obras, sus programas y resuelve el tema de la asistencia médica para quienes han sido afectados por la convulsión”.
Con las recientes medidas, es de esperar que la situación de Bolivia se vaya destensando poco a poco. La convocatoria de elecciones presidenciales, la gran reivindicación de los actores sociales del país, fue satisfecha ya este fin de semana. El Senado aprobó el proyecto de ley, consensuado entre el MAS, la Unión Demócrata (la formación en la que milita Jeanine Áñez) y el Partido Demócrata Cristiano. Evo Morales, que renunció a su cargo el pasado 10 de noviembre, no podrá presentarse a la reelección. Tampoco optarán a ocupar un asiento en el parlamento aquellos representantes que lleven dos mandatos en el cargo.
