Boris Johnson sopesa cerrar el Parlamento y la Justicia británica decidirá sobre esta intención

La medida es polémica porque este mecanismo requiere de la autorización de la Reina Isabel II, que quedaría en una situación difícil
Boris Johnson

AP  -   Imagen de Boris Johnson, primer ministro de Reino Unido

El primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, está a la expectativa de lo que decida el 6 de septiembre la Justicia escocesa respecto a si puede decidir personalmente el cierre del Parlamento británico de cara a evitar una posible negativa de la Cámara de los Lores a su intención de ejecutar la salida del país de la Unión Europea sin acuerdo previo el próximo 31 de octubre. 

El Tribunal de Sesiones de Edimburgo fijó una vista para el 6 de septiembre en la que determinará si Johnson puede decidir cerrar el Parlamento y asegurarse así la ‘luz verde’ a que el 31 de octubre el Reino Unido salga de la UE a través de un procedimiento de ‘Brexit duro’.

Lo que viene a ser la corte de mayor rango de Escocia celebró este martes una vista preliminar en la que el juez Lord Raymond Doherty permitió que se acelerase el proceso, dada la cercanía para la llegada del ‘Brexit’, y dictaminó que escuchará a todas las partes a inicios del próximo mes.

Previamente, el 6 de agosto, un grupo de 24 diputados, entre los que se encuentran miembros de los liberales demócratas, de los laboristas (principales opositores a los conservadores de Johnson) y de los nacionalistas escoceses, iniciaron este camino legal para evitar que el primer ministro Johnson pueda ordenar la clausura del Parlamento de Westminster y facilitar así la salida abrupta de Reino Unido de las instituciones europeas. 

La razón por la que los diputados decidieron presentar la demanda en Escocia es que el tribunal continúa con su periodo de sesiones durante la época vacacional, mientras su homólogo inglés está suspendido.

Los políticos opositores señalan que sería ilegal clausurar la Cámara de los Comunes para que no bloquee una salida ‘a las bravas’ del bloque comunitario sin un acuerdo previo con los dirigentes comunitarios. En este sentido, Johnson se ha comprometido a que el país salga de la UE en la fecha prevista del 31 de octubre, aunque sea sin un tratado consensuado, algo que rechaza la mayoría del Parlamento británico.

La medida es del todo controvertida, porque, en caso de querer activar este mecanismo, Johnson necesitaría el permiso de la reina Isabel II, lo que algunos analistas sostienen que pondría a la soberana en una situación incómoda. El ‘premier’ británico se ha negado a descartar el cierre de la Cámara de los Comunes, esgrimiendo que todas las opciones deben estar sobre la mesa para garantizar que el país formaliza su ruptura de las instituciones europeas en la fecha estipulada.

El actual Ejecutivo de Boris Johnson rechaza de plano salir de la UE a través del acuerdo que suscribió con los líderes políticos europeos la anterior primera ministra Theresa May, un plan de marcha de las instituciones europeas que fue rechazado hasta en tres ocasiones por Westminster. Johnson también ha desmentido que no esté dispuesto a negociar un nuevo tratado, como se ha dejado caer desde algunos sectores políticos comunitarios. 

Desde la UE no se aceptan ciertas exigencias venidas de Londres. Sobre todo, lo que tiene que ver con la ‘salvaguarda irlandesa’. Este punto supuso un asunto insalvable para los conservadores durante pasadas negociaciones, ya que estos se oponen a tener que negociar en el futuro un acuerdo comercial con la UE para la libre circulación de bienes y personas entre Irlanda del Norte (país que forma parte de Reino Unido y que saldría igualmente de las instituciones comunitarias con el ‘Brexit’) y la República de Irlanda (nación independiente que está adscrita al bloque comunitario), al ser entendido esto como una pérdida de soberanía británica respecto a su área de influencia y una burla a los acuerdos de paz entre las dos irlandas firmados en su día para terminar con el terrorismo que asolaba la zona.