Boris Johnson no contempla otra prórroga al Brexit y abre la puerta a posibles elecciones
No ifs, or buts. Ni condicionantes, ni peros. Boris Johnson no está dispuesto a que Reino Unido siga poniendo excusas: el Brexit, la salida de la Unión Europea, el día debe tener lugar el día 31 de octubre. No más prorrogas: esa ha sido la consigna del primer ministro en una convocatoria a medios de comunicación ofrecida delante de su residencia. Johnson ha hecho hincapié en la necesidad de llevar a efecto las promesas que envolvieron al referéndum celebrado en junio de 2016, aunque ello signifique abandonar las instituciones comunitarias sin haber llegado a un acuerdo con Bruselas.
La fecha del 31 de octubre corresponde al plazo marcado por Bruselas en la moratoria que concedió a Londres a mediados del mes de abril, después de que la propuesta negociada por Theresa May y Michel Barnier no fuera aprobada por el Parlamento británico. Desde entonces, el 10 de Downing Street ha cambiado de inquilino, de la más pragmática May al más intransigente Johnson, pero Bruselas no ha modificado su posición: el acuerdo es el que es.
El plan de Johnson, y el del sector más radical del Partido Conservador, de dejar la UE a cualquier precio podría, no obstante, estar en peligro. Este martes, 3 de septiembre, la Cámara de los Comunes reanuda su actividad, aunque sea solo por unos pocos días ya que la semana pasada, Johnson decretó una suspensión del Parlamento que entrará en vigor el día 10 de este mes con la aquiescencia de la reina.
Este breve lapso se prevé intenso. El Partido Laborista ha anunciado la presentación de una ley que obligue al jefe de Gobierno a renegociar los plazos del Brexit con Bruselas. La votación está prevista para el miércoles 4.
Entre los partidarios de la salida de la UE a cualquier precio, crece el temor a que los diputados tories más moderados puedan sumar con la oposición y deshacer, así, la exigua mayoría de Johnson. Precisamente, la rueda de prensa del jefe de Gobierno ha tenido lugar al término de una reunión de urgencia con su Ejecutivo para explorar el asunto. Sobre la posible votación conjunta de laboristas y conservadores posibilistas, el premier ha manifestado: “Espero que no lo hagan; pero, si lo hacen, cortarían las piernas sobre las que se apoya la posición de Reino Unido ante la Unión Europea y harían que cualquier negociación resultase imposible”. Johnson ha sugerido, además, que los diputados díscolos corren el riesgo de ser expulsados del grupo parlamentario si no aceptan la disciplina de partido.
La advertencia no parece haber disuadido a algunas voces públicas del aparato tory, que ya han declarado que votarán a favor del documento. Es el caso de Philip Hammond, excanciller de Hacienda de la Administración de Theresa May. En recientes declaraciones a la BBC, el veterano político ha sido rotundo al asegurar que existe una mayoría en el Parlamento para frenar una salida sin acuerdo. “Estoy dispuesto a defender a mi partido de las personas que pretenden convertirlo en una facción estrecha”, ha apostillado Hammond en una referencia a Dominic Cummings, estratega de la campaña a favor del Brexit en 2016 y, actualmente, asesor del Gobierno.
En vista de la votación, dos son los escenarios probables que se perfilan en el horizonte: si la oposición no consigue articular una mayoría, Johnson no tendrá impedimento para continuar transitando por el sendero unilateralista por donde ha conducido el Brexit hasta la fecha. El primer ministro, no obstante, ha expresado su intención de cambiar algunos de los compromisos con Europa durante la cumbre del Consejo Europeo del próximo 17 de octubre, a pesar de que la Unión se ha negado en repetidas ocasiones a renegociar el pacto.
Sin embargo, si la moción de los laboristas prospera, el panorama será más incierto. Johnson tendrá, en la práctica, las manos atadas para imponer una agenda de no negociación. Según ha informado la BBC, en el texto legal figurará una cláusula que obligue al primer ministro a aceptar las prórrogas que proponga el Consejo Europeo en un plazo de dos días, a menos que el Parlamento lo rechace. De este modo, el poder de decisión en lo referente a los plazos del Brexit recaerá, eminentemente, sobre el poder legislativo, más flexible que el actual Ejecutivo londinense. Una píldora difícil de tragar para Johnson, al que no es fácil imaginar en semejante posición: el premier ha reconocido, en la rueda de prensa posterior a la reunión con su gabinete, que no se puede descartar la posibilidad de elecciones en Reino Unido si sale adelante la propuesta opositora.
La opción de los comicios, de este modo, parece probable. Los líderes de los dos grandes partidos han comenzado a preparar a sus organizaciones para la hipotética cita, para la que Johnson ya ha barajado la fecha del 14 de octubre. El líder conservador ha sido duro con los miembros discrepantes de su partido, a los que ha amenazado con excluir de las listas electorales si apoyan la moción para retrasar el Brexit. Preguntado al respecto, Hammond se ha mostrado escéptico sobre la legalidad de la maniobra. En Reino Unido, el sistema electoral a la Cámara de los Comunes se basa en la premisa de que los partidos presentan a un candidato para cada circunscripción. El que más votos tenga es el que va a Londres en representación de todos (sistema first-past-the-post). Dichos candidatos son elegidos por las delegaciones locales de los partidos y no por Londres; de ahí las dudas del excanciller.
Entre los laboristas, las opiniones están divididas. El líder del partido Jeremy Corbyn observa la hipótesis de la votación con entusiasmo. “Cuando un gobierno se encuentra sin mayoría, la solución no es menoscabar la democracia, sino permitir a la gente decidir mediante la convocatoria de elecciones generales”, ha manifestado el jefe de la oposición en un encuentro con sus seguidores en Salford, a las afueras de Manchester. Ha admitido que estará “encantado” cuando Johnson tome la decisión y que el partido está preparado para los comicios, pero la cuestión no parece tan sencilla. La llamada a urnas debe ser validada por dos terceras partes de la Cámara de los Comunes. Teniendo en cuenta la distribución de escaños actual, el primer ministro necesitará la concurrencia del Partido Laborista.
Sin embargo, también en la formación de Corbyn hay fisuras. Pese al optimismo del máximo dirigente laborista, voces cercanas a la cúpula no las tienen todas consigo. El diputado Tony Lloyd, alto cargo de la Secretaría de Estado para Irlanda del Norte, ha calificado de “truco” la táctica de Johnson de convocar elecciones. Según este representante, se trataría de parte de la estrategia del premier para legitimar su postura rupturista. En la misma línea, se ha manifestado recientemente el antiguo primer ministro Tony Blair. Para el histórico dirigente, ahora retirado de la primera línea política, las urnas son ni más ni menos que “una trampa para elefantes” que podría reportar a los conservadores una mayoría parlamentaria más holgada que la actual.
El cierre de la Cámara, a juicio
En todo caso, la prensa británica coincide en señalar la semana actual como fundamental para el futuro de las relaciones entre Reino Unido y la Unión Europea: el próximo día 10, está previsto que se cierre temporalmente el Parlamento. Johnson tomó esta medida con el objetivo, precisamente, de restringir el margen de maniobra de la oposición dentro de lo posible. La operación, que cuenta con el beneplácito de la reina Isabel II ha suscitado un profundo rechazo incluso dentro de las filas conservadoras. “Es un escándalo constitucional”, se despachó el speaker de la Cámara de los Comunes, el carismático John Bercow, cuando las intenciones de Johnson se hicieron públicas. En el ámbito de la sociedad civil, manifestaciones e iniciativas ciudadanas han pedido la anulación del cierre de las Cortes.
No obstante, la censura de la opinión pública no es la única oposición a que se enfrenta el primer ministro. Hoy, martes 3, se celebra en el Tribunal de Sesiones de Edimburgo una vista para decidir si la decisión impulsada por Johnson se ajusta a la legalidad o no. Los diputados denunciantes, encabezados por la diputada Partido Nacionalista Escocés (SNP) Joanna Cherry, arguyen que la suspensión del Parlamento excede las atribuciones del jefe de Gobierno. Los 70 diputados que apoyan la denuncia -nacionalistas escoceses, laboristas, liberal-demócratas e independientes- están asistidos por el letrado Aidan O’Neill. Al Ejecutivo, por su parte, lo representa Roddy Dunlop. Está previsto que el veredicto del juez lord Raymond Doherty se conozca entre los días 3 y 4.
