Cómo las nuevas reformas fiscales apoyarán la industrialización en Costa de Marfil

Las nuevas disposiciones -que entraron en vigor el 2 de enero como parte del Anexo Fiscal 2020- introducen una serie de exenciones y suspensiones de impuestos, así como nuevos gravámenes y un aumento de algunos tipos impositivos existentes. 

Entre las 29 medidas se encuentra la devolución de los créditos del IVA (Impuesto sobre el Valor Añadido) por actividades anteriores a la etapa industrial. La ley también prevé la concesión de beneficios fiscales a las empresas que procesan productos agrícolas en suelo marfileño.

Por ejemplo, las empresas que se dedican a la elaboración básica de productos agrícolas para convertirlos en productos acabados, como el tostado de café, anacardos o cacao en grano, pueden ahora disfrutar de beneficios que antes estaban reservados a empresas dedicadas a actividades de elaboración más sofisticadas.

Estas reformas forman parte de una estrategia nacional más amplia de transformación de la economía marfileña, que tiene por objetivo aumentar la industrialización mediante una transición estructural. 

En el marco del Plan Nacional de Desarrollo 2016-2020, el Gobierno se propone aumentar la participación del sector industrial en el PIB hasta el 40% a finales de año. En la actualidad, la tasa es de alrededor del 30%. 
Con el fin de fortalecer la capacidad industrial y la competitividad del país, las autoridades de Costa de Marfil se han esforzado por atraer la inversión extranjera directa centrándose en la creación de nuevas zonas industriales.

Otras medidas, como el Programa Nacional de Reestructuración y Modernización, tienen por objeto aumentar la competitividad de las pequeñas y medianas empresas (pymes) del sector. Desde 2014 hasta el año pasado, el programa, con un presupuesto de 152.000 millones de francos CFA (256,4 millones de dólares), ha establecido misiones de capacitación y asistencia técnica para las pymes del sector manufacturero.

La agricultura desempeña un papel fundamental en la transición industrial de Costa de Marfil donde las autoridades están tratando de aumentar el valor del sector mediante el desarrollo de la agroindustria. 

Si bien la agricultura es el mayor sector económico de Costa de Marfil -la producción de cacao representa por sí sola el 40% de los ingresos de exportación y sustenta a 2 millones de pequeños agricultores- el país sigue dependiendo en gran medida de las exportaciones de materias primas y pierde gran parte del valor añadido vinculado a la elaboración.

A fin de remediar la situación, las autoridades han esbozado planes para aumentar considerablemente la tasa nacional de elaboración de cacao y anacardos de alrededor del 10% en 2019 al 50% en 2020. 

Se están aplicando mediante inversiones del sector privado. En marzo de este año, el fabricante suizo de chocolate y productos de cacao, Barry Callebaut, inauguró una nueva unidad de elaboración en su sede de la Zona 4C de la Société Africaine de Cacao (SACO) en Abidjan. La unidad de trituración, que forma parte de una inversión total de 30.000 millones de francos CFA (50,4 millones de dólares de EEUU), permitirá a la SACO aumentar su capacidad de elaboración de cacao en grano en un 40% para 2022.

Estos proyectos se producen en un momento en que Costa de Marfil y Ghana se esfuerzan por asegurar mayores ingresos a los cacaocultores mediante la adopción de un nuevo mecanismo de fijación de precios. 

En agosto pasado se anunció que los países introducirían un precio mínimo de 2.600 dólares por tonelada para la venta de cacao en grano, a partir de la temporada 2020/2021. 

Esta medida tiene como objetivo corregir el desequilibrio que se percibe entre los ingresos de los agricultores y los beneficios obtenidos por los principales comerciantes de productos básicos, protegiendo al mismo tiempo a los agricultores de las fluctuaciones negativas de los precios de los granos.

Además de los segmentos industrial y agroindustrial, las nuevas disposiciones tributarias también tienen por objeto influir positivamente en el desempleo de los jóvenes. 

Antes de la reforma, sólo las empresas que contrataban a jóvenes con contratos permanentes tenían derecho a exenciones fiscales. La nueva ley amplía estos beneficios fiscales a las empresas que celebren contratos de plazo fijo con empleados jóvenes.

A pesar de una baja tasa oficial de desempleo de alrededor del 2,8%, el Banco Mundial observa que el sector no estructurado representa casi el 90% de la fuerza de trabajo, lo que significa que los salarios mínimos y otras prestaciones sociales sólo están garantizados para una pequeña proporción de la población activa. 

Por lo tanto, es de esperar que estos incentivos conduzcan a un aumento del número de jóvenes trabajadores empleados en el sistema formal.